Mié 29.08.2012

ECONOMíA  › OPINIóN

Números, ausencias y promesa

› Por Mario Wainfeld

El organismo se denomina Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (en adelante, le diremos el Consejo). Hay motivos para un nombre tan largo. Fue reactivado en 2004, aunque tiene un recorrido previo, casi siempre frustrante. El mayor logro del Gobierno es su continuidad, enfatizada ayer por las dos representaciones sindicales presentes, por las patronales, por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y por el ministro de Trabajo. Carlos Tomada. Nueve años, con aumentos sucesivos y escalonados que llevaron el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de 200 pesos a 2875, que se alcanzarán en febrero de 2013. Aunque la inflación tiene un impacto grande, que los discursos de cierre soslayaron, el incremento y la continuidad del alza son un blasón del kirchnerismo.

La cifra final estaba cantada, surgía de actualizar el SMVM fijado en 2001 con un 25 por ciento. Este diario lo ponderó en 2880 pesos semanas ha. Es el porcentaje promedio de las paritarias del sector privado, calculado a ojímetro.

La ausencia de Hugo Moyano y sus aliados signó el cónclave y sin duda determinó la liturgia del cierre, en el que hablaron tