El Gobierno decidió aumentar en 50 pesos la suma fija no remunerativa que cobran los trabajadores del sector privado. El incremento entrará en vigencia con la liquidación de haberes del mes de mayo y se mantendrá hasta el 31 de diciembre. El aporte bruto se eleva a 200 pesos, pero como se le aplican descuentos para la obra social y el PAMI, se reduce a un neto de 188 o 192 pesos, según si el empleado está inscripto en el régimen de reparto o en una AFJP, respectivamente. Para el empleador, el costo neto será de 214 o 218 pesos. “Es el tercer aumento de este tipo que otorga el Gobierno desde agosto del año pasado. Lo hacemos porque la productividad promedio de la economía creció un 9 por ciento”, destacó Roberto Lavagna al anunciar la firma del decreto de necesidad y urgencia, y responder de ese modo a los cuestionamientos respecto de que la medida tiene un carácter electoralista y que algunas empresas no lo podrán pagar.
La tercera de las críticas que recibió una medida con la que el Gobierno busca finalizar su mandato con mejor imagen provino del ámbito sindical. El planteo, en ese caso, fue que los 200 pesos no se incorporan al salario, por lo que no hay una verdadera recomposición de los ingresos de los trabajadores. Lavagna y la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, respondieron a cada una de esas objeciones y resaltaron que por primera vez desde la devaluación, el ingreso promedio en la actividad industrial se ubicará por arriba del costo de la canasta básica. El salario promedio de los operarios fabriles es de 543 pesos, a los que se sumarán los 188 o 192 pesos de la suma fija. La canasta básica para una familia tipo cuesta en este momento 717 pesos.
El universo de trabajadores registrados es de 4.150.000 personas. De ese total, el 92 por ciento está cobrando regularmente la suma fija, actualmente de 150 pesos. Camaño aseguró que las empresas que no cumplan con el aumento serán pasibles de sanciones, aunque señaló que existirá cierta flexibilidad con las compañías que acudan a la cartera laboral y presenten documentación que demuestre que realmente no pueden pagar la suma fija. En esos casos, se iniciará una negociación con los trabajadores para buscar la forma en que puedan cobrar.
Los trabajadores del sector rural y las empleadas domésticas empezarán a cobrar el adicional de 50 pesos con los haberes de junio, dado que tienen que esperar a que se emita otro decreto para adaptar la medida a su régimen laboral específico. Se trata de 400 mil trabajadores rurales y de 300 mil empleadas domésticas que figuran en la cartera laboral como legalmente registrados.
Lavagna presentó gráficos que demuestran que en el último trimestre del 2002 y en el primero del 2003 se produjo un aumento de la demanda agregada. El consumo privado representaba, en el primer período, el 31,6 por ciento de la demanda total y pasó al 37 por ciento en el segundo. Según el ministro, eso fue posible por una recuperación del empleo y por un incremento del salario, sostenido este último por los sucesivos ajustes de la suma fija. “Tenemos que afianzar esta tendencia de recuperación de la economía y para eso es fundamental mejorar los ingresos de los trabajadores”, afirmó. Sin embargo, el ministro debió reconocer que 4.850.000 personas no tienen trabajo o están empleadas en negro, por lo que no perciben los beneficios de la política oficial.
Los empleados públicos tampoco se verán favorecidos con la medida. “Los trabajadores del sector público tuvieron una recomposición del 13 por ciento este año y eso es todo lo que está previsto en el presupuesto”, sentenció Lavagna, descartando cualquier posibilidad de extender a los agentes del Estado el pago de la suma fija. En rigor, el 13 por ciento dejó de ser descontado de los salarios y no se trató de un aumento.
El ministro evaluó que el alza de 50 pesos no tendrá ningún impacto en la inflación, así como no lo tuvieron en el pasado la implantación de la suma fija y sus sucesivos incrementos. Eso se debe, aseguró, a que la productividad promedio de la economía viene en crecimiento y a que lasempresas están en condiciones de otorgar los aumentos. La productividad de cada trabajador se elevó en promedio un 9 por ciento desde fines del año pasado, sostuvo.
“El salario promedio de la economía es de 500 pesos, por lo que estos 50 pesos implican una mejora del 10 por ciento”, indicó Lavagna en otro pasaje de la conferencia de prensa que compartió con Camaño. “Esperamos que estos incrementos puedan ser incorporados por las empresas al salario básico, producto de una discusión paritaria”, concluyó la titular de la cartera laboral, quien aseguró que el Gobierno preparó el camino para esa discusión.