El Gobierno dispondría la próxima semana un aumento de 50 pesos en la suma fija no remunerativa que cobran los trabajadores del sector privado. La novedad surgió ayer, luego de la tercera reunión entre funcionarios del Ministerio de Trabajo, empresarios y sindicalistas, quienes vienen debatiendo una recomposición salarial. En rigor, la ronda de negociaciones terminó en un fracaso, dado que las cámaras patronales rechazaron la propuesta de los gremialistas. La cartera laboral, entonces, resolvió elevar un proyecto de decreto a Eduardo Duhalde con una salida intermedia, que consiste en un incremento de la suma no remunerativa a 200 pesos.
Las dos CGT reclamaron que se incorporen al salario los 150 pesos que se pagan actualmente como suma fija, y a la vez que haya un adicional de 50 pesos no remunerativos, a fin de compensar la pérdida de ingresos netos de los trabajadores a partir de tener que realizar aportes por aquellos 150 pesos. Los empresarios se opusieron totalmente. Argumentaron que incorporar los 150 pesos al salario implica una fuerte suba de las cargas laborales. El representante de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, advirtió que existe “un acuerdo en el marco de la emergencia económica que dura hasta junio, y creemos que las condiciones siguen vigentes, por lo que esperamos que el gobierno lo respete”.
Otros empresarios sostuvieron que el Gobierno debe dejar la cuestión para la próxima administración. En tal caso, los 150 pesos de suma no remunerativa se pagarían hasta junio. Pero no es el plan de la cartera laboral ni tampoco de Duhalde. El Gobierno quiere llevarse la bandera de que otorgó aumentos salariales. “Los empresarios rechazaron la propuesta de los sindicalistas, por lo que el Poder Ejecutivo en uso de sus atribuciones va a definir en los próximos días la política salarial”, indicaron desde el ministerio de Graciela Camaño.
La ministra aún tiene que definir una cosa: por cuánto tiempo se pagarán los 200 pesos de suma no remunerativa. Una alternativa es que se ordene hacerlo hasta junio, y la otra, llevarla a diciembre. La idea de que siga siendo una suma fija que no se incorpore al salario es una solución intermedia: con ello le daría la razón a los empresarios, mientras que al aumentarla a 200 pesos conformaría a los sindicalistas. En un punto en el que el Gobierno no cede es en el reclamo de extender el beneficio a los empleados públicos, que seguirán quedando al margen de cualquier recomposición salarial.
La decisión de avanzar con un decreto es porque terminaron las reuniones previstas para discutir la cuestión salarial. En los próximos tres encuentros se analizarán otras cuestiones laborales, como el régimen de doble indemnización para quienes fueron contratados antes del 31 de diciembre de 2002. El secretario general de la Federación de Empleados de Comercio, Armando Cavalieri, admitió que los gremios estarían dispuestos a aceptar una eliminación gradual de ese beneficio en caso de que se compruebe que baja la tasa de desocupación.