Desde Los Cabos

Dos de las “instituciones” emblemáticas del capitalismo financiero de impronta neoliberal siguen a salvo de cambios profundos. Los paraísos fiscales y las calificadoras de riesgo pueden respirar tranquilos después de una nueva cumbre del G-20. Los líderes mundiales relegaron a un segundo o tercer plano la importancia de combatir o reestructurar su funcionamiento. El gobierno argentino batalló en la dirección opuesta, pero en las conclusiones de la reunión de presidentes que se realizó esta semana en Los Cabos apenas se mencionó el tema, y en las declaraciones de los jefes de Estado de las mayores potencias no figuró en lo absoluto. Estados Unidos e Inglaterra, principales responsables de la desregulación, no muestran vocación real para atacar esos frentes. Por ahora no ha surgido ningún otro actor de peso que ponga en debate la cuestión. Con todo, las calificadoras de riesgo salieron un poco más afectadas que los paraísos fiscales, ya que en el documento final se insta a los gobiernos a fijarles algunas reglas. No obstante, es lo mismo que el G-20 ya había dicho en cumbres anteriores y hasta el momento no hubo resultados concretos.

Esa falta de avances denuncia que el diagnóstico de quienes tienen el poder en el G-20 no toma en cuenta como una de las causas centrales de la crisis que padece el mundo desde 2008 el rol de la arquitectura financiera internacional. Quienes sí visualizan ese factor como clave son poco optimistas respecto de la posibilidad de encontrar pronto una salida a los problemas. Recién en el punto 49 de las conclusiones de la cumbre –en total son 85– aparece una mención lavada sobre los perjuicios que ocasionan los paraísos fiscales. Está mezclada con otros temas en la quinta línea de un párrafo de diez. Dice: “Damos la bienvenida a los progresos realizados por el GAFI en la identificación y seguimiento de las jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado de dinero. Llamamos a mejorar la transparencia de los vehículos corporativos y a una mayor cooperación contra los delitos fiscales, frente a los riesgos planteados por los paraísos fiscales, así como a un aumento del alcance de la eficacia de medidas” contra el lavado.

El gobierno argentino planteó que los paraísos fiscales son una fuente de desestabilización cada vez más importante, porque hacia allí se canaliza gran parte de la fuga de dinero de los distintos países. En los últimos cinco años se pasó de cinco mil a 59 mil millones de dólares anuales. Islas Caimán, Bahamas, Islas Vírgenes, entre otros, son algunos de los principales, bajo control de la city londinense, que es la que está detrás de ellos y la que se queda con los multimillonarios beneficios. Inglaterra resiste en el G-20 cambios de fondo en este tema porque no quiere perder una fuente de ingresos fabulosa, mientras que otras potencias tampoco empujan lo suficiente porque son sus sectores más pudientes los que utilizan esta vía para evadir el pago de impuestos.

Las calificadoras de riesgo son un engranaje del modelo de valorización financiera. Desde la crisis del Sudeste asiático, hace quince años, hasta la actualidad han fracasado –una y otra vez– en esto de funcionar como un sistema de alarma que pudiera evitar los descalabros. Por el contrario, su comportamiento siempre fue procíclico: acompañaron los procesos de creación de burbujas especulativas, asignando a los instrumentos financieros que los sostenían las mejores notas, y ayudaron a agravar los problemas cuando esas burbujas explotaron, derrumbando las calificaciones. Se ve ahora en España con el mercado inmobiliario, y ocurrió antes con las hipotecas subprime en Estados Unidos. Los ejemplos sobran, pero hizo falta que hubiera países centrales afectados para que el G-20 empezara a tomar nota del asunto.

La declaración final dedica el punto 43 a este tema. “Hacemos un llamado a las autoridades nacionales y a los organismos para avanzar con mayor rapidez en el establecimiento de estándares que pongan fin a la confianza mecanicista en las calificaciones crediticias. Llamamos a fomentar medidas que mejoren la transparencia y la competencia entre las agencias de calificación crediticia”, sostiene. El punto va al fondo de la cuestión en la descripción de los problemas. Sin embargo, las calificadoras siguen golpeando –en esta etapa de tensión global– con bajar las notas a los gobiernos más complicados con la crisis, como Grecia, España o Italia.

La próxima cumbre del G-20 está programada para septiembre de 2013 en San Petersburgo. Recién entonces se podría retomar la discusión sobre los paraísos fiscales. Respecto de las calificadoras, debería haber modificaciones antes de esa fecha, aunque en los últimos años han demostrado cintura para resistirse.