La Corte Suprema de Justicia ordenó ayer paralizar la tramitación de la causa que inició en Mendoza el Grupo Vila-Manzano contra Cablevisión y le solicitó al juez federal de esa provincia, Walter Bento, que le remita los originales de todas las actuaciones. También quedó suspendido el trámite que venía llevando adelante por el mismo tema la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que había elevado el expediente a la Corte para que resuelva el conflicto de competencia. El máximo tribunal decidió además disponer la intervención de la Procuración General de la Nación para que opine sobre quién deberá avanzar en el tratamiento del expediente.

En diciembre, los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, dueños de Supercanal, denunciaron ante Bento una supuesta “posición dominante” y “conductas anticompetitivas” del Grupo Clarín, dueño de Cablevisión, en la provincia de Salta. El día 20, el juez dictó la intervención de Cablevisión y dispuso su desguace en 60 días, medida que se intentó poner en marcha sin éxito ese mismo mes.

En enero, el juez salteño Miguel Antonio Medina dispuso el apartamiento de los tribunales de Mendoza y le advirtió al juez Bento que si no aceptaba su criterio sobre la competencia territorial, “lleve el caso a la Corte Suprema de Justicia”. A su vez, Bento fue acusado ante el Consejo de la Magistratura por el allanamiento a Cablevisión. Sin embargo, el 5 de julio el Consejo resolvió que no había motivo para avanzar en ese procedimiento.

Luego de esquivar el juicio político, Bento volvió a dictar este mes una nueva intervención, pero la Cámara Civil y Comercial Federal de la Capital Federal rechazó la competencia de Bento y, por mayoría, resolvió conectar la causa de Mendoza con una similar referida a la Resolución del Ministerio de Economía 113/10 que tramitaba en la misma Cámara y que perseguía “desconcentrar” Cablevisión. Pese a ello, el día 21, el interventor nombrado en diciembre por el juez mendocino, Enrique Anzoize, pretendió ingresar a las oficinas de la empresa amparados en que la Cámara Federal mendocina había avalado al juez Bento, lo que generó la cuestión de competencia que ahora va a dirimir la Corte.