Tal cual había ocurrido el 29 de febrero, un día antes del discurso de la presidenta de la Nación ante la Asamblea Legislativa, ayer las acciones de YPF se volvieron a desbarrancar en medio de versiones –una vez más– sobre una futura estatización parcial o intervención del gobierno nacional, sin que mediara ninguna acción del grupo de control, Repsol, por evitarlo. La caída de la cotización fue ayer del 15,85 por ciento, un porcentaje similar a la pérdida del 29 de febrero y también de la misma magnitud que la producida en Wall

Street (a través de la valorización de los ADR) el lunes de esta semana, día sin operaciones por feriado en Buenos Aires. El anuncio de la quita de la concesión de la estratégica área Manantiales Behr en Chubut durante el fin de semana, los titulares de diarios especializados asegurando la intención gubernamental de capturar el 35 por ciento del capital de YPF para asumir una posición dominante en su directorio, junto a otras especulaciones sobre un proyecto de ley próximo a enviarse al Congreso declarando de interés público y sujeto a expropiación todo lo relacionado con la producción de hidrocarburos, se sumaron para alimentar la fuga de inversores del papel de la ex petrolera estatal. Y todo ello adicionado a la llamativa inacción del actual grupo de control, cuyo presidente estaría arribando a Buenos Aires al igual que se anunciaba en aquella jornada del 29 de febrero, sin que se observe ninguna acción defensiva para proteger el valor de mercado de la empresa. Una pasividad que agrega un interrogante más en torno de YPF, pero que también estaría reflejando la confusa relación en España entre el grupo controlante de Repsol, La Caixa, y el gobierno de Mariano Rajoy.

YPF cotiza en el mercado una parte menor de su capital, inferior al 17 por ciento, ya que la participación mayor se encuentra en manos de Repsol, del grupo Eskenazi y otros inversores institucionales. A su vez, en Nueva York cotiza a través de los ADR (sigla de American Depositary Receipts), que son certificados negociables que representan la propiedad de un paquete de acciones de una o más compañías extranjeras. Usualmente, el comportamiento de los valores en Wall Street y en Buenos Aires es convergente. Así ocurrió desde enero, cuando empezaron las fuertes oscilaciones a raíz del cuestionamiento, primero, del gobierno nacional a la falta de inversiones de YPF para reponer reservas y poner en producción las descubiertas y luego con la reversión de las concesiones de áreas petroleras de YPF por diversas provincias.

La ofensiva que tiene como eje el objetivo de recuperar en dos años el autoabastecimiento de hidrocarburos no recibió, hasta ahora, una reacción de las cámaras empresarias que agrupan a las empresas petroleras ni una actitud de firmeza de la petrolera “dueña” de YPF, Repsol, para defender el valor de la acción de la filial argentina. Dado el limitado margen de operaciones que tiene el papel en el mercado local (salvo días excepcionales como el de ayer, en el que se concretaron 734 compraventas de acciones de YPF, contra 450 del segundo papel más operado, Galicia, y 199 del tercero, Banco Galicia), no le hubiera sido muy difícil al grupo de control encontrar una forma de contrarrestar la especulación a la baja. La inacción de Repsol no está desligada de la complicada relación que mantiene el Grupo La Caixa con el gobierno español del Partido Popular, que asumió hace apenas tres meses. La Caixa trepó al control de Repsol con la llegada al gobierno del socialismo español, con Rodríguez Zapatero, desplazando al anterior grupo de control que encabezaba Alfonso Cortina, ligado al Banco Bilbao Vizcaya (BBVA), a su vez estrechamente vinculado con el partido popular, en aquel momento con José María Aznar en la presidencia. El nuevo cambio de gobierno, en diciembre, podría haber producido el recambio simultáneo del grupo de control de Repsol, como había sido tradicional hasta ahora. Sin embargo, el gobierno de Rajoy transita una angustiosa negociación con el gobierno de Cataluña (en poder de CiU), de cuyo apoyo no puede prescindir, para definir roles y espacios de poder en el nuevo mapa financiero que traza la actual etapa de crisis económica en la península. La Caixa cuenta con intereses no sólo en Repsol, sino además en la concesión de autopistas, instalaciones aeroportuarias, abastecimiento de agua y otros. Y cuenta además con la protección del gobierno catalán, que negocia con el de Rajoy qué poder se preservará para La Caixa en el nuevo esquema. En este escenario, la situación de YPF dista de ser un problema prioritario.