El Senado dio ayer media sanción a la suspensión de las ejecuciones, sean o no hipotecarias, que tengan por objeto la vivienda única, cualquiera sea el origen de la deuda, tanto las generadas dentro como fuera del sistema financiero. La amplia medida fue considerada transitoria por los senadores y tiene por objeto dar un respiro a los acreedores hasta que el próximo gobierno, frente al virtual fracaso del mecanismo de mediación iniciado en marzo, resuelva el problema de fondo. Si la suspensión es completada en Diputados se tratará de un duro revés para los negociadores del Ministerio de Economía, pues el punto 30 de la carta de intención consensuada con el Fondo Monetario Internacional rechazaba expresamente que una ley imponga una suspensión.
La medida, que había sido motorizada por la Comisión de Legislación General que preside la senadora por San Luis, Liliana Negre de Alonso, corrió el riesgo de no ser tratada debido a la reticencia del bloque radical y de los partidos provinciales, quienes se negaban a brindar quórum a la sesión. Pero el motivo no era la suspensión, sino el tratamiento del rescate de las cuasimonedas, un punto en el que la oposición mantiene diferencias con el Ministerio de Economía, pues aspira a que el rescate de los bonos no se realice a valor de mercado, sino a una tasa de cambio de 1 a 1 sobre el valor nominal. Pero cuando muchos voceros ya daban por caída la sesión, los senadores aceptaron bajar al recinto para tratar exclusivamente la suspensión de las ejecuciones, pasando el resto del orden del día a un cuarto intermedio. Sin embargo, en medio de la sesión se conoció un acuerdo entre el ministro del Interior, Jorge Matzkin, y el presidente del radicalismo, Angel Rozas, que permitió que también el rescate de las cuasimonedas sea aprobado en general.
La suspensión de las ejecuciones de vivienda única había sido fuertemente reclamada por distintas ONG que ayer volvieron a estar presentes en el recinto. Entre otras, se encontraban Fedecámaras, Deudores Autoconvocados, Movimiento de Defensa por la Vivienda, Madres por la Vivienda, Mujeres en Lucha y Mesa Federal Agraria.
En medio de críticas que atribuían el proyecto a motivos electoralistas, quienes apoyaron la suspensión argumentaron el fracaso del mecanismo de mediación iniciado en el pasado mes de marzo. Luego del vencimiento en febrero de la última suspensión de ejecuciones se encargó al Ministerio de Trabajo que se ocupe de la tramitación de las mediaciones entre acreedores y deudores. Según pudo saber este diario de fuentes del Ministerio de Trabajo, las mediaciones en trámite en la Ciudad de Buenos Aires alcanzarían los 280 casos, a los que se sumarían otros 150 en el interior del país. Una cifra que contrasta con la estimación de más de 24 mil viviendas únicas en situación de ejecución. Si bien es cierto que el mecanismo se instrumenta desde hace apenas poco más de un mes, hasta ahora los resultados no parecen muy alentadores.
En general, las críticas estuvieron dirigidas a la complejidad del proceso de mediación, el que sería dificultoso para los acreedores no familiarizados con las cuestiones jurídicas. En cualquier caso, la suspensión por 90 días resulta también un dato favorable para las mediaciones en curso, pues posterga la urgencia impuesta por la inminencia de los plazos procesales. Aunque el dictamen consensuado inicialmente se refería sólo a las deudas hipotecarias, pactadas tanto dentro como fuera del sistema financiero, sobre tablas se decidió ampliar aún más la medida excluyendo el término “hipotecario”, por lo que ahora son todas las ejecuciones de vivienda única las que quedan suspendidas (salvo las habitualmente excluidas por las formalidades legales, como por deudas alimentarias, responsabilidad por comisión de delitos).
También se decidió que el proyecto se gire a diputados en forma inmediata con el objeto de que comience a regir lo antes posible. Si ello sucede, el Ejecutivo deberá explicar al Fondo Monetario Internacional por qué no cumple con lo expresamente prohibido en el punto30 de la carta de intención, es decir establecer la suspensión de ejecuciones por ley.