La Corte Suprema avaló ayer el primer recorte salarial en el sector público que instrumentó el gobierno de Fernando de la Rúa el 29 de mayo de 2000. Aquella medida habilitó reducciones en los haberes del 12 al 15 por ciento según lo estableció el decreto 430, cuya constitucionalidad los ministros decidieron ratificar. El tribunal sostuvo que esa reducción salarial “no era confiscatoria, había sido dispuesta ante una situación de emergencia y tenía alcances generales y vigencia transitoria”. Recordó, además, que “el Congreso reconoció la validez del decreto hasta la fecha (31 de julio de 2001) en que fue derogado” por ley. Sostuvo también que la poda en cuestión “rigió durante un lapso en que las remuneraciones no fueron afectadas por el envilecimiento de la moneda operado a partir del año 2002”. Con ese argumento los jueces marcaron la diferencia con otro fallo dictado el año pasado en que el que señalaron la inconstitucionalidad de la quita del 13 por ciento que se había extendido a las jubilaciones.