El sistema de declaración jurada anticipada de importaciones que implementó el Gobierno “hará más eficiente la gestión del comercio exterior y permitirá a los importadores ahorrar costos y tener más previsibilidad”, aseguró ayer el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Por primera vez desde que se dictó la medida, que comenzará a regir en febrero, el Gobierno dio precisiones sobre cómo será la operatoria. Los importadores deberán completar unos pocos datos que serán distribuidos entre distintos organismos competentes, y en caso de presentar alguna objeción sobre ese intento de compra realizarán una “observación” en un tiempo máximo de 10 días. “Estamos implementando la ventanilla única, tantas veces pedida por el sector privado”, indicó Echegaray. Según averiguó Páginað12, la titular de la Aduana, Siomara Ayerán, explicó ayer a empresarios que habrá un “régimen de excepción y emergencia” para repuestos y medicamentos que se necesiten con urgencia.

Entre operadores de comercio exterior, persisten las dudas sobre la medida y esperan que entre en vigencia para ver cómo funciona en los hechos. “La realidad es que antes, el 14 por ciento de las importaciones tenían licencias no automáticas, y ahora casi todo queda sujeto a control”, indicó a este diario un dirigente empresario. “Confiamos en que sea realidad lo que se plantea”, dijo Miguel Ponce, de la Cámara de Importadores. Echegaray analizó el nuevo régimen en el cierre del séptimo Foro sobre Administración Tributaria de la OCDE, que organizó la AFIP.

La declaración jurada anticipada requiere, al empresario que pretenda adquirir una mercancía en el exterior, informar a la AFIP sobre la operación en forma previa a la emisión de la nota de pedido al proveedor. Tendrá especial peso en el análisis de la información que surja de las declaraciones juradas el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y su par de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri. El Gobierno quiere obtener en 2012 un superávit comercial que ronde los 10 mil millones de dólares, para lo cual la administración del comercio, en el contexto de crisis internacional, es considerada una tarea central. La intención oficial, en este contexto, es limitar al máximo el ingreso de productos importados que puedan ser reemplazados por la industria local.

Para lograr ese objetivo, una de las herramientas con las que cuenta el Estado son los diversos certificados o requerimientos técnicos necesarios para poder importar. Se trata de documentos que emite el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), el Registro Nacional de Armas (Renar), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o la Dirección de Lealtad Comercial, por ejemplo. “Hay un enorme número de organismos que intervienen en las operaciones de importaciones con tareas de control y fiscalización, para lo cual necesitan el anticipo de información que permitirá tener la nueva declaración jurada”, indicó Echegaray. “Son innumerables los requisitos que pueden tener los productos”, agregó.

“El sistema será electrónico, y les va a permitir a todos los organismos del Estado tener control sobre las operaciones de importación. Vamos hacia un gobierno con cero papeles. Permitirá de antemano asegurar al que pretende importar cuáles son los requerimientos que solicitará la Argentina, para que no embarque mercadería que luego no será aprobada”, explicó el funcionario. El importador deberá llenar la declaración jurada con una serie de datos sobre la operación, que la AFIP procesará. Los organismos adheridos se podrán expedir dentro de un plazo máximo de diez días. La reglamentación se publicará la semana que viene.

En caso de que un organismo no apruebe la operación, hará una “observación” sobre la declaración jurada. En ese caso, el importador debería contactarse con la oficina responsable para obtener el visto bueno. Si la declaración jurada no recibe observaciones, la operación podría realizarse sin trabas. El esquema permite al Gobierno tener un panorama detallado de las importaciones antes de que se produzcan. Será utilizado como herramienta de negociación para impulsar inversiones a nivel local e incentivar la búsqueda de negocios de exportación.

Por otra parte, Echegaray buscó legitimar la medida en función de la normativa internacional y regional. “Que los empresarios sepan que el pedido de información anticipada comenzó a ser una regla de trabajo que forma parte de todas las organizaciones que tienen tareas de control”, dijo. Indicó que el pedido anticipado de información fue recomendado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en 2005, y que se aplica desde 2003 en los Estados Unidos y desde el año pasado en la Unión Europea. A la vez, fue autorizada por el Mercosur en 2004. Echegaray se reunirá en los próximos días con el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, para definir la incorporación al régimen del Senasa, organismo que concentra la entrega de la mayor parte de los certificados sanitarios.