Uruguay es un destino privilegiado para los argentinos que deciden evadir impuestos y fugar dinero al exterior. Hasta ahora la legislación del país vecino hacía imposible que el fisco y la Justicia argentinos obtuvieran datos de las actividades ilegales de esas personas o empresas. El lunes pasado, los gobiernos de Argentina y Uruguay dieron el primer paso para revertir esa situación al firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria. Cuando los parlamentos de ambos países aprueben la normativa, la AFIP podrá solicitar a su homóloga uruguaya precisiones sobre los distintos activos como depósitos en dólares, propiedades y terrenos, acciones o participaciones en empresas, que posea un contribuyente en el país vecino y no declara en la Argentina. La norma limita explícitamente la posibilidad de solicitar masivamente datos sobre las inversiones o depósitos de argentinos en los bancos uruguayos. Los pedidos deben estar precisamente fundados y responder a una investigación en curso para que se efectivice el intercambio de información. Además, según precisó el ministro de Economía de Uruguay, Fernando Lorenzo, la medida no será retroactiva.

La presión internacional y la necesidad uruguaya para evitar ser señalada como paraíso fiscal fuerzan los cambios en su legislación. En 2009, la firma de doce acuerdos de intercambio de información con distintos países permitió que Uruguay abandone la “lista gris” de países que no cooperan en materia fiscal elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Pero no fue suficiente. El reclamo de la OCDE y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información fiscal, donde participan los miembros del G-20, contempló dos puntos adicionales: impulsar un proyecto para elaborar un registro de los propietarios de las acciones al portador, títulos que emiten las compañías que no llevan el nombre del propietario y son fácilmente transferibles, y, en segundo lugar, firmar acuerdos de intercambio de información con Argentina y Brasil.

Alrededor del 15 por ciento de los depósitos en moneda extranjera del sistema bancario uruguayo pertenece a no residentes y se calcula que el 90 por ciento de esos 1800 millones de dólares pertenece a argentinos. Otras estimaciones que manejan funcionarios locales elevan hasta 2000 millones de dólares los depósitos argentinos en la banca uruguaya. En la mayoría de los casos, esos fondos no están declarados por los contribuyentes y la legislación del país vecino cubre a los evasores, ya que protege su identidad. El país vecino tampoco proporciona información catastral de Punta del Este ni de ningún otro balneario popular entre los turistas argentinos. Esos inversores pagan sus impuestos inmobiliarios en Uruguay, pero en Argentina no abonan lo que les correspondería por bienes personales ni ganancias, por el origen de los fondos utilizados en las operaciones.

Cuando las cámaras de Diputados de ambos países den el visto bueno al acuerdo, la AFIP no estará habilitada para realizar lo que se denomina una “excursión de pesca” para atrapar a evasores, no podrá realizar un pedido generalizado a la DGI uruguaya para que elabore un listado de todos los argentinos que poseen depósitos en un banco de Montevideo. Solamente cuando esos evasores, personas y empresas sean sujetos de una investigación que cuente con evidencia fundada sobre la existencia de depósitos o propiedades en el país vecino será posible efectuar el pedido de información y esperar una respuesta afirmativa de la contraparte.

Si bien distintos especialistas y organizaciones no gubernamentales cuestionan la efectividad de los parámetros de intercambio de información promovidos por la OCDE para limitar los abusos de las multinacionales y los individuos con elevados ingresos sobre los países en desarrollo, en el gobierno argentino destacan la potencialidad del instrumento y ponderan la percepción de riesgo que genera entre los futuros evasores.

Según explicó el ministro de Economía uruguayo, la medida no será retroactiva. Esto no significa que quienes hayan fugado sus dólares o comprado propiedades antes de la promulgación del acuerdo no podrán ser penados por la evasión o el lavado de dinero. Desde la AFIP no ofrecieron precisiones, pero especialistas consultados por este diario consideraron que esa consideración evitará que Uruguay brinde información hacia atrás sobre el flujo de los recursos ilícitos, pero no los libera de informar el estado de las cuentas y los pagos de impuestos de esos contribuyentes argentinos. Lorenzo precisó que el tratado firmado el lunes pasado en Colonia con el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, incorpora un acuerdo para evitar la doble imposición de impuestos entre ambos países.