En un mundo en el que las potencias dominantes han pegado un brusco viraje hacia la aplicación de políticas neoliberales en sus propios territorios, y siguen queriendo imponerle al resto del mundo esa concepción de gestión económica –contra toda evidencia en contrario de los beneficios que prometen–, construir un modelo alternativo requiere asumir desafíos múltiples. Si los que hacen este intento son, además, países que vienen de sufrir en etapas recientes las peores consecuencias de un modelo de dependencia externa, la renuncia al ejercicio de la soberanía en cuestiones económicas y financieras, el sometimiento a las reglas impuestas por la deuda externa y el predominio del capital financiero especulativo por sobre las inversiones productivas, cada paso que se busque dar puede asimilarse a ganar una guerra.

Cualquiera puede reconocer en esta descripción la situación que vive en estos años Latinoamérica. Y en particular, la Argentina. País que, además, cuenta con el raro privilegio de haberse erigido durante un cuarto de siglo (de 1976 a 2001) en el “mejor alumno” de la escuela friedmaniana de Chicago, con la aplicación irrestricta de las recetas más crueles surgidas desde los centros de poder financiero.

Desde ese profundo abismo tuvo que empezar a reflotar la Argentina cuando logró sacarse de encima el doble cepo de la convertibilidad y los vencimientos de deuda, en 2002. A partir del año siguiente comenzó a recuperar algunos instrumentos y definió políticas que fueron alejando al país del paradigma neoliberal, pero no logró despejar totalmente los condicionantes impuestos por ese modelo dominante. El contexto internacional y los procesos políticos en similar sentido encarados por otros países de la región ayudaron a consolidar el camino, ir ganando batallas, cosechar resultados, tanto en materia de empleo como de producción. A su vez, las políticas de inclusión hacia el interior del país fueron curando heridas y restableciendo lazos sociales.

El modelo neoliberal, antes erigido en un incuestionable “pensamiento único”, quedó severamente descalificado por la reciente experiencia regional. Pero así como en Latinoamérica el modelo entró en crisis, en los países centrales, tardíamente, comenzaron a hacer efecto las contraindicaciones de la misma medicina. El predominio del capital financiero internacional por sobre la inversión productiva, como lógica de acumulación, empezó a hacer erupción en los propios centros de poder.

¿Cómo se puede preparar una nación emergente para preservar un proceso de crecimiento y desarrollo, todavía en su primera etapa, frente a las graves consecuencias previsibles de esta etapa de la crisis mundial? Un contexto internacional amigable se ha tornado en francamente desfavorable. Además, otro dato fundamental para el diagnóstico, antes de intentar una respuesta: el modelo neoliberal aplicado durante 25 años también ha dejado marcas indelebles sobre las condiciones estructurales, que no han podido superarse totalmente en los últimos ocho años. Uno de estos elementos es que los sectores más dinámicos de la economía nacional siguen controlados por poderosos grupos concentrados, con capacidad de operar a escala internacional. Tal cual describe el economista Julio Gambina (titular del Fisyp) en un artículo difundido esta misma semana, “han adquirido la posibilidad de trasladar a la periferia segmentos enteros de las cadenas productivas, utilizando al país receptor exclusivamente como plataforma de exportación”. Pocas veces las estrategias de estas empresas coinciden con las necesidades de un modelo de desarrollo con inclusión, y una industrialización con integración nacional, como lo que necesita Argentina.

Otro condicionante estructural que dejó a su paso el modelo neoliberal es el de un Estado debilitado, desestructurado, mal preparado para desarrollar políticas activas y de regulación, sobre todo cuando el objeto de la regulación es un factor económico poderoso. Si bien de a poco se ha ido reconstruyendo ese Estado, porque hubo vocación en todos estos años para hacerlo, aún falta construir puentes y estructuras más sólidas.

La unificación de facultades en los temas de comercio exterior, que se resolvió mediante la creación de la secretaría del área, tomando a su cargo funciones antes dispersas en Cancillería, Agricultura, Industria y más oficinas públicas, es un paso institucional gigantesco. Un ajuste necesario desde hace rato, pero más ahora, cuando las condiciones del sector externo amenazan con complicarse.

