La presidenta de la Nación anunciaría hoy la prórroga de los plazos de pago de deudas provinciales con el Estado nacional y eventualmente una ampliación del fondo de ayuda a las finanzas provinciales. Los gobernadores recibieron la citación durante la tarde de ayer, en Casa de Gobierno, para las 11.00. El encuentro fue confirmado por el secretario de Comunicación y vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro. Desde que se lanzó el Plan Federal de Desendeudamiento, en mayo de 2010, las provincias contaban con un plazo de gracia en los vencimientos del próximo sábado 31. Si no hubiera una prórroga o refinanciamiento, la mayoría de las provincias no estaría en condiciones de afrontar los vencimientos de los próximos doce meses.

El mayor componente de las deudas de las provincias con el Estado nacional tiene su origen en los rescates de cuasimonedas emitidos por las administraciones locales durante la década del ’90. El 10 de mayo del año pasado, Cristina Fernández había anunciado una prórroga en todos los vencimientos de deudas de las provincias con el Estado nacional, hasta el 31 de diciembre de 2011. A su vez, lanzaba el Plan Federal de Desendeudamiento, que eliminaba el ajuste por el CER en los títulos de deuda y proponía una reprogramación a veinte años, a una tasa de interés fija del seis por ciento.

Sin embargo, este mecanismo fue insuficiente para superar el grave peso de la deuda sobre las finanzas provinciales, que colocaba a muchas de ellas en imposibilidad de afrontar los vencimientos de 2012. Varios gobernadores habían anticipado la necesidad de un nuevo auxilio financiero del gobierno de la Nación y el reclamo que llevarían a la Presidenta. Hoy, cuando sean recibidos en Casa de Gobierno, se espera que se incluya en los anuncios la ampliación del fondo fiduciario del Banco Nación, por el cual se otorgarían facilidades crediticias a las provincias más comprometidas.

Este último recurso se habilitaría en el marco del Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Públicas provinciales. La instrumentación de este programa está prevista en la Ley de Presupuesto nacional que acaba de aprobar el Congreso nacional y representaría una ayuda adicional a la prevista por el Plan Federal de Desendeudamiento.

Según un reciente informe del Ministerio de Economía de la Nación, el endeudamiento total de las provincias ascendía al 30 de septiembre pasado a más de 100.700 millones de pesos. De ese total, 58.825 millones de pesos constituían compromisos con el Estado nacional. Del resto, aproximadamente 24.800 millones, estaba conformado por bonos y títulos de deuda colocados en el mercado, poco más de 11.500 millones de pesos correspondían a obligaciones con organismos internacionales, 2000 millones a deudas con bancos y restaban 3400 millones de compromisos con otros acreedores.

Una de las provincias más comprometidas es Buenos Aires, a la cual le corresponde el 57 por ciento del total de las deudas provinciales, 57.800 millones de pesos, de los cuales la mitad está compuesta por compromisos con el Estado nacional. El Presupuesto provincial para 2012 prevé un déficit de 13.500 millones de pesos, por lo cual la refinanciación de los vencimientos de la deuda con el Estado nacional para 2012 es impostergable.

Córdoba es otra de las provincias con urgencia por encontrar una respuesta de parte del gobierno nacional. Registra una deuda con la Nación de 5023 millones de pesos, cifra que representa el 55,8 por ciento de su endeudamiento total. Los vencimientos para los próximos 12 meses con la nación suman 584 millones de pesos. Otras provincias más chicas computan deudas menores a la de Córdoba, pero, en términos relativos, de mucho mayor peso sobre su economía. Por ejemplo, la provincia de Formosa declara una deuda total de 3400 millones de pesos, en su mayoría constituida por compromisos con la Nación. Otro caso es Misiones, con vencimientos para el año próximo por 350 millones de pesos. En el otro extremo se ubica Santa Fe, que no tiene deudas con el Estado nacional y hace oír su protesta cada vez que se aplica un plan de rescate como el que se anunciaría hoy, porque considera que se discrimina en contra de las administraciones provinciales más prolijas.