No terminó la primera quincena del año y ya se percibe claramente cuál será el tema principal en la agenda económica de 2012. El Gobierno viene preparando los mejores instrumentos a su alcance para entenderse con una crisis internacional que, lejos de superarse, parece encarar hacia su profundización. Además de los mecanismos de regulación sobre la circulación de divisas, dispuestos a fines del año pasado, ahora las autoridades comienzan a pulir las normas referidas al seguimiento del comercio exterior. Desde los sectores económicos vinculados con el negocio ya empiezan a presentar el tema como un nuevo intento del Gobierno “por pasar a tener un control sobre todo”, en este caso las importaciones. Y empiezan a sucederse los pronósticos de las peores catástrofes –-desabastecimiento, carestía, parálisis productiva– como consecuencia de “la intervención del Estado”. Es casi imposible no vincular la suspensión de actividades en la planta de Fiat con esta puja anunciada entre los “libremercadistas” y los defensores de un Estado activo.

La automotriz italiana decidió suspender la producción en su planta en Ferreyra, Córdoba, durante 48 horas, este martes y miércoles, aduciendo “falta de insumos importados derivada de las demoras generadas por el cambio de régimen para la tramitación de licencias de importación”. También anunció que hoy reanudará la normalidad de las operaciones. ¿Desconocía Fiat que su decisión iba a provocar mucho ruido político, multiplicada por la decisión de los grandes medios y los lobbies corporativos para caerles encima a las medidas de regulación de importaciones? Sería ingenuo creer que no lo sabía, más allá de que haya sido su intención principal o no.

La ministra de Industria, Débora Giorgi, condenó la actitud de Fiat calificándola de “incomprensible y mezquina”. ¿Fue una reacción desmedida, teniendo en cuenta el tono conciliatorio y de reconocimiento a las autoridades que utilizó Fiat en su comunicado posterior? No es desmedida si se la mira en el contexto. La respuesta de la funcionaria no fue sólo para Fiat, sino para todo el espectro empresario, anunciándole que el gobierno nacional no está dispuesto a tolerar “aprietes” utilizando la producción o el empleo como rehenes.

Cuando el Gobierno decide ajustar el seguimiento de las importaciones sabe que va a enfrentar resistencias, que no sólo se expresan en opiniones en contra sino también por diversas maniobras que intentarán desprestigiar las medidas, incluso antes de que se adopten. Frente a una crisis mundial que puede derivar en el vuelco de excedentes de producción extranjera sobre estas costas, el Gobierno necesita de toda su capacidad de administrador para que no peligre el proceso de crecimiento e inclusión que lleva casi nueve años. Los que ven en la crisis una oportunidad de hacer negocios están empeñados en demostrar que el Estado es el peor administrador, para anular su accionar y poder actuar con las manos libres. Consciente o no de su aporte, la decisión de Fiat de suspender la producción aduciendo falta de insumos les regaló un dardo envenenado a esos sectores, que no dudaron en arrojar.

La respuesta de Débora Giorgi, que no es personal sino una posición oficial, es más que un escudo para contener el disparo. Es una señal clara de que el gobierno asume que, en esta lucha desigual, no todos los que habitan este país la pelearán del mismo lado. Hay otros intereses en juego, no sólo los de un modelo que pretende contenerlos a todos.

En esta crisis mundial, el gobierno está aprendiendo a reconocer de dónde viene el ataque, cuáles son los riesgos y va aprendiendo a moverse entre las dificultades. Incluso, las que se originan en grupos de poder y de intereses que se manejan dentro de las propias fronteras.