Por tercer día consecutivo y luego de la insólita decisión de anticipar ayer haberes a su personal, LAPA seguirá sin volar. Para paliar en parte el problema de acefalía de la empresa, la jueza que entiende en la causa designó ayer un grupo de coadministradores, quienes tendrán como función prioritaria evaluar la viabilidad de la empresa, muy endeudada, con magro patrimonio y sin accionistas dispuestos a aportar recursos ni siquiera para la compra del combustible. Las negociaciones que anoche celebraban en el Ministerio de Trabajo funcionarios de esa cartera con los gremios aeronáuticos y un directivo de la empresa –de dudosa representatividad– sólo alimentaron el fantasma de que los 870 trabajadores de la aerolínea quedarán indefectiblemente en la calle.
La verdadera composición accionaria de LAPA –en teoría del boliviano Humberto Roca y de los locales Mario Folchi y Ricardo Arena– es tan oscura como la actual estrategia de sus directivos, que ayer por la mañana sorprendieron con la decisión de pagar el 75 por ciento de los sueldos de abril, utilizando para ello 1,3 millones de pesos que hubiesen resultado vitales para la compra de aeronafta.
En medios aeronáuticos, el renunciante presidente Folchi está sindicado como el virtual testaferro de Eduardo Eurnekian, quien hace meses había vendido la compañía a un grupo de ignotos accionistas, básicamente para desligarse de las responsabilidades de una eventual quiebra. Hoy el operador de las principales estaciones aéreas a través de Aeropuertos Argentina 2000 aduce acreencias contra aquella aerolínea por un total superior a los 15 millones de pesos y es titular de cuatro de las cinco aeronaves que integraban la flota ahora paralizada.
Folchi, supuesto nexo de Eurnekian con LAPA, renunció a su cargo el jueves, aunque reasumió de hecho luego, al menos para oficiar como vocero de la empresa acéfala en las reuniones con el Gobierno y los gremios y tomar algunas desconcertantes medidas como el apurado pago de haberes.
Esto ocurrió poco antes de que la Justicia designara en la tarde de ayer a un grupo de coadministradores, a quienes se les encomendó evaluar “la factibilidad” de la empresa. Se trata de Juan Carlos Carvajal y Horacio Lemos, socios en un estudio de abogados con experiencia en la administración de empresas en bancarrota, y Alberto Quinteros, del estudio Battiato, Quinteros y Asociados, actualmente a cargo de la sindicatura de la convocatoria de acreedores.
Los coadministradores tendrán no menos de cinco días para formular aquel juicio, aunque difícilmente éste sea positivo si no aparece alguna imprescindible inyección de capital. Según la sindicatura, LAPA tiene una deuda concursada de 70 millones de pesos o dólares (conforme a la pretensión de algunos acreedores) a la que se suman otros 50 millones de obligaciones posconcursales. Su magro patrimonio actual consiste en unos pocos bienes y útiles, el derecho a volar algunas rutas y un sólo avión propio.
En las últimas jornadas se barajaron distintas alternativas para rescatar a LAPA o, al menos, prolongar su agonía. Entre ellas, el esfuerzo oficial de proveer combustible quizá contra la garantía de un fideicomiso a integrar con los ingresos por la venta de pasajes. O la decisión de autorizar una suba en el piso de la banda tarifaria. Pero todas estas alternativas anoche habían sido descartadas de cuajo por la secretaría de Transporte.
En algún momento también se contemplaron salidas más drásticas pero quizá más realistas, como la de prorratear las rutas y parte del personal de LAPA entre las otras aerolíneas que operan en el mercado, lo que equivale a extender un certificado de defunción a la empresa concursada a condición de salvar algunos de los 870 puestos de trabajo directos.
En una reunión con funcionarios del Ministerio de la Producción, Folchi había dicho que era necesario pedir la quiebra de la compañía, ya que ésta no tenía recursos para hacer ningún pago. Sobre la base de estos dichos –plasmados en un acta con rúbrica de escribano–, la Justicia designó a los coadministradores que tendrán que develar varios misterios, empezando por el intempestivo pago anticipado de sueldos. Siguiendo, seguramente, por el destino de un presunto ingreso de 14 millones de dólares por la venta de repuestos de aviones que ya no integran la flota de LAPA. El área jurídica del ministerio de Aníbal Fernández analizará en las próximas horas la posibilidad de formular una denuncia penal contra el directorio por este tema, que los técnicos aeronáuticos habrían puesto sobre la mesa. Los responsables de LAPA, en tanto, seguirán intentando pedir la quiebra de la compañía para licuar la deuda asumida luego del concurso. Así, especulan, quizás se pueda conseguir un (improbable) comprador.