El impuesto a las Ganancias, en su texto, es progresivo, pero en su aplicación no. Eliminar el impuesto sobre los sueldos, como sugiere a veces en su discurso Hugo Moyano, ahondaría las desigualdades. Subir el mínimo no imponible anual antes de las paritarias, como otras veces reclama Moyano, y no después, como ha sido de práctica en los últimos años, no necesariamente ordenaría la discusión obrero-patronal. Y nadie puede asegurar si el porcentaje así determinado por el Ejecutivo actuaría como una referencia, un techo o un piso a las negociaciones salariales. Estas son algunas de las conclusiones, o simplemente reflexiones, que surgen después de intercambiar opiniones e interrogantes con expertos en temas impositivos movilizados por las expresiones del líder camionero, aunque no para marchar junto a él a Plaza de Mayo.

Lo más progresivo que tiene el impuesto a las Ganancias sobre el trabajo personal es su escala. Establece un nivel de ingresos (el mínimo no imponible) por debajo del cual no se paga el impuesto. Para los ingresos superiores, fija una escala de alícuotas (o tasas de impuesto) que empieza en el 9 por ciento y llega al 35 por ciento, que aumenta con el nivel de las remuneraciones.

Lo menos progresivo es que el nivel del mínimo no imponible se actualiza de acuerdo con la discrecionalidad del Gobierno, que puede o no actualizarlo todos los años. Y cuando lo hace, es por un porcentaje menor al aumento de sueldos. De modo que la tendencia es que cada vez es mayor la porción del sueldo que paga impuesto. Y cada vez son más los trabajadores que lo pagan.

Menos progresivo aún es que los peldaños de la escala que fija las tasas de impuesto, que está en pesos, no se actualiza desde 1997 (no es error: desde hace 15 años). Esto quiere decir que, a medida que se actualizan los sueldos, manteniendo un mismo poder adquisitivo (aumento nominal, pero no real), el trabajador va subiendo en la escala y, por tanto, paga una tasa más alta de impuesto.

El salto de peldaño a peldaño es importante: el primer tramo de “ganancias netas sujetas a impuesto” (después de descontar las deducciones) paga el 9 por ciento, el segundo 14, el tercero 19, y los siguientes van en saltos de 4 en 4, hasta alcanzar el 35 por ciento para los ingresos netos de deducciones por encima de los 10 mil pesos mensuales, que hace 15 años representaban una cifra altísima (10 mil dólares, convertibilidad mediante).

La actualización a ritmo pausado de las deducciones ha llevado a que para el año 2011 (para el actual aún no se han actualizado) el denominado mínimo no imponible, que le corresponde a cualquier trabajador, aunque no tenga carga de familia, llegue a 75.168 pesos, que equivale a un sueldo mensual promedio de 5782 pesos (siempre en términos netos). Por encima de esa cifra, sin otras deducciones, sus ingresos son “ganancia neta sujeta a impuesto”. Si en vez de esa cifra recibe en mano 1000 pesos más por mes (13.000 en el año), paga impuestos por una suma fija de 900 pesos más el 14 por ciento sobre los últimos 3000 pesos (420 pesos), totalizando un impuesto anual de 1320 pesos.

Pero supongamos que ésa era su situación en el año pasado, con un ingreso neto de 6782 pesos. Si este año hubiera obtenido un aumento adicional de 2000 pesos en mano (29,5 por ciento), su “ganancia neta sujeta a impuesto” se elevaría ahora a 39.000 pesos, y el impuesto se integraría de una suma fija de 4200 pesos más 23 por ciento sobre los últimos 9000 (2070 pesos), acumulando un impuesto anual de 6270 pesos, que es 4,75 veces el impuesto del año anterior, o 375 por ciento más, frente a un aumento de ingresos de menos del 30 por ciento.

No es que vaya a perder plata o que el impuesto “le coma todo el aumento”, como también suele decir Moyano, pero el impuesto pasa a ser un hecho significativo en el bolsillo del trabajador del ejemplo. Y no es sólo una cuestión psicológica. Si en vez de quedar congelado, el mínimo no imponible aumentara, supongamos, un 20 por ciento entre el año anterior y el actual (pasando, por ejemplo, a 90.200 pesos anuales), su “ganancia neta sujeta a impuesto” estaría ahora próxima a los 24 mil pesos anuales, y el impuesto alcanzaría a (2300 de suma fija más 760) 3060 pesos. El impuesto habría aumentado también en forma significativa respecto del valor del año anterior, de 1320 pesos, porque aunque aumentó el mínimo no imponible, permaneció inamovible la escala de tasas impositivas por nivel de ingresos. Tal como ocurre desde 1997.

Moyano no reclama actualizar la escala congelada hace 15 años, que provocaría un impacto significativo de reducción del impuesto en las categorías más bajas y sería más razonable, y hasta quizá menos resistido. Sus asesores no le procuraron esa alternativa o él no los escuchó. En cambio echa a volar propuestas que provocan más entusiasmo, pero seguramente más desigualdades si se aplicaran. Eliminar el impuesto a las Ganancias sobre trabajadores en relación de dependencia dejaría la carga sólo sobre los que tienen la misma relación, pero encubierta, a través de la emisión de factura y bajo la figura de autónomos. Entre los camioneros son muchos los que están en esa situación, porque ésa es la forma de relación que impone una alta proporción de empresas de primera línea (alimentarias, cerealeras, etc.) con sus transportistas. La propuesta de Moyano los deja de lado, e incluso les agregaría una inequidad adicional respecto de la que ya sufren en relación con los empleados declarados.

Hacer depender la actualización del mínimo no imponible de una decisión arbitraria del Ejecutivo en vez de establecerse una fórmula preconcebida (como lo es hoy el ajuste a las jubilaciones) es otra deformación del sistema. En vez de proponer el cambio de sistema, el líder camionero prefiere la pulseada anual con el Gobierno, en beneficio de la especulación sobre la acumulación política que podría lograr con ello.

Un impuesto progresivo en su concepción puede perder el mérito si se lo aplica con parámetros que se actualizan mientras otros no, o si está sometido a resoluciones discrecionales de la autoridad política. Un impuesto sobre el trabajo personal sometido a la presión de las corporaciones, como la de los jueces o el sector financiero cuyas ganancias siguen exentas, tampoco puede ser calificado como justo.

En su detrimento, además, el impuesto a las Ganancias provenientes del trabajo es el más difícil de evadir, porque su pago al fisco no depende del contribuyente sino del descuento que le practica quien le paga. Tampoco tiene la más mínima posibilidad de maquillar los resultados, como suele ocurrir con los balances empresarios. No se puede “inventar” un hijo para subir las deducciones, como se inventan honorarios pagados al exterior para tratar como gastos deducibles lo que, en verdad, son remesas de utilidades. O se sobrefacturan importaciones y subfacturan exportaciones en operaciones entre filiales de una misma firma. Estas inequidades no deberían ser ajenas a la agenda de una central obrera. Y Moyano no las menciona.