“Este gobierno trabaja con alegría, pero va a seguir enfrentando con su cara más seria a las corporaciones cuando se pretendan llevar puesto el bienestar de nuestra población. Por eso, Repsol, no vamos a permitir la discriminación de precios en la República Argentina.” Esta fue la frase que eligió el vicepresidente de la Nación a cargo del Poder Ejecutivo, Amado Boudou, para criticar a la petrolera hispano-argentina, cuestionada por el Estado por aplicar sobreprecios en la venta de combustible a granel para las empresas de transporte. También fue una respuesta a la propia compañía, que anteayer emitió un comunicado negando la denuncia del Ejecutivo, que también involucra a Shell, Esso, Petrobras y Oil Combustibles.

El lunes pasado, el Gobierno denunció a varias petroleras de cobrar sobreprecios en la venta a granel de combustibles. Fue a través de una conferencia de prensa en la que participaron el ministro de Planificación, Julio De Vido; su par de Economía, Hernán Lorenzino; el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y Boudou. Según el Ejecutivo, las petroleras mencionadas generarían un excedente cercano a los 3500 millones de pesos al año a partir de los sobreprecios. Ese margen extraordinario es abonado no sólo por los transportistas sino también por el Estado, a través de los distintos esquemas de subsidios a los combustibles. La denuncia pública también incluyó la posibilidad de que estas empresas estén “cartelizando” el mercado, aunque este hecho sea uno de los más difíciles de probar. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia está llevando adelante una investigación.

Dos días después de esta denuncia, el Gobierno mantuvo un encuentro con las petroleras, las cuales habían acordado rever las “inconsistencias”. De ese encuentro también había participado Repsol YPF. Sin embargo, por la tarde emitió un comunicado en que negó cualquier acusación del Gobierno.

“YPF rechaza de plano la denuncia formulada por las autoridades y está a disposición, como siempre, para brindar las explicaciones que les sean requeridas por cualquier autoridad, en la seguridad de que, como resultado de las actuaciones que se lleven a cabo, quedarán salvaguardados su reputación y prestigio. Asimismo, YPF informa que durante el encuentro de hoy (por el miércoles pasado), la compañía aclaró su posición: sus precios de venta al transporte, en promedio nacional, se encuentran en línea con el fijado por el Estado”.

Este comunicado fue lo que motivó la respuesta de Boudou. “La empresa eligió generar una burbuja mediática al difundir un comunicado a través de los medios, en lugar de sentarse a resolver los problemas (...). El gobierno nacional se hace cargo del voto de la gente y no se acomoda al calor de las corporaciones”, manifestó el funcionario.

El mercado de provisión de combustibles está dominado por dos empresas: Repsol YPF, que controla el 65 por ciento del total, y Shell, que posee el 20 por ciento del mercado. La lista la completa Esso con el 9 por ciento.

Según estimó Transporte, esas compañías, sumadas a Petrobras y Oil, estarían apropiándose de un sobreprecio promedio de 8,4 por ciento, alrededor de 3500 millones de pesos al año. En algunos casos puntuales, como sostuvo Schiavi el día en que fue formulada la denuncia, hay sobreprecios del 30 por ciento. Tal es el caso de una estación de servicios en Tucumán, propiedad de la angloholandesa Shell.

“Es parte de la sintonía fina no tolerar cosas que no tienen racionalidad”, había dicho Schiavi. La denuncia pública surgió a partir de los datos brindados por las distintas empresas y cámaras de transporte.

A los dos días de conocer la denuncia, el ministro de Planificación anunció desde Caracas la posibilidad de que la petrolera Pdvsa ingrese en el mercado local de la refinación.