”No debemos negarnos a una gran oportunidad, que en nuestro país está subexplotada. La minería es una actividad de gran importancia.” Con estas palabras, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró ayer la explotación subterránea de Cerro Vanguardia, ubicada a 70 kilómetros de Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz. La mandataria aprovechó el encuentro para destacar el potencial de esta actividad y remarcó la necesidad de que los estados provinciales comiencen a tener un rol más protagónico en el sector. De hecho, esta semana los estados provinciales mineros, nucleados en la Ofemi, firmaron un documento donde se comprometieron a alcanzar una mayor participación en la renta minera. A su vez, el documento establece las bases para que los distintos actores sociales (pueblos originarios, académicos, empresarios, sindicatos) participen del debate sobre la extracción de minerales.

“Muchas veces se habla a través de slogans, pero no se puede prescindir de la minería por su aporte en todos los ámbitos del quehacer diario. Necesitamos una reflexión madura”, manifestó Fernández de Kirchner, quien agregó: “No está bien que la gente se muera de hambre en la superficie cuando uno está parado sobre grandes riquezas”. Estas últimas palabras fueron pronunciadas previamente por el presidente de Ecuador, Rafael Correa. La jefa de Estado también mencionó que países que se ponen muchas veces como modelo, como Australia y Canadá, tienen sectores mineros muy desarrollados.

Cerro Vanguardia está integrada por las empresas Anglo Gold Ashanti (con sede en Johannesburgo, Sudáfrica) y Fomento Minero Santa Cruz SE (Fomicruz), con el 7,5 por ciento de las acciones. La compañía provincial santacruceña fue una de las primeras en constituirse en el país.

Al igual que en el sector de los hidrocarburos, las provincias están jugando un rol cada vez más fuerte en la definición de las políticas mineras. El documento que firmaron las jurisdicciones que integran la Ofemi marca este rumbo. “Se reconoce al Estado nacional y a las provincias la facultad de participar de la actividad minera, a través de entidades estatales debidamente facultadas para la exploración o producción de minas”, sostiene el Acuerdo. En los últimos nueve años, esta industria pasó de representar el 0,2 por ciento del PBI al 1,2 por ciento, según datos de la Secretaría de Minería.

En 2010 hubo un record de producción, aproximadamente 27.000 millones de pesos, mientras que las exportaciones representaron 13.800 millones. Las retenciones que aplica el Gobierno se ubican entre el 5 y 10 por ciento, de acuerdo al nivel del valor agregado de lo que se vende. Es decir que la mayor parte de esta renta fue para las empresas extractivas.

“Es necesario que las corporaciones sepan que no hay cambio de reglas, sino que hay mayores exigencias frente a la sociedad en el cuidado del medio ambiente”, agregó la Presidenta. El acuerdo también fijó un marco para el cuidado ambiental y una amplia participación social. En este sentido, la iniciativa de los gobernadores promueve la “presencia de representantes sociales, del mundo del trabajo, del quehacer económico, de la cultura, del campo académico, de las organizaciones no gubernamentales y de la actividad pública”. Esto no es un dato menor, si se tiene en cuenta la conflictividad social registrada en varias zonas del país (Famatina y Andalgalá).