El gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez, es uno de los integrantes de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). En un reportaje con Página/12, analiza las posibles quitas de concesiones a las empresas que no inviertan en extracción y producción de crudo y gas y las variantes que se manejan, como una mayor participación provincial dentro de una compañía pública, como Enarsa. También analiza la situación de YPF.

–El texto del Acuerdo Federal de Hidrocarburos apunta contra los bajos niveles de inversión de YPF. ¿Hubo alguna respuesta de la compañía?

–No hemos tenido contacto. Entendemos que cuando los dividendos vuelven a la casa matriz y no al yacimiento tiene que ver con una actitud especulativa, que no acompaña al modelo de desarrollo productivo e industrial del país. Todo esto no tiene que ver solamente con la posibilidad de autoabastecimiento y con que haya más combustible para satisfacer una demanda de energía en ascenso, tiene que ver con el desarrollo económico y laboral de los argentinos. En los últimos años se perdieron más de 3000 estaciones de servicios y más de 40.000 puestos de trabajo. Las estaciones tienen menos combustibles porque las refinerías no tienen el crudo suficiente, ya que las petroleras que lo extraen no invierten.

–¿Cree que YPF tiene margen para cambiar su “lógica financiera” de distribución de dividendos y aumentar su producción en el corto plazo?

–Es una cuestión de actitud y decisión de política empresaria. Tienen que invertir en extracción y exploración. Es difícil ponerse en lugar de un empresario cuando uno viene desde la política. Pero más que analizar el comportamiento a futuro, debemos tener en cuenta el comportamiento que hoy tienen las empresas del sector, y ver si ese comportamiento se condice con las cláusulas del contrato de concesión o si están bajo los alcances de la caducidad de la licencia. En la provincia de Mendoza hemos tomado una fuerte decisión política que tiene que ver con la licitación de la segunda y tercera ronda de áreas petroleras y la prórroga de áreas de explotación (como en el caso de YPF, que fueron prorrogadas hasta 2027). Dimos claras señales políticas al sector de que queremos que vengan a invertir y extraigan petróleo. Pero no vemos que las empresas estén en la misma sintonía.

–¿Entonces considera que se llegará a la quita de alguna concesión?

–Lo que se acordó con las provincias productoras, los ministerios de Planificación y Economía, los trabajadores, las empresas petroleras y las estaciones de servicios es la presentación de las metas mínimas con los niveles de producción e inversiones yacimiento por yacimiento tanto en crudo como en gas. La información puede ser entregada hasta el 24 de febrero. Tenemos que dejar de comprar combustible por 8000 millones de dólares anuales. Lo paradójico es que la producción cae cuando aumenta el precio del petróleo.

–¿Están estudiando la posibilidad de que las provincias se capitalicen dentro de Enarsa para operar algún yacimiento?

–Eso tiene que ver con las alternativas que se están pensando, ya sea un modelo mixto o puramente estatal. También puede ser que una concesión quede en manos privadas. Hay empresas que invierten en gas y crudo no convencional en una mayor proporción a sus expectativas de encontrar este tipo de hidrocarburos. Por ejemplo, la empresa Apache.

–La distribución del 90 por ciento de los dividendos de YPF formó parte del acuerdo que permitió la entrada del Grupo Petersen. Esa operación tuvo el aval del ex presidente Néstor Kirchner. ¿Qué pasó?

–En el momento de peor crisis cambiaria, YPF liquidó miles de millones de dólares en dividendos, compró dólares para girarlos al exterior, cuando podría haberlos volcado a una mayor inversión. Hay una Argentina distinta a la de cuando se tomó esa decisión de “argentinización”. Tenemos un modelo productivo agroindustrial que demanda mucha energía y combustible que no es satisfecho por la oferta y no es una cuestión de precio. Estamos dispuestos a discutir otros precios, tanto para el barril del crudo como para el gas, pero tiene que haber una producción óptima. Nos piden llevar el barril a 100 dólares, pero con la promesa de darnos el combustible en 2018. Eso no nos sirve. El combustible tiene que estar hoy.

–¿La propiedad de los recursos en mano de las provincias no está en discusión?

–Hay una declaración manifiesta sobre ese punto. Es decir que los hidrocarburos seguirán siendo de las provincias. Sí tiene que haber mucho más control, seguimiento y auditoría de la relación entre las provincias y la Nación.

–Se acaba de formar una organización de provincias mineras. ¿Por qué?

–La mayoría de los ciudadanos no conoce los procesos ni la metodología que se aplica. En Mendoza hay que trabajar en distintas áreas, no tenemos una ley provincial de regalías ni tampoco una empresa provincial de energía. Debemos fortalecer el control ambiental.