Los aportantes a las AFJP, pero también los que dejaron de aportar por alguna razón, como haber perdido el empleo o caído en una situación de precarización laboral, deberán pagar dentro de poco tiempo primas más caras por el seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, que es un componente ineludible de la comisión que cobran las administradoras. Estas aplicarán el incremento de tarifas, según ya decidieron, porque prevén que la cobertura, que se licita cada mes de mayo para la renovación de las pólizas en julio, vendrá este año con aumento. No necesitan demasiado poder adivinatorio para saberlo, ya que todas las AFJP salvo una (Profesión+Auge) contratan con compañías de seguros vinculadas, pertenecientes al mismo conglomerado financiero. Esto demuestra que la licitación, que se efectúa para cumplir con la exigencia de la ley, es un mero simulacro. La propia Superintendencia del sistema, la Safjp, señala en un documento que, “en consecuencia, los precios (de las pólizas) reflejan pautas de maximización de beneficios del grupo económico, restando transparencia a la determinación de costos”. A pesar de esto, y del consiguiente perjuicio para los afiliados, el organismo, desde el año pasado conducido por el duhaldista Horacio Picado, ex número dos en el estudio contable de Jorge Levy, tolera esa práctica y convalida las subas. “No está prohibido contratar con vinculadas”, explicó a Página/12 una fuente del organismo.
El encarecimiento del seguro, que por sí solo determinará un alza del 13 por ciento promedio en las comisiones, se adjudica a “razones técnicas”, referidas a cómo deben constituir sus reservas las aseguradoras. El caso es que cuando, a partir de noviembre de 2001, se redujo del 11 al 5 por ciento del salario el aporte jubilatorio en el sistema de capitalización para así liberar capacidad de compra y elevar la demanda de bienes (lo cual en absoluto ocurrió), se volvió imprescindible bajar las comisiones porque, si no, éstas iban a tragarse dos de cada tres pesos aportados. Para ello se les permitió a las compañías de seguros de vida que no constituyesen reservas sobre los siniestros (invalidez o muerte) ocurridos en el período sino sólo sobre los exigibles, una vez acreditado el derecho a percibir el beneficio, lo cual puede llevar un año o más.
Con aquel ardid se logró un abaratamiento de las pólizas, y así las comisiones totales pasaron a capturar, no el temido 68 por ciento del aporte, sino “sólo” un 45 por ciento. Vale decir que, por cada peso aportado por un trabajador, apenas van en promedio 55 centavos a su cuenta individual de capitalización. Pero el benéfico efecto de aquel cambio metodológico se agota ahora, con lo que las pólizas vuelven a subir. Este ascenso correrá parejo con el del aporte, ya que, mediante alzas escalonadas, para octubre se habrá vuelto al 11 por ciento del sueldo como contribución previsional. Como las comisiones son libres, es previsible que las AFJP tratarán de retornar a los niveles previos a noviembre de 2001.
En el caso de afiliados que hayan interrumpido sus aportes, las Administradoras no pueden cobrarles comisiones propiamente dichas, pero sí la prima del seguro, debitándola del saldo existente en la cuenta del asociado, que es su capital jubilatorio. Ese débito sólo puede ser efectuado si el inscripto realizó aportes en por lo menos 18 de los últimos 36 meses, con lo cual se lo considera un aportante irregular, pero con derecho parcial a los beneficios, entre ellos el seguro. Quien ostente menos de 18 aportes en ese lapso carece de toda cobertura.
De todas formas, en tiempos de extrema crisis laboral, el hecho de seguir deduciéndoles la prima por hasta un año y medio a afiliados que han dejado de aportar ayuda a mantener el tamaño del negocio. Esta es una preocupación central de los conglomerados que explotan el filón de la jubilación privada porque la masa de fondos que captan se ve limitada, no sólo por la desocupación (incluidos los Planes Jefas y Jefes de Hogar) y el ennegrecimiento del empleo (según datos del INdEC, a 2 de cada 5 ocupados no les efectúan descuentos jubilatorios), sino también por los aumentos salariales “no remunerativos” que vino disponiendo el gobierno por decreto.
Algunos expertos advierten, por otro lado, que la Argentina carece de estadísticas serias sobre mortandad que puedan servir de base confiable para los cálculos actuariales, que sirven de referencia para fijarle precio a las pólizas. En el caso específico de las coberturas para aportantes previsionales, el costo del seguro puede ser disminuido por las compañías en los meses siguientes a la presunta licitación si comprueban que lo fijaron en base a estimaciones de siniestralidad que resultaron excesivas. De hecho, esto sucedió algunos años, pero cada vez menos, según constata la Superintendencia. Esta sugiere en un voluminoso análisis del comportamiento del sistema que las compañías de seguros de vida y las AFJP, vinculadas entre sí, pueden “compartir utilidades”. Vale decir: en lugar de trasladarle al afiliado el beneficio cuando comprueban que el costo de la cobertura resulta inferior al previsto, se quedan para ellas con la mayor ganancia.