El gobierno de Estados Unidos eliminó beneficios arancelarios de que gozaban un conjunto reducido de productos de origen argentino al ingresar a ese mercado. La decisión de Barack Obama responde a la presión de dos empresas norteamericanas que buscan cobrar alrededor de 300 millones de dólares por fallos del Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, contra el Estado argentino. El gobierno nacional calificó la suspensión de “unilateral e incomprensible”, condenó el lobby corporativo que presionó para lograr la medida y cuestionó la decisión de las autoridades norteamericanas por considerar que busca obligar al país a “tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias”. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a las medidas al advertir que “comienzan pequeñas guerrillas de carácter comercial que trataremos de abordar con la mayor civilización y con las herramientas de la ley”. Durante su intervención, la mandataria recordó las dificultades para el ingreso de carnes y limones argentinos a Estados Unidos, reclamo que trasladó a Obama durante la reunión que mantuvieron en Cannes durante el G-20, en noviembre último.

El presidente norteamericano sostuvo ayer en un mensaje al Congreso de su país que decidió quitar el tratamiento preferencial para las exportaciones locales porque la Argentina “no actuó de buena fe en el cumplimiento de fallos arbitrales en favor de empresas norteamericanas”. Se trata de un reclamo impulsado por el lobby de dos empresas: Azurix, ex concesionaria de agua potable y cloacas en 71 ciudades bonaerenses, y Blue Ridge, un fondo de inversión del Bank of America que se hizo cargo del reclamo de CMS Gas Transmission Company, accionista minoritaria de TGN. Las firmas pretenden cobrar una suma cercana a 300 millones de dólares por fallos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial contra la Argentina. El gobierno acepta y reconoce que los laudos del Ciadi “son finales y obligatorios”, y establece que inversores beneficiados por ellos deben iniciar a nivel local el procedimiento para su cobro, algo que no sucedió en el caso de esas empresas.

En 2011, el intercambio con Estados Unidos arrojó un saldo comercial negativo para la Argentina de 5385 millones de dólares. “No pudimos poner carne en Estados Unidos, ni exportar un solo limón”, reprochó ayer CFK en alusión al tema, y luego expresó que existen “pequeñas guerrillas de carácter comercial” que el gobierno enfrentará “con las herramientas de la ley”.

Los cambios anunciados ayer por la administración de Obama afectan al 11 por ciento de los envíos al mercado norteamericano que no pagaban aranceles en el marco del denominado Sistema General de Preferencias (SGP) de la Organización Mundial de Comercio (OMC). El SGP es un sistema temporario y voluntario que permite a los países desarrollados otorgar concesiones unilaterales a países en desarrollo sin necesidad de extendérsela al resto del mundo (ver aparte). El año pasado, los exportadores locales canalizaron 477 millones de dólares a través del sistema, fundamentalmente commodities agrícolas y productos químicos que gozaban de beneficios arancelarios frente a los mismos productos provenientes de otros países. Según estimó el Ministerio de Industria, la modificación reduce en 18 millones de dólares anuales las facilidades de acceso al mercado norteamericano.

“El lobby ejercido por los fondos buitre para lograr esta decisión es una presión que nuestro país condena de forma contundente”, sostuvo la cartera que encabeza Héctor Timerman en un comunicado. La resolución del gobierno norteamericano de eliminar a la Argentina del SGP se suma al voto negativo que expresa ese país en los directorios del BID y el Banco Mundial ante solicitudes de crédito por parte de la Argentina.

“Yo determino que es apropiado suspender la designación de Argentina como país beneficiario bajo el SGP porque no actuó en buena fe en el cumplimiento de los laudos arbitrales en favor de empresas norteamericanas”, afirma el mensaje que remitió ayer Obama al Congreso. Los cambios entrarán en vigencia 60 días después de su publicación en el Registro Federal, el boletín oficial norteamericano. En el mismo paquete, el mandatario informó la incorporación de Sudán del Sur, país que obtuvo su independencia el año pasado, al sistema de preferencias. El representante comercial de los Estados Unidos, Ron Kirk, titular de la oficina que recibió ambos reclamos empresarios, “urgió” al país a pagar las dos sentencias: “Esto nos permitiría considerar la reinserción de la Argentina en el sistema de SGP”, señaló el funcionario.

Desde Cancillería informaron que las dos empresas beneficiadas por la decisión del Ciadi “jamás aceptaron iniciar los trámites de cobro de las sentencias, de acuerdo con el reglamento del ente arbitral y la legislación argentina”. “Argentina lamenta el intento de obligar a nuestro país a tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias. Leyes que fueron respetadas por todos quienes obtuvieron sentencias favorables contra el Estado argentino, incluyendo las víctimas de la dictadura que recibieron reparaciones del Estado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante el pasado régimen militar.”