“Creemos que Estados Unidos está defendiendo a los fondos buitre y nosotros, a los 40 millones de argentinos”, manifestó ayer el ministro del Interior, Florencio Randazzo, con relación a la decisión de la administración de Barack Obama de suspender beneficios arancelarios para exportadores argentinos. La sanción del país norteamericano respondió en lo formal a la presión de dos empresas de ese país que buscan que el Estado argentino les pague alrededor de 300 millones de dólares por fallos del Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial. “Esto supone un serio obstáculo en la relación entre ambos países, pero no teníamos más remedio que actuar”, sostuvo el Departamento de Estado. En Cancillería interpretan que la medida es una represalia en términos políticos a raíz de la administración de comercio que aplica el gobierno, sobre la cual Estados Unidos se manifestó en contra en la Organización Mundial de Comercio.

La decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender a la Argentina del Sistema General de Preferencias (SGP) es consecuencia del lobby ejercido por las firmas Azurix, ex concesionaria de agua potable y cloacas en 71 ciudades bonaerenses, y de Blue Ridge, fondo de inversión que adquirió el reclamo por una firma accionista minoritaria de TGN. Las dos compañías presentaron denuncias ante el Ciadi y lograron fallos favorables, por los que podrían cobrar unos 300 millones de dólares. La Argentina reconoce esa situación, pero pretende que las firmas se presenten en los tribunales locales.

“Hablan de cumplir las leyes y respetar la seguridad jurídica y pretenden que los argentinos les paguemos a sus empresas violando nuestras leyes. Por supuesto que nosotros hemos ofrecido sentarnos a negociar con las empresas que ganaron el fallo del tribunal arbitral del Ciadi, pero respetando la legislación argentina”, indicó Randazzo.

“Estos asuntos no son nuevos, así que la decisión de la Casa Blanca no debería constituir una gran sorpresa, está basada en una investigación a través de la cual se halló que no se cumplía con el criterio de elegibilidad establecido por el Congreso”, indicó Victoria Nuland, vocera del Departamento de Estado. Frente a la pregunta de un periodista sobre en qué estado quedó la relación bilateral luego de la sanción, la funcionaria respondió que “tenemos muchos intereses en común, compartimos negocios. Esto supone un serio obstáculo, pero no tenemos más remedio que actuar”.

La lectura del gobierno nacional, reflejada ayer por Randazzo, es que “la medida tiene un carácter absolutamente político”. “Estados Unidos nos tiene acostumbrados a pregonar lo que ellos no hacen, porque hablan de libre comercio y ponen permanentemente trabas arancelarias a los productos argentinos”, criticó el funcionario.

La suspensión de la Argentina en el SGP tiene un impacto muy menor en términos económicos, ya que sólo involucra al 0,6 por ciento de las exportaciones totales y afecta en forma global a las firmas que venden al mercado norteamericano en 18 millones de dólares. Incluso desde Cancillería advierten que la Argentina estaba próxima a perder el beneficio, ya que superará en el corto plazo un nivel máximo de PBI per cápita que define la pertenencia al SGP. Sin embargo, en la cartera que encabeza Héctor Timerman analizan que la sanción representa una presión en términos políticos vinculada, entre otros factores, con la política comercial argentina, de la cual Estados Unidos se quejó ante la OMC.

“Argentina cumple todas las condiciones sanitarias y fitosanitarias y, aun así, Estados Unidos tiene desde hace muchos años frenada la habilitación para que limones y carnes, productos en los cuales el país se destaca por su calidad a nivel mundial, puedan ingresar al mercado norteamericano”, subrayan.