Con las decisiones informadas por los gobernadores de Santa Cruz y Chubut el 14 de marzo, el mandatario de Neuquén el lunes 19 y el de Mendoza el último viernes, YPF perdió en los hechos (en el aspecto legal prometió abrir proceso judicial) un total de diez áreas, contando una cesión a su favor que le fue rechazada (pero que en las estadísticas del sector se le atribuía) y otra que le retiró Neuquén sin intimación. Francisco Pérez, gobernador de Mendoza, aseguró tener otras ocho áreas en estudio, el neuquino Jorge Sapag declaró similar situación para otras dos y su par de Santa Cruz, Daniel Peralta, fue más lejos al poner en serias dudas la continuidad de la concesión en otras siete. En total, 27 áreas comprometidas de las 60 que YPF tiene en concesión en todo el país. Hasta ahora, el conjunto de las áreas que le quitaron no tiene gran significación en los volúmenes de producción de la empresa hispanoargentina. En cambio, entre las siete sobre las que ahora avanza Santa Cruz figuran cuatro que son de las top ten en producción para YPF. Si en el horizonte del Gobierno no aparece la reestatización de YPF, al menos se avizora un cambio de escenario en el que, por lo menos, la petrolera quedaría lejos de la posición dominante que hoy ostenta.

El anuncio de Mendoza de retirarle las áreas Ceferino y Cerro Mollar, aunque demorada (se esperaba para el lunes y recién se conoció el viernes) trajo en compensación otros elementos que permiten ir tanteando algunos aspectos de la “nueva política petrolera” hasta ahora no enunciada. Pérez aprovechó el anuncio sobre YPF para dar a conocer, en el mismo acto, la concesión de un área a la empresa alemana Wintershall, al sur de Malargüe, denominada “CN5”, con un compromiso de inversiones de 1,5 millón de dólares, regalías del 12 por ciento más un canon extraordinario del 3 y un aporte adicional del 2 por ciento a un fondo de infraestructura educativa. Primera conclusión: Mendoza no avanza hacia una estatización de la explotación, sino a un modelo de concesiones más equilibrado.

El otro anuncio o señal de Pérez que pasó casi desapercibido es que “el Gobierno va a llamar a licitación para la telemedición de todos los pozos de los que se saca el crudo en camiones y no por oleoducto”. Segunda conclusión: hay una sospecha de “diferencias” entre valores declarados y cantidades producidas, que hasta ahora han tenido escaso o nulo control de parte de las autoridades. Hasta ahora, la producción se registra en base a las planillas que presentan las empresas, pero si éstas no reflejan la verdad puede ocurrir que no sólo las regalías e impuestos que se pagan sean muy inferiores a los que corresponden, sino que además se podría estar alimentando un fabuloso mercado negro a partir del petróleo no declarado.

Pocas horas después del anuncio en Mendoza, Peralta daba más detalles de la ampliación de la intimación a YPF por falta de inversiones. Desde Gobernador Gregores, centro del territorio provincial, explicó que a las dos concesiones ya rescindidas (Los Monos y Cerro Piedra-Guadal Norte), se sumaba el área concesionada a BG Internacional que, por acuerdo de las empresas, se había solicitado transferir a favor de YPF. Esta área es Barranca Yankowsky, pero su cesión fue denegada. Ahora, agregó Peralta, se avanza sobre el estudio de otras siete áreas, que a diferencia de las anteriores son de “alto impacto” en materia productiva, ya que representarían el 61,5 por ciento del petróleo que YPF extrae en la provincia y el 43 por ciento del gas (ver detalle en recuadro).

El gobernador de Santa Cruz agregó, en la misma oportunidad, que también se estaba analizando la situación de abandono de áreas concesionadas a Petrobras. En referencia a las áreas Glencross y Chirete, en el sudoeste de la provincia (Río Turbio), Peralta señaló que “si abandonó el proyecto hay que ver si volvemos a licitarlo y cuándo lo hacemos, porque ya hay interesados en participar en la finalización de la etapa de exploración y trabajar en el primer pozo de explotación”. La doble señal que entrega el gobernador santacruceño es que las áreas en la mira no son sólo las de YPF y que, coincidiendo con Pérez, Buzzi y Sapag, la intención no es avanzar hacia una reestatización sino hacia un cambio de operadores y de condiciones contractuales. Con un agregado: el santacruceño apuntó que “estamos analizando los pasos a dar y los vamos a dar de forma estratégica con el Estado nacional”.

Hasta hace dos semanas, YPF tenía 60 áreas concesionadas, de las cuales diez estaban en estado improductivo y otras 10 con una producción de petróleo insignificante (menos de 20 metros cúbicos diarios entre todos los pozos del área). Otras ocho pueden ser consideradas como de muy baja producción (menos de 100 m3 por área). En la mayoría de las 28 –casi la mitad de las concesiones totales–, no se estaba haciendo ningún esfuerzo de recuperación. Sobre ellas vienen avanzando las quitas.

Pero YPF no es la única con áreas improductivas. Petrobras tiene 42 áreas, de las cuales 19 están sin producción. Tecpetrol 18 concesiones, con 11 improductivas. Apache Energía 19, con 9 sin producción. Pluspetrol, también 17 concesiones y 7 de ellas con extracción nula. Puede haber algunas de las que no computan producción que se encuentren en etapa de exploración y desarrollo, pero no parece ser la generalidad.

Si comenzó un cambio de escenario, es de esperar que no se detenga.