Desde el punto de vista de la política económica, unificar criterios en comercio exterior es una decisión estratégica. No son pocas las malas experiencias de cortocircuitos en misiones al exterior, cuando funcionarios de carrera de Cancillería fijan posiciones que luego no se compadecen con las del área de Industria, que defienden la postura de empresas locales en su disputa con sus colegas de países vecinos. Pasó más de una vez en el Mercosur. O no hace tanto, cuando China amenazó con suspender sus compras de aceite de soja a la Argentina si seguían cuestionando el ingreso de un producto industrial al mercado local. En esa oportunidad, la intención de un sector del Gobierno era recuperar las ventas a China a toda costa, mientras otro sector levantaba la bandera de la defensa de los puestos de trabajo locales de la amenaza de invasión de productos chinos. Las autoridades de Beijing fueron receptoras de ese doble discurso.

La unificación de criterios en una sola cabeza busca impedir que el país dé esas ventajas en las negociaciones internacionales. Seguramente a más de una empresa le resultaba lucrativo explotar estas contradicciones.

El conflicto entre el Gobierno y la Fiat, a partir del cese de la producción por 48 horas aduciendo falta de acceso a insumos importados, es un llamado de atención. La automotriz italiana responde a esa lógica de empresa global que describe Gambina (citado más arriba), que saca ventajas de trasladar a la Argentina parte de su cadena productiva. Importa partes que producen sus propias filiales en distintos países, para después exportar las unidades terminadas al extranjero. El 80 por ciento de su producción en la planta de Ferreyra (Córdoba) tiene como destino Brasil, parte del resto que produce también se exporta a terceros países. Entonces, es lógico que sus directivos estén más atentos a las normas en comercio exterior que a los estímulos que brinda el Gobierno al consumo interno. Las regulaciones le preocupan, en la medida en que interceden en el libre circuito “intrafirma” de sus importaciones y exportaciones. Los estímulos a la demanda le vienen bien, pero no son el corazón de su negocio.

Fiat no fue la única que mostró inquietud por las novedades de la nueva gestión de Cristina Fernández. Además de la concentración de normas administrativas en la flamante Secretaría de Comercio Exterior (ventanilla única, como se la refiere en el sector público), lo que molestó a los operadores y lobbistas de la importación en estos días fue la norma que dictó la AFIP estableciendo la obligación de presentar “una declaración jurada anticipada de importación” por cada compra de bienes para consumo que se realice en el exterior, previo a la emisión de la nota de pedido u orden de compra. Es muy clara la intención del gobierno nacional de dotarse de elementos para poder “administrar” el ingreso de productos al país, sin grandes diferencias a cómo operan los países europeos, Estados Unidos y otros en el mundo, que no tienen precisamente sus mercados abiertos con un cartel de “libre acceso” en la puerta, como algunos parecen querer hacernos creer. Son los mismos que, acostumbrados a que en Argentina las cosas fueran distintas desde hace varias décadas, le exigen al gobierno todo tipo de explicaciones sobre semejante “actitud intervencionista” y que explicite los alcances. El gobierno optó por dejar que se manifiesten las reacciones adversas y ser muy escuetos en las aclaraciones, para irritación de los mal acostumbrados.

Tal como está concebida la política en materia de comercio exterior del gobierno, es de suponer que no son los importadores habituales de insumos o materias primas aplicados a procesos productivos el objetivo a controlar. Difícilmente los importadores “habituales”, sobre todo si son unidades productivas, puedan encontrar algún tipo de objeciones a sus DJ anticipadas. En cambio, es más que probable que el Gobierno se esté cubriendo de la posible llegada de containers que intenten ingresar “traders” oportunistas, para colocar en el mercado local prendas de vestir, artículos electrónicos, artefactos y artículos del hogar varios, provenientes de los propios países en crisis del Viejo Mundo o sus habituales proveedores asiáticos. En medio de la caída generalizada del consumo y la producción que se espera en Europa, no van a faltar “excedentes” de todo tipo dispuestos a ser colocados de cualquier modo en el resto del mundo. Qué mejor lugar que un país sudamericano con buen nivel de ingresos y un consumo en crecimiento sostenido en los últimos ocho años para hacer el intento.

Planteado este panorama, ¿hace mal el Gobierno en tomar los recaudos y armar su línea de defensa?