La sanción de la ley que reprime los delitos económicos y financieros, estafas que hasta entonces podían merecer a lo sumo una multa administrativa, “empieza a desandar el camino a favor de la impunidad, que la legislación argentina recorrió a lo largo de los años ’90 y culminó con la derogación de la ley de subversión económica, en 2002, para proteger a los banqueros”. Quien define de esta manera las modificaciones al Código Penal votadas en diciembre pasado en contra de los fraudes financieros y bursátiles es el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, uno de los impulsores del proyecto de ley que tipifica delitos económicos que, hasta entonces, no eran considerados como tales. En diálogo con Página/12, Vanoli explicó por qué es tan importante este paso legal, que establece penas de prisión a directivos empresarios que usen información privilegiada para beneficio propio en las bolsas, a quienes agiten versiones falsas para provocar inestabilidad y beneficiarse de ello, y a banqueros que realicen operaciones no autorizadas ni declaradas usando a la entidad financiera como pantalla, entre otras figuras delictivas a las que se les dio cuerpo.

–¿Por qué siempre se recuerda la derogación de la ley de subversión económica como un hito en la impunidad del delito financiero?

–Porque era prácticamente el único instrumento legal por el que se podían sancionar las defraudaciones financieras. En materia penal había un gran vacío en ese tema. Justamente en 2002, por presión de los banqueros, que temían ser llevados a prisión por la estafa a los ahorristas del 2001, se derogó esa ley en un trámite escandaloso, haciendo viajar a un legislador enfermo desde su provincia para poder aprobarla por un voto. Ahí se caía el último instrumento de represión del delito financiero, se completaba la malla de protección que tuvo el bloque de poder financiero durante los ’90. Por eso considero que esta ley, que se votó ahora, empieza a desandar el camino que se recorrió hasta 2002, inclusive.

–¿Por qué recién ahora? Pasó mucho tiempo desde entonces...

–Porque había que vencer una enorme resistencia y lobby de los capitales financieros. Y también de los grupos mediáticos que operan a favor de los mismos intereses. Estos grupos son los que, cuando el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, entidad mundial para el combate contra los delitos económicos y la financiación del terrorismo, controlada por las potencias mundiales, N. de R.) cuestionaba la falta de legislación penal en Argentina contra este tipo de delitos, decían “el gobierno no tiene voluntad de cumplir con las normas internacionales”. Ahora que el Congreso iba a tratar las normas de control y castigo que pedía el GAFI, aprovechamos para incorporar en el Código Penal otras figuras que no estaban contempladas, como el accionar de las mesas de dinero, los que operan como casas de cambio sin estar autorizados, el uso de información privilegiada de directivos empresarios para beneficio propio, y otros tipos de información engañosa que se lanzan a los mercados para generar pánico o inestabilidad y poder ganar con ello. ¿Y qué dicen esos medios ahora? Que el gobierno kirchnerista quiere esta herramienta para perseguir a los empresarios que no le son afines. La verdad es que son impresentables, un doble discurso en exclusivo beneficio de la impunidad. Cuando dicen eso, parece que se olvidan de que en los países que ellos denominan “serios” estas leyes existen desde hace rato.

–¿Delitos como los que acaba de mencionar no eran sancionados en Argentina? ¿Ni siquiera denunciados?

–Varios de estos tipos de delitos se conoce que ocurren, y muchos llegan a la Justicia. Lo que pasa es que como no había un tipo penal específico que los condenara, los responsables siempre “zafaban”. Desde la CNV venimos abriendo entre 15 y 20 sumarios por año, pero cuando van a la Justicia todos se apelan. Como no había jurisprudencia penal, siempre iban a la Justicia comercial, y ahí el denunciado siempre consigue que el juez le conceda la apelación, que lleva a que la sanción no se aplique hasta que haya fallo definitivo. La sanción, como máximo, era una multa de 1,5 millón de pesos. Y en la mayoría de los casos, los fallos terminaron bajando el monto de la multa, transformándola en un apercibimiento al imputado o, directamente, absolviéndolo. La nueva ley, que lleva estas causas al fuero penal, con sanciones de varios años de prisión, por lo menos va a tener un efecto disuasivo. Antes, los delitos grandes, hasta por ahí eran negocio, incluso teniendo que pagar el 1,5 millón de multa...

–¿De qué tipo de delitos estamos hablando?

–De manejo de información privilegiada ante la venta de una gran empresa. Por ejemplo, en los casos de Terrabusi, Acindar y Alpargatas, antes de ser vendidas a capitales extranjeros, que obviamente iban a valorizar en forma significativa a las empresas, hubo directivos que se beneficiaron haciendo operaciones previas en la Bolsa. Las diferencias fueron millonarias. La sanción en ningún caso pasó de una multa. Eso en el ámbito del mercado de valores, pero recuerdo otros casos cuando estaba en el Banco Central, de operaciones irregulares llamadas shadow banking, de estafas con mesas de dinero que funcionaban como “un piso más” de los mismos bancos. Por supuesto, no declaradas. ¿A quién le reclamaba un inversor que ni siquiera tenía un recibo por el dinero que colocó, por más que operara con la oficinita del fondo de un gran banco? Estos delitos, antes no tipificados, ahora se reconocen como estafa.

–-Hay delitos de este tipo que hoy están teniendo amplia repercusión internacional a partir de la crisis, que aquí también han sido conocidos pero menos comentados, como las inversiones que se hacen en cuevas financieras con altísimo rendimiento...

–El caso de Madoff (ver recuadro), en Estados Unidos, es emblemático pero la maniobra, en su forma, no es diferente a lo que sucede acá con las cuevas financieras. Lo de Madoff es una maniobra con “glamour”, empezó apareciendo como un asesor financiero de ricos y famosos, tomando ahorros por los que ofrecía rendimientos altísimos. Nadie le preguntaba en qué invertía. Algunas operaciones eran legales, otras no, o de altísimo riesgo. Este tipo de sistema piramidal funciona mientras el fondo de inversión crece, gana prestigio y consigue nuevos clientes, porque los nuevos inversores, si son más que los primeros, pagan la renta de los primeros. Pero en el tiempo no se sostiene. Acá pasó lo mismo con muchas cuevas y supuestos inversores. Cuevas que actuaban marginalmente, aunque en otros casos eran una parte oculta de la estructura de algún banco, lo que ya mencioné como shadow banking. El problema es que este tipo de delitos no estaba tipificado, y la ley penal no admite lo que llamaríamos analogías: aunque la acción no esté descripta como delito, al menos se asemeja a otra que está legislada. Eso no se puede hacer. Se requiere ser muy preciso en la descripción del delito. La nueva ley lo hace.

–¿La nueva ley es una forma de cubrirse, además, del riesgo de que por la crisis en los países centrales llegue aquí una nueva ola de capitales especulativos?

–En el ingreso y egreso de capitales especulativos siempre hay un alto componente de evasión, de lavado de dinero, de fraude financiero. Controlar este tipo de operaciones y delitos también puede vincularse al seguimiento de estos movimientos de capitales. Movimientos que, usualmente, se hacen a través de instituciones que son totalmente ilegales, o son un piso de un banco haciendo operaciones no declaradas con el exterior. En este sentido, esperamos que la ley funcione como un disuasivo contra la realización de cometer alguno de estos delitos.

–¿Tuvieron algún tipo de repercusión en el mercado financiero o bursátil tras la sanción de la ley?

–No hay ninguna reacción en particular, salvo que se presentó un grupo de operadores que suele trabajar para los bancos, haciendo usualmente las compras y ventas de bonos, pidiendo registrarse ante la CNV y que se regule su actividad. No es que fueran ilegales, son firmas conocidas, pero realizaban una actividad que nunca había sido regulada. Le otorgamos una licencia provisoria de 60 días y estamos trabajando para darle una reglamentación a la actividad. En este caso, la ley actuó como disparador del pedido de una determinada actividad, ligada a los bancos, que pide ser registrada y regulada. La ley de alguna forma divide aguas, y quienes están en el sistema sin estar autorizados, podrían quedar encuadrados en alguna tipificación del Código Penal que hasta ahora no existía.