La luz, el gas, el teléfono, el agua, el colectivo, el subte, el tren, los peajes terrestres y fluviales, el franqueo, las tasas de aeropuerto. Todo va a aumentar por traslado de la devaluación del peso, pero todavía no se sabe cuánto ni cuándo. Lo único decidido por el Gobierno es que sea el Ministerio de Economía el que dirija la renegociación con los prestadores de servicios públicos, para lo cual se crea, decreto 293 mediante, publicado ayer en el Boletín Oficial, una Comisión renegociadora. Sí está claro que las privatizadas irán por la revancha tras la pesificación de sus tarifas y la abolición de las cláusulas indexatorias, decisiones oficiales a las que respondieron con la paralización de sus inversiones y el planteo de largas listas de reivindicaciones. Por de pronto consiguieron que sus deudas locales fueran pesificadas 1 a 1, pero no se darán por satisfechas con ese logro. Por su parte, Economía no tiene definida su posición negociadora, y se preocupa ante todo por impedir que José Ignacio de Mendiguren, ministro de la Producción, logre inmiscuirse en el asunto.
La primera intención oficial es ganar tiempo. En primer lugar, se autoconcede un mes de plazo para conformar la Comisión. En segundo, le otorga cuatro para presentarle al Poder Ejecutivo su propuesta de revisión contractual. Después sobrevendrán consultas no vinculantes con cuerpos parlamentarios. La ilusión es dejar que corra el año sin un tarifazo que precipite una espiral inflacionaria y consiguientes presiones salariales. Pero el lobby de las privatizadas ya entró en acción, y en varios frentes simultáneos.
Los reclamos de esas compañías de capitales multinacionales, que operan en sectores poco o nada expuestos a la competencia, siguen el patrón del planteo formulado por Aguas Argentinas, del que diera cuenta Página/12 la semana pasada. Ante la conversión de las tarifas a pesos 1 a 1, reclaman ejecutar sólo inversiones de emergencia, siempre que sea factible; postergar objetivos de mejora en la calidad del servicio; que se anulen multas impuestas por los organismos reguladores, e incluso la obligación de devolver a los usuarios dinero indebidamente cobrado; que el Banco Central les entregue a un peso los dólares que necesitan para amortizar sus deudas con la banca internacional y con organismos multilaterales; que la devaluación tampoco exista para sus importaciones de insumos, y que los organismos públicos que les deban facturas impagas les den prioridad.
Aunque estos planteos deben ser leídos como exigencias de máxima, hasta ahora las actitudes del actual Gobierno no permiten descartar que ceda en muchas de estas cuestiones. Si así fuese, todo lo que no se traduzca en aumentos tarifarios se convertiría, de una u otra forma, en gasto fiscal o en mayor endeudamiento.
En la propia ley que declaró, una vez más, la Emergencia Pública y abolió la convertibilidad, se imponen respecto de las tarifas criterios de renegociación que, en algunos casos, deben conducir a evitar que suban y, en otros, a fuertes incrementos. Es difícil predecir cuál será la resultante. Entre las razones para desaconsejar alzas figuran el objetivo de defender la competitividad de economía, la distribución del ingreso y el interés de los usuarios. Pero también se persiguen otros propósitos los planes de inversión, la calidad de los servicios, la seguridad de los sistemas y la rentabilidad de las empresas-, que sufrirán si no se admite cierto traslado de la devaluación a las tarifas.
El decreto ayer aparecido menciona, al pasar, la posibilidad de rescindir contratos de concesión cuando no se alcancen acuerdos de renegociación, pero al mismo tiempo reduce al mínimo la participación parlamentaria, que queda aplazada para cuando ya todo esté acordado y a la que sólo se reconoce el derecho de opinar. De hecho, esta renegociación, puesta en manos de Jorge Remes Lenicov, no parece asegurar ningún recaudo de transparencia, aunque se prevea que en la Comisión habrá una silla -una sola– para alguien que represente a usuarios y consumidores. Por de pronto, fuentes del Ministerio de Economía preferían confesar ayer quetodavía no hay nada resuelto sobre quiénes en concreto negociarán ni con qué instrucciones precisas.