Las organizaciones de consumidores y de defensa de los derechos humanos quieren saber si el Gobierno firmó con el FMI el compromiso de subir, antes de irse, las tarifas públicas. No les creen a los funcionarios del Gobierno que niegan en público la existencia de cláusulas ocultas en el Memorándum de Entendimiento firmado en enero pasado, pero no explican la contradicción entre esos dichos y los formulados previamente por Roberto Lavagna. El ministro de Economía había admitido que hubo un acuerdo “más amplio y reservado”. Por ello, un conjunto de organizaciones solicitó ayer a la Justicia que le exija al Estado que informe sobre si esos documentos anexos existen y si los mismos incluyen el compromiso de aumentar las tarifas.
“El Estatuto del Fondo permite la firma de cláusulas secretas, pero el Gobierno argentino no puede hacerlo, tratándose de documentos públicos”, subrayó Ariel Caplan, representante de los usuarios en la Comisión Renegociadora de los Contratos. “Lo que presentamos ante la Justicia es una acción en defensa del derecho a la información, porque en un documento público no puede haber secretos”, agregó Caplan. Horacio Bersten, abogado de la Unión de Usuarios y Consumidores, recalcó por su parte que el Gobierno tiene la “obligación ineludible” de dar a conocer toda la información derivada del acuerdo. “De no hacerlo, preveo que va a quedar en una posición airada en el futuro no sólo frente a la gente sino incluso frente al propio organismo”, sostuvo.
Lavagna había negado ante el Parlamento que el acuerdo con el FMI incluyera capítulos secretos –contradiciendo sus propios dichos anteriores–, pero admitió que los responsables del Fondo solicitaron que taxativamente se fijara una cifra porcentual de incremento tarifario. Según el ministro, ese reclamo fue rechazado por el Ejecutivo.
“Pienso que podemos tener éxito”, sostuvo Caplan frente a Página/12. “La demanda es una especie de medida cautelar que se agota en sí misma”, explicó, ya que si el juez dispone que el Gobierno exhiba los documentos, la acción judicial se extingue una vez cumplido ese trámite. La causa recayó en el Juzgado Nº 4 en lo Contencioso Administrativo a cargo de Osvaldo Guglielmino. La expectativa de Caplan es que el juzgado dé respuesta en un término de siete a diez días. Bersten, en tanto, señaló que esta presentación se complementa con las acciones iniciadas en Washington contra el FMI, en la Oficina de Evaluación Independiente con el mismo objetivo: saber si hay un compromiso firmado por el Gobierno para aumentar las tarifas.