Desde Roma

Si se trata de ahorrar, ahora que Italia se está ajustando el cinturón y que se habla de nuevos impuestos y de muchos otros sacrificios, incluido el aumento de la edad jubilatoria, el Estado italiano tendría que pasarle la cuenta también al Vaticano, que no paga algunos impuestos que debería, sostienen algunos.

Para muchos, este punto era casi inexistente en los primeros días de esta semana, cuando se conoció el Decreto Salva Italia del gobierno de Mario Monti. Pero se fue haciendo claro con el pasar de las horas. Ahora, parlamentarios, gente común y grupos de indignados, piden que el Vaticano también se haga cargo de parte de los sacrificios que impone el decreto.

Pero vayamos por partes. El Estado de la Ciudad del Vaticano tiene actualmente menos de un km2 y sobre ese territorio Italia no tiene ninguna autoridad, excepto en materia monetaria y bancaria, para evitar, entre otras cosas, el lavado de dinero que en 1982 se descubrió que había hecho el entonces llamado IOR o Banco Vaticano con dinero de la mafia.

Aunque el poder geográfico de la Santa Sede se limita a esas hectáreas, su poder terrenal llega mucho más lejos. El Vaticano no es propietario sólo de los magníficos palacios renacentistas donde vive el Papa y donde se aloja buena parte de la actividad administrativa de la Santa Sede además de su arte –en efecto la Capilla Sixtina y los Museos Vaticanos se encuentran dentro de los muros que circundan la Ciudad del Vaticano–, sino que posee cientos de edificios repartidos por toda Roma y fuera de la capital. Muchos de ellos eran ya suyos cuando en 1861 se concretó la unidad italiana y desaparecieron los Estados Pontificios que ocupaban todo el centro de la península. Otros inmuebles le fueron donados por católicos de la nobleza romana –no hay que olvidar que de esa nobleza provinieron varios pontífices y cardenales de la Iglesia–. No faltan las propiedades dejadas como herencia a la Santa Sede cuando sus dueños, fervientes católicos, fallecen. Algunas cifras que circularon en la prensa italiana en estos días hablan de 10.000 testamentos por año a favor de entes eclesiásticos. Pero en los últimos decenios el Vaticano también ha comprado edificios por pura inversión, y sus departamentos a veces han sido dados en alquiler a gente de su confianza.

Gracias a los acuerdos bilaterales entre Italia y la Santa Sede, las iglesias, capillas y todos aquellos considerados lugares de culto no pagan al impuesto inmobiliario llamado ICI (impuesto municipal sobre los inmuebles) que en cambio deben pagar todos los propietarios de una o más viviendas. Sin embargo, la Santa Sede posee muchas propiedades que, si bien son “presentadas” como lugares de culto –dicen los que denuncian–, en realidad están destinadas a actividades lucrativas, como sanatorios, clínicas, escuelas y hoteles y pensiones para los peregrinos católicos que visitan Roma y que son varios cientos de miles por año. En total se trataría de un privilegio que, según la prensa italiana, costaría al Estado unos 700 millones de euros por año.

Interrogado sobre este tema en la primera rueda de prensa con periodistas extranjeros el lunes pasado, Monti –un católico practicante– dijo que el tema no había sido tratado por su gobierno al hacer el plan de recortes. El secretario de Estado Vaticano (número dos de la Santa Sede), cardenal Tarcisio Bertone, respondió a las críticas indicando que “el ICI es un problema que debe ser estudiado profundamente”. Pero también recordó que la Iglesia cumple con su deber porque hace mucho por los pobres y por los más débiles, incluso cubriendo las deficiencias del Estado. En Italia y en muchos países del mundo es reconocido y valorado el accionar de organismos católicos como Cáritas por los más pobres, aunque eso poco tiene que ver directamente con el pago de un impuesto supuestamente debido.

“¿Por qué se quiere hacer pagar el ICI a los propietarios de una sola vivienda –últimamente pagaban sólo los que eran propietarios de más de una casa– que tantos sacrificios han hecho para comprarla? ¿No sería más justo en cambio hacer pagar los impuestos a la Iglesia por los inmuebles que usa con fines comerciales sin declararlos?”, comentó el ex juez Antonio Di Pietro, líder de Italia de los Valores. Su partido, dijo además, presentará una enmienda al Decreto Salva Italia a fin de que se “elimine esa injusticia”. El Partido Democrático (ex comunistas), por su parte, ha presentado en la Cámara, una propuesta de ley que obliga al Vaticano a pagar ese y otros impuestos.

Los indignados de Italia no se quedaron atrás. El 8 de diciembre, que en Italia fue feriado, hicieron una marcha en bicicleta por toda Roma visitando los lugares de propiedad de la Iglesia que no pagan el ICI. La marcha se repetirá el próximo domingo.