Sólo falta la decisión política, y los boletos de colectivos, cuyo precio está regulado por el Estado, podrían aumentar en cualquier momento hasta un 60 por ciento. Según pudo saber Página/12, la consulta pública convocada por el Estado semanas atrás finalizó y, de acuerdo con la óptica oficial, dio lugar a la siguiente conclusión: un incremento de aquella magnitud es poco recomendable, pero las razones empresarias para exigirlos estarían debidamente fundadas.
Con el propósito de que el Gobierno les autorice un aumento, los empresarios del autotransporte presentaron sus reclamos por la suba de costos ante la comisión renegociadora de contratos, ámbito en el que la actividad no estaba incluida. El Gobierno bien podría haber apelado a un decreto para autorizar un ajuste que, según consideran en Producción, debería alcanzar los 10 centavos. Pero sabiendo de la resistencia que podría generar la impolítica medida, tanto Roberto Lavagna como Aníbal Fernández prefirieron convocar a una audiencia pública on line: los interesados podían conocer las expectativas de los colectiveros y argumentar a favor o en contra.
A semejanza de las audiencias públicas, se trata simplemente de una formalidad cuyo resultado nunca tuerce una decisión política previamente adoptada. No sería éste el caso, según argumentan fuentes del Gobierno, ya que las conclusiones finales de la consulta pública avalarían los argumentos esgrimidos por los empresarios para reclamar un aumento en el precio de los boletos. Sólo falta, entonces, que el Gobierno decida hacerlo.