La llegada sorpresiva del titular de Repsol, Antonio Brufau, quien el martes arribó al país, y el discurso que hoy dará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la Asamblea Legislativa hicieron resurgir ayer todo tipo de versiones sobre un inminente anuncio oficial referido a YPF, que van desde una intervención de la petrolera hasta su estatización. La consecuencia fue una fuerte caída de la acción de la firma que retrocedió 14,9 por ciento en Buenos Aires y 14,3 por ciento en Wall Street, donde cotizan la mayoría de los papeles de la empresa. La baja acumulada en esa plaza en poco más de un mes es del 36 por ciento, lo que equivale a una pérdida de casi 6000 millones de dólares en su capitalización bursátil. Para quedarse con el ciento por ciento de la compañía, un inversor debería pagar hoy 10.300 millones de dólares, menos del valor que figura en los balances. En el Gobierno ayer optaron por el silencio, alimentando la expectativa en torno del discurso presidencial de este mediodía. En España, en cambio, trascendió anoche que el gobierno de Mariano Rajoy se involucró directamente en la negociación y habría recibido la promesa de que hoy no habrá anuncios drásticos.

La pelea entre el Gobierno e YPF se hizo pública el 16 de enero. Ese día el ministro de Planificación, Julio De Vido, denunció a cinco petroleras por cobrar sobreprecios en la venta de gasoil a granel y le reclamó especialmente a la firma controlada por Repsol que incremente su producción. “Necesitamos la puesta en valor del combustible para que los anuncios de nuevos descubrimientos no sirvan sólo para que la empresa obtenga una ganancia financiera”, aseguró De Vido. Lo que vino después fue una creciente presión sobre la petrolera que incluyó una inhibición de la AFIP para realizar operaciones de comercio exterior por una deuda de derechos de exportación, trabas para la compra de divisas, amenaza de sanciones por desabastecimiento y una declaración de los gobernadores donde se muestran dispuestos a quitarle concesiones a YPF si los yacimientos que opera no mejoran su performance. También hubo un escándalo en la última reunión de directorio cuando el representante estatal, Roberto Baratta, se presentó en compañía del secretario de Energía y el viceministro de Economía y denunció que no los dejaron ingresar. La Comisión Nacional de Valores ayer declaró irregulares las decisiones adoptadas en esa reunión de directorio.

Todos esos hechos impactaron sucesivamente en el valor de mercado de la firma, que empezó a derrumbarse. Según remarcan desde el oficialismo, el objetivo es que YPF produzca más para reducir el creciente déficit de la balanza comercial en el sector energético, pero los inversores temen que esa sucesión de denuncias oficiales apunte a justificar el desembarco del Estado en la conducción de la empresa. Por eso en los mercados predomina el nerviosismo. En la alicaída Bolsa porteña, ayer se transaron acciones de la petrolera por 23 millones de pesos, casi tres veces más que el promedio del volumen diario negociado en el último mes.

Desde el punto de vista político, la estatización sería pura ganancia para el kirchnerismo porque supondría la recuperación de una empresa símbolo de la Argentina luego de que fuera cedida al capital extranjero durante el menemismo. Sin embargo, el precio de la compañía hace que ese objetivo se vuelva muy difícil de alcanzar, sobre todo en un contexto de recorte de gastos como el actual. Incluso luego del reciente derrumbe de la acción, YPF cotiza a más de 10.000 millones de dólares. Un plan B dentro de ese esquema es apostar por una baja mayor del precio de la acción para luego comprar papeles en el mercado a través de la Anses o negociar con alguno de los accionistas, lo que supone mantener la presión. Por último, también está la alternativa de seguir alentando a las provincias a que reviertan las concesiones de los yacimientos que no cumplen con los niveles de producción acordados.

Tanto para Repsol como para el Grupo Petersen, su socio local, cualquier opción que suponga venderle acciones al Estado no es vista con malos ojos. Tampoco les preocupa demasiado, si el Gobierno apuesta a que sean las provincias las encargadas de acorrarlos porque confían en el lobby que son capaces de desplegar sobre la mayoría de esos mandatarios. Lo que les provoca terror es la alternativa de la intervención porque supondría el ingreso del Estado nacional como coadministrador sin que ellos lleguen a ver un peso. Sin embargo, al cierre de esta edición trascendió en Madrid que el presidente español, Mariano Rajoy, habría obtenido a último momento la promesa de que hoy no habrá anuncios drásticos.

Si Cristina Fernández de Kirchner no dice nada, en la empresa respirarán aliviados, al menos por un tiempo. Si anuncia su intención de estatizar, aunque sea parcialmente, se frotarán las manos pensando en la negociación que se viene, y si se confirma la versión de una intervención, se prepararán para resistir y los que festejarán serán los abogados.

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