“Hemos hecho una evaluación con respecto a este contrato. Nosotros no somos ni jueces, ni fiscales. Creemos conveniente, y lo hemos conversado con la presidenta de la Nación (Cristina Fernández), la suspensión de la ejecución del contrato, como así también los pagos a esta empresa.” Así se manifestó ayer Florencio Randazzo, ministro de Interior y Transporte, al referirse a la suspensión del contrato de la UTE que tenía por objetivo controlar el funcionamiento del Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE). Por este tema, el fiscal Carlos Stornelli le pidió al juez Julián Ercolini que cite a declarar al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi por haber autorizado la contratación. La investigación está centrada en un posible sobreprecio en la contratación. Por otro lado, el Gobierno también solicitó la colaboración de la Auditoría General de la Nación y la Sigen.

La UTE en cuestión está integrada por las empresas locales Ingeniería en Relevamientos Viales S.A., Iatasa Ingeniería S.A., González Fischer y Asociados, y la inglesa Global Infrastructure S.A., compañía que está bajo la lupa de la Justicia. Las tareas asignadas a la UTE apuntaban al control del montaje y funcionamiento de equipos correspondientes a redes de uso y carga, el control del software y sistemas de comunicaciones para la transferencia de datos, la verificación de procedimientos de gestión de la información, el clearing y la supervisión de la operación del sistema. Ahora todas estas funciones pasaron al Ministerio de Interior y Transporte.

“Esta suspensión es preventiva, ya que quienes van a terminar de decidir sobre este tema son la Sigen y la AGN”, afirmó Randazzo. El funcionario instruyó al secretario de Transporte, Alejandro Ramos, para que suspenda la ejecución del contrato y de los pagos girados a la UTE.

“Es un hecho prudente. Me parece positivo que nos planteen a nosotros como órgano de control, con la posibilidad de llevar a cabo una auditoría, sobre todo porque cuando se sancionó la ley de YPF nos excluía a nosotros para participar del control”, afirmó Leandro Despouy, titular de la AGN, quien aclaró que todavía no está interiorizado en el tema, más allá de las declaraciones de Randazzo.

La UTE fue denunciada en la justicia por haber cobrado “10 millones de pesos más que otra competidora”. Por esta causa, el fiscal Stornelli pretende citar a declarar a Schiavi. Las empresas locales de la UTE publicaron ayer un comunicado en el que manifestaron su disposición a colaborar con “la Secretaría de Transporte, la Sigen y la AGN, para clarificar cada uno de los puntos que sean necesario aclarar”. Además, avisaron que están revisando su vínculo con la firma británica Global Infrastructure, “a partir de la información publicada en el diario La Nación sobre la contratación de personal de apoyo por parte de la empresa británica”. Esta revisión podría desembocar en una disolución de la UTE.

Según la información difundida por los empresarios locales, hasta el momento la UTE testeó equipamientos instalados en 18.448 vehículos automotores, correspondientes a la totalidad de las líneas de colectivos de la región metropolitana. Además se relevaron los 636 equipos operativos e instalados en estaciones de servicios ferroviarios metropolitanos de superficie y de los subterráneos de Buenos Aires y se analizaron 2850 puntos instalados en las redes de carga en superficie y 160 en las redes de carga diferida. El total de operaciones monitoreadas por día asciende a los cinco millones de transacciones.

Más allá de esta denuncia y la suspensión del contrato a la UTE, el SUBE continúa funcionando sin inconvenientes. Los usuarios pueden consultar en el sitio web www.sube.gov.ar los puntos de recarga y adquisición de la tarjeta.