Rodolfo Barra volvió al ruedo. El ex miembro de la Corte Suprema menemista, también ministro de Justicia, viceministro de Obras Públicas y del Interior durante la década de 1990, será el representante legal de los accionistas minoritarios de Repsol que iniciarán acciones penales contra el país. Barra defenderá los intereses de los españoles frente a la decisión del gobierno nacional de recuperar la petrolera YPF, controlada por Repsol. Estará acompañado en su estrategia por el estudio español Cremades&Calvo-Sotelo. Barra no fue solamente uno de los arquitectos jurídicos e ideológicos de las privatizaciones y el desmantelamiento del Estado, junto a Roberto Dromi, sino también un militante confeso de Tacuara, una organización antisemita creada tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón. Hoy milita en contra del aborto.

El ex polifuncionario menemista definió todo el proceso privatizador como una “nueva relación del Estado con la sociedad”. “Fue la vuelta al sistema capitalista, la revitalización del mercado en contra del burocratismo sofocante, prebendas sectoriales y falta de competitividad”, escribió en junio de 2001.

El ex funcionario ocupó diversos cargos relacionados con el andamiaje jurídico del Estado, aunque se manifestaba contrario a cualquier regulación por parte del mismo. En una columna publicada en el diario Clarín, en noviembre de 1998, sostuvo: “Deberíamos tender más a la desaparición de algunos de los entes de regulación que a su crecimiento, en la medida en que la actividad sobre la que inciden retorne al pleno mundo del mercado. Si no a su desaparición, a su limitación al mínimo posible, ya que en una economía de mercado la regulación nunca debe sobrepasar ese mínimo”. Cuando escribió estas palabras ocupaba el cargo de presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Ironías del menemismo. Antes de terminar su mandato presidencial, Menem lo designó como titular de la AGN.

Esta no será la primera vez que Barra defienda los intereses de particulares (personas o empresas) en contra del Estado. En 1997 se desempeñó como asesor del gobierno –en temáticas relacionadas con las “personas por nacer”– al mismo tiempo que asesoraba a la empresa Siemens, cuando todavía estaba abierta la licitación para la provisión de los DNI. “Mi tarea consiste en verificar que todas las condiciones legales estén ajustadas a lo que se exige”, sostuvo el ex funcionario (La Nación, 30 de diciembre de 1997). Actualmente, esa licitación se conoce como “causa Siemens”, donde se investigan presuntos actos fraudulentos en la contratación de la compañía alemana. Más cerca en el tiempo, representó al gobierno de San Luis en su demanda por la creación del Fondo del Bicentenario (enero 2010). Barra formó parte de la agrupación antisemita Tacuara, denunciada por las organizaciones internacionales B’nai British y la Fundación Simon Wiesenthal.