El Gobierno suspendió ayer la vigencia del contrato y los pagos a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que supervisa la ejecución del sistema de la tarjeta SUBE. Así lo anunció anoche el Ministerio del Interior y Transporte a través de un comunicado. La decisión se tomó a partir de la investigación judicial que se enfoca sobre la firma inglesa Global Infraestructure, que participa del consorcio. La Justicia sospecha que se trata de una “empresa fantasma”.

“Frente a situaciones que no están del todo claras, preferimos que el Estado tome las riendas. Hay un proceso judicial en marcha, de modo que se decidió de manera preventiva suspender el contrato y darle traslado a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para que recomiende qué medidas tomar al respecto. También se invitó a la Auditoría General de la Nación para que preste colaboración”, explicaron desde la cartera que encabeza Florencio Randazzo. Aclararon que la tarjeta seguirá funcionando con normalidad.

El fiscal federal Carlos Stornelli citó a indagatoria al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, junto a otros funcionarios de su área, a quienes acusa de presunta defraudación al Estado por la contratación de las empresas que se encargan de supervisar el SUBE. La Justicia adjudica a Global Infraestructure “dudosa credibilidad” y sostiene que no cumplió con los requisitos legales que imponía el contrato. La firma no tendría domicilio fehaciente en la Argentina ni en Inglaterra, entre otras irregularidades. A partir de la suspensión del contrato, las tareas de control quedaron a cargo de un equipo de la cartera de Interior. De la UTE que controla el SUBE forma parte, entre otras empresas, Ingeniería en Relevamientos Viales, que también es contratista del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y participó en el proyecto del Metrobús.