El decreto que estableció las retenciones del 20 por ciento a las exportaciones de petróleo crudo y del 5 por ciento a sus derivados causó irritación entre las petroleras. Luego del shock inicial, ayer reflotaron la posibilidad de aumentar los precios de venta en surtidores. La argentina Dapsa ya dio el primer paso y subió el 6,3 por ciento el gasoil y el 3 por ciento las naftas. Desde el Gobierno se escucharon reacciones contradictorias. El propio subsecretario de combustibles, Daniel Cameron, criticó la medida y fogoneó el proyecto alternativo que impulsaban las petroleras para establecer un impuesto del 8 por ciento sobre la producción. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, convocó a las empresas a dialogar para evitar que el gravamen se traslade a precios y recordó que “todos deben realizar su aporte para salir de la crisis”. La medida también causó malestar en las provincias productoras, que de esta manera verán reducidas sus regalías.
Para la teoría económica la aplicación de retenciones a las ventas al exterior significa una baja en el precio que reciben las exportadoras. En mercados competitivos, ese equivalente a la baja del precio internacional se traduce en una merma en los precios internos. Pero la economía real no suele funcionar como en los libros. Ante todo, porque los mercados no son competitivos. Algo particularmente cierto en el oligopolizado mercado petrolero argentino. La discusión, entonces, no es de teoría económica, sino de relaciones de poder. La cuestión es que parte de las ganancias por la devaluación queda en manos de las petroleras y cuál en poder del Estado. Según las recetas clásicas del Fondo Monetario Internacional, las devaluaciones deben ir acompañadas por retenciones a las exportaciones que permitan al fisco capturar parte de los dólares resultantes del incentivo exportador post devaluación. Esta ortodoxia está orientada a que el Estado se haga con los dólares necesarios para pagar deuda.
Argentina exportó durante el año pasado 2380 millones de dólares en petróleo crudo y 1480 millones en derivados. De mantenerse constante estos volúmenes, el nuevo gravamen permitiría recaudar 550 millones de dólares, cifra que se mantendría estable con prescindencia de la variación del tipo de cambio. Las petroleras, contraofertaban un impuesto del 8 por ciento a la producción en boca de pozo, lo que según sus propios cálculos insumiría un máximo de 350 millones anuales. La diferencia de costos para las empresas y de ingresos para el Estado resulta evidente.
El argumento esgrimido por las petroleras es que, como resultado de las retenciones, muchos posos “maduros” (de baja productividad) como por ejemplo la mayoría de los ubicados en la zona del golfo San Jorge (Comodoro Rivadavia) dejarían de ser rentables. La cotización del barril de crudo de referencia (WTI) en el mercado de Nueva York oscila en torno de los 20 dólares. El costo de producción internacional promedio es de alrededor de 11 dólares, incluido alrededor de un 30 por ciento de ese valor destinado a la amortización de la exploración. Como la mayor parte de dicha exploración fue realizada por la ex estatal YPF, especialistas del mercado local estimaron el costo de producción argentino entre 6 y 7 dólares que hasta antes de la devaluación equivalían a igual número de pesos. La variación de ese costo por el tipo de cambio es prácticamente nula, pues se trata de mano de obra y equipos extractivos de origen predominantemente local. Las petroleras, sin embargo, sostienen que si del aumento de ingresos de 100 por cien en pesos emergente de la devaluación se retiene el 40 por ciento, resultante de la retención del 20 por ciento sobre el total (es decir que en realidad el nuevo tipo de cambio es para ellas de 1,60 peso por dólar), su producción dejaría de ser rentable, pues “el precio del petróleo y el de las naftas está determinado por su precio internacional”.
Fuentes de la española Repsol YPF dijeron a este diario que se habían comprometido “a absorber sin trasladar a precios la devaluación que llevóel dólar a 1,40”. Sin embargo, negaron que con el tipo de cambio actual a 2 pesos se vayan a producir aumentos de precios.
En esta puja, las provincias aparecen alineadas con los intereses de las empresas. No porque las petroleras sean el objeto de su defensa, sino porque resultan perjudicadas desde el punto de vista fiscal en favor de la Nación y discriminadas en favor de otros sectores exportadores. “Este impuesto es discriminatorio. ¿Por qué no establecer también retenciones sobre las exportaciones de cereales de la Pampa Húmeda, los cítricos del Litoral, la industria automotriz o las grandes rentas?”, se preguntó en diálogo con Página/12 Alfredo Esteves, ministro de Planificación y Gestión de la provincia de Neuquén, la principal productora de hidrocarburos del país. La argumentos fueron sencillos. El 45 por ciento del producto neuquino proviene de los hidrocarburos. Retenciones del 20 por ciento a las exportaciones de crudo representan una disminución de igual proporción en los ingresos fiscales de este origen. Las petroleras pagan a las provincias regalías del 12 por ciento. Además, una disminución de la rentabilidad y facturación también significa menores ingresos de Ganancias, IVA e Ingresos Brutos. En otro orden, Esteves también explicó que las retenciones, al bajar el precio interno efectivo, repercutirán en el precio pagado por las refinerías al productor, lo que también reducirá ingresos provinciales.