El borrador del proyecto de ley de ordenamiento territorial, que generó revuelo mediático y requirió que el ministro de Planificación, Julio De Vido, saliera a aclarar la situación, no supondría, en caso de avanzar, modificaciones regulatorias concretas, puesto que se trata de una ley marco sobre la cual las provincias, en caso de así decidirlo, legislan. El documento, además, cuenta con el apoyo del gobierno nacional, pero no fue éste quien lo confeccionó, sino que es fruto de sucesivas reuniones del Consejo Federal de Planificación (Cofeplan), que agrupa a todos los ministros de Obras Públicas de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, junto a las autoridades nacionales.

Más allá de que una potencial ley nacional no tendría efecto inmediato porque requiere leyes particulares de las provincias –de lo contrario se violarían potestades provinciales–, tampoco se espera que pueda convertirse en un proyecto de ley en el corto plazo. El borrador del Cofeplan aborda la cuestión de la generación de suelo urbano, un elemento de relevancia para resolver la problemática habitacional. Ese déficit, coinciden especialistas, no se resuelve únicamente mediante la construcción de viviendas. Requiere la mejora en el acceso a la ciudad, que termine con la expulsión de los sectores populares de la urbe, además de la mejora en la infraestructura en las villas y asentamientos y el financiamiento para mejoras edilicias.

“Existe un conflicto alrededor del suelo urbano. Por un lado, la ciudad crece caóticamente, es difícil viajar. Hay conflicto por el suelo, la clase media no puede comprar su propia vivienda ni los sectores populares acceden a un lote. Al propio Estado le cuesta conseguir suelo para construir vivienda social. El documento del Cofeplan plantea, en primer lugar, un uso más racional del suelo para que, frente al crecimiento de la ciudad, nadie especule generando una barrera para el ingreso. Por otro lado representa una mejora en términos de equidad, ya que el Estado puede recuperar en ingresos la valorización que de las propiedades hace la obra pública, como por ejemplo el subte”, explicó a este diario María Cristina Cravino, investigadora del Conicet y la UNGS sobre la problemática de la vivienda.

El borrador del “Anteproyecto de Ley Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial” plantea, como directriz general, una serie de iniciativas tendientes a regular la producción de suelo urbano. Permite, por ejemplo, que el sector público recupere plusvalías, lo que supone captar los mayores valores inmobiliarios generados como consecuencia de la inversión pública y, en general, por toda acción externa al propietario. En su artículo 15, otorga potestad al Estado para imponer distintos tipos de usos a los inmuebles de dominio privado declarados ociosos, previa declaración de necesidad pública, mientras que el artículo 18 dispone de un gravamen progresivo en el tiempo a los inmuebles ociosos, imponible a las propiedades que, habiendo sido declarados con la obligación de ser utilizadas, no hayan efectivizado dicha obligación. El artículo 17 propicia al Estado la facultad de definir cesiones de suelo destinadas a la construcción de vivienda social.

El documento también establece que los propietarios contribuyan al fisco por mejoras derivadas de la obra pública y también permite que se compensen deudas con tierra. En relación con las expropiaciones, sólo indica que se trata de “la compra obligatoria de tierra a particulares por parte del Estado” y que “requiere de utilidad pública y compensación monetaria”. Nada muy distinto de lo que plantea la actual legislación general.

“La mayoría de los Estados europeos y de América latina regulan el uso del suelo en función del interés general, como plantea el borrador del Cofeplan. Regular el uso no es lo mismo que afectar la propiedad. El suelo habitable es el que tiene servicios. Como llevar servicios a todos lados genera para cualquier jurisdicción un costo infinito, es importante la cuestión del acceso al suelo urbano”, indicó a Página/12 Graciela Oporto, subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la cartera que encabeza Julio De Vido, que coordina las reuniones del Cofeplan.

“El Estado nacional no puede definir ni instrumentos ni herramientas, son las provincias las que tienen esa potestad. Esta es una ley marco que necesita de leyes provinciales, no tiene ningún tipo de aplicación concreta, define principios que debieran tener leyes provinciales para tener coherencia a nivel país. El documento se puso a debate en foros durante cuatro años y, cuando se decida elevarlo al Congreso, deberá tener el aval de todas las provincias”, aclararon fuentes de Planificación.