La informalidad laboral durante el primer trimestre del año fue de 32,8 por ciento, al registrar una baja de 1,4 punto de porcentaje en relación con el mismo período de 2011. Los niveles de trabajo “en negro” todavía están por encima de los mínimos históricos del país, del 20 por ciento en la década del ’80. Según el Ministerio de Trabajo, la baja registrada entre enero y marzo puede explicarse, en parte, por la aplicación de la Ley 26.476, que estipula una serie de multas en caso de que en un establecimiento se encuentre trabajo no registrado. Si los empleadores acceden a la regularización voluntaria, las multas disminuyen considerablemente. De esta manera, el año pasado más de 40.000 trabajadores accedieron a la economía formal.

Por otro lado, la norma contempla una baja en las contribuciones patronales para la creación de nuevos puestos de trabajo. En Trabajo explican que los sectores con mayor informalidad son los servicios vinculados con la construcción en casas privadas, como plomeros, electricistas o gasistas, donde llega al 90 por ciento, seguido por el “trabajo en casas particulares”, con un 83 por ciento, textiles con un 72 y peones rurales, 65.

“Lo importante es que no hubo una pérdida de puestos de trabajo, aunque ahora se hayan anunciado algunas suspensiones. Es significativo el peso que ha tenido la ley que disminuye las contribuciones patronales a cambio de la contratación de nuevos empleados y fija multas en caso de encontrarse informalidad laboral. Cuando los empleadores toman noción del valor de las multas, ahí comienza a revertirse el proceso”, explicó a Página/12 Guillermo Alonso Navone, subsecretario de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social.

La Ley 26.476 fue sancionada en diciembre de 2008. Se la conoció como “ley blanqueo”, pero, en realidad, era un régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado y exteriorización y repatriación de capitales. El capítulo relacionado con el empleo fue prorrogado, vía decreto, el 29 de diciembre del año pasado. La norma estipula que si se encuentra un trabajador no registrado en un establecimiento, el empleador deberá pagar una multa de 5600 pesos. Si un empresario tiene más de la mitad de su planta en negro, las multas se multiplican, incluso pueden cuadruplicarse, en caso de que los “no registrados” sean más de once trabajadores. El año pasado se realizaron 118.000 inspecciones en todo el país.

“Detectamos infracciones en 56.000 casos. Una vez que es detectada la falta, el empleador tiene la posibilidad de regularizar la situación de sus trabajadores. Si lo hace, la multa se reduce a 300 pesos”, agregó Alonso Navone. Los 56.000 casos con infracciones fueron equivalentes a 120.000 puestos de trabajo en negro. De ese total, la cartera laboral logró regularizar de manera inmediata un 40 por ciento (48.000 casos).

La mayor informalidad laboral se registra en los trabajos que se realizan en casas particulares, ya sea en áreas relacionadas con la construcción (plomería, albañilería, gasistas) o quehaceres hogareños. Entre ambos explican el 34 por ciento de la informalidad total del país, según datos del Ministerio de Trabajo.