A ojos de la empresa, si Roberto Lavagna no se hubiese negado a otorgar el subsidio para la compra de aeronafta que sí admitió Aníbal Fernández mediante un decreto redactado en el Ministerio de Producción, quizá la compañía aérea no hubiese llegado a esta situación de colapso. Pero, en realidad, esa dádiva oficial tampoco es garantía para que la concursada empresa salga adelante. En parte, porque su participación en el mercado en dos años se redujo a un porcentaje casi marginal. El precario y provisorio acuerdo de anoche no arroja ninguna luz sobre el futuro de la trastabillante compañía.
La mecha la encendieron los trabajadores, que el miércoles por la tarde iniciaron una medida de fuerza en reclamo de entre 100 y 150 pesos en bonos alimentarios (tickets canasta) correspondientes a los sueldos de marzo, que la empresa había prometido entregar ese día. En rigor, el ánimo del personal se caldeó por otras novedades poco auspiciosas de la jornada: American Falcon, chartera contratada, había dejado de volar en protesta por una deuda y dos de los cuatro aviones que integran la flota habían sido retirados del circuito de operaciones por supuestos problemas en el pago del leasing. Todos indicios de que las cosas no transitaban por el mejor camino.
Pero antes que el Ministerio de Trabajo dictara la conciliación obligatoria forzando a deponer la medida de fuerza, Repsol YPF paradójicamente promovió el incendio negándose a proveer combustible. La petrolera no depuso su actitud ni siquiera con el cheque que la aerolínea le acercó a las 4 de la madrugada de ayer, intentando cumplir con la condición de pagar por anticipado el carburante. Condición a la que Lapa está sujeta desde que entró en concurso de acreedores, a mediados del año pasado.
Repsol también exigió una declaración jurada que certificara la posesión de fondos suficientes para cubrir aquella promesa de pago de la aerolínea, que en el medio aeronáutico muchos descuentan en insalvable bancarrota. En parte porque su participación se derrumbó de un 34 por ciento en 2001 a un modesto 12 por ciento, según cálculos de AA2000, o 16, de acuerdo a la propia interesada. Fue a las 20 del miércoles que se produjo el estallido: su presidente y dueño del 35 por ciento del paquete accionario, Mario Folchi, renunció y la compañía suspendió las operaciones a la espera de algún auxilio oficial.
A instancias de la Secretaría de Transporte, el Gobierno ya intentó tenderle alguna cuerda a las compañías aéreas, cuando declaró al sector en estado de emergencia y corrigió las bandas tarifarias, de modo tal que las empresas pudieron aumentar considerablemente el precio de los pasajes. Pero para las que dependen del cabotaje, esa suba no permitía compensar ni escasamente los incrementos de costos del sector, básicamente en el JP1, combustible de las aeronaves.
El otro intento por darle una mano a las compañías aéreas –excluyendo a Aerolíneas Argentinas, que no reclama subsidio para la nafta– fue un decreto por el cual se dispuso que parte de las retenciones cobradas a las exportaciones de combustibles se destinaran a subsidiar el precio del carburante aéreo, de modo tal que éste pudiera abaratarse a 58 centavos el litro, contra su precio actual de 1 peso.
Pero según aseguran en Producción y en la propia empresa en crisis, la negativa del ministro de Economía habría sido terminante. Para ello, Lavagna habría invocado una razón de oportunidad electoral difícil de refutar: no es posible subsidiar a las empresas aéreas cuando es necesario reforzar planes sociales y, en tal caso, esta es una decisión que debería adoptar el próximo gobierno.
Ayer el tema volvió a ponerse sobre la mesa en las febriles negociaciones que realizaron los directivos que quedan de la compañía, que en un 45 por ciento pertenece a Humberto Roca y en un 20 a Ricardo Arena, todos ellos –junto a Folchi– accionistas renuentes a poner dinero fresco en la empresa que alguna vez perteneció a Eduardo Eurnekian, hoy uno de sus acreedores. Lapa debería a Aeropuertos Argentina 2000 5,6 millones de pesos en concurso y 10 millones posteriores a la convocatoria.
Más allá de cómo se resuelva la emergencia, la preocupación que ayer manifestaron los sindicatos al Gobierno se orientó hacia el futuro. “¿Quién va a poner fondos frescos?”, se preguntaba anoche el diputado por el ARI y titular del gremio administrativo, Ariel Basteiro, uno de los que sugirieron a Fernández propiciar una cesión de la compañía a los trabajadores, en lo posible, con el apoyo de un crédito blando.