La Corte Suprema de Justicia convocará a una audiencia de conciliación para tratar el reclamo de la provincia de Córdoba al gobierno nacional por una supuesta deuda de la Anses. La cita se fijará para mediados del mes que viene, según trascendió ayer de fuentes judiciales. En el organismo previsional dijeron a este diario que hasta anoche no habían recibido ninguna notificación. El planteo ante la Corte fue formulado por el gobierno de José Manuel de la Sota, quien también consiguió la semana pasada que la Legislatura provincial aprobara una ley para renunciar al Pacto Fiscal vigente desde 1992. La intervención del máximo tribunal buscaría darle una salida política al conflicto, pero esquivaría una resolución de orden jurídico.

El gobierno de Córdoba arremetió contra la Anses luego de dar por agotadas las instancias de negociación con la Casa Rosada. La pelea se inició a fines del año pasado, a raíz de la suspensión de los envíos de fondos del ente previsional a la provincia un año antes. Según De la Sota, se acumuló una deuda de 1040 millones de pesos. Según la Anses, no hay ninguna deuda, porque los giros eran la contrapartida del Acuerdo de Armonización y Financiamiento Previsional, que la provincia incumplió desde 2010.

La Defensoría del Pueblo de la Nación se inclinó ayer por la posición de la Anses. Anselmo Sella, a cargo del organismo, aseguró que el gobierno de Córdoba “no avanzó” con la adecuación del régimen previsional provincial a las pautas nacionales. “En consecuencia, la Anses aplicó una cláusula incorporada al convenio que establece que, en caso de que la provincia no concluya la armonización, la obligación de la Nación de pagar los fondos estipulados para los años 2010 y 2011 pierde toda efectividad y exigibilidad”, apuntó. La armonización pretendía que el sistema jubilatorio cordobés, fuertemente deficitario, tendiera a una situación de equilibrio y, mientras tanto, la Anses cubriría la diferencia. “No veo que haya una decisión política de la Anses de no pagar, sino que hay una imposibilidad legal porque una cláusula expresa del convenio así lo dispone”, afirmó el funcionario.

Sella precisó cuáles fueron los puntos que la provincia no cumplió. Uno de ellos es la fórmula de cálculo del haber inicial. A nivel nacional se utiliza el promedio salarial de los últimos diez años de aportes, mientras que Córdoba computa sólo los últimos cuatro. Cuando se firmó el acuerdo de armonización, la provincia se basaba sólo en el último año. El compromiso era llevarlo a diez años, pero finalmente se plantó en que fueran cuatro. Esto determina que los haberes cordobeses sean más altos que los del régimen nacional.

Otro punto que reclama la Nación es que Córdoba tome en cuenta para definir los aumentos jubilatorios la evolución de la recaudación impositiva provincial, pero en lugar de ello la pauta es el promedio de los aumentos salariales de los trabajadores activos. La provincia paga el 82 por ciento móvil, pero tiene un déficit creciente, que este año llegaría a 1240 millones de pesos. La Anses sostiene que no seguirá tapando ese bache y que la provincia tiene que reducirlo cumpliendo lo acordado con la Nación.

De la Sota, en cambio, interpreta que la Anses es la que está en falta. Por eso recurrió a la Corte Suprema. El máximo tribunal dejó trascender ayer que llamará a una audiencia de conciliación –el ministro Juan Carlos Maqueda, cordobés, habría hecho fuerza en esa dirección–, pero en el gobierno nacional dicen tener un guiño de que no habrá un pronunciamiento jurídico sobre el fondo de la cuestión, sino que se dará el marco para una negociación política. El ministro Raúl Zaffaroni se refirió anteayer al tema en una entrevista de Página/12. “Son conflictos de raíz política –expresó– y habría que discutirlos en una mesa de negociación. El Estado nacional sabe cuál es el estado del Tesoro; nosotros con una sentencia no podemos resolverlo. Parte del arte de la política es la negociación y eso está fallando”, reflexionó.

Esa respuesta no sólo causó malestar en Córdoba, sino también en Santa Fe. “Si no acudimos a la Corte adónde vamos a reclamar, a la Luna”, protestó el ex gobernador Hermes Binner, quien también espera una respuesta del máximo tribunal a un planteo realizado bajo su mandato. En su caso, rechaza seguir cediendo el 15 por ciento de la coparticipación a la Anses para financiar el pago de jubilaciones, como se dispuso a principios de los ’90. Córdoba también avanzó en esa dirección con una ley que aprobó la semana pasada. Al respecto, según el defensor Sella esa renuncia unilateral al Pacto Fiscal es impracticable, ya que es un convenio nacional y cualquier corrección requiere de la intervención de todas las provincias y del Congreso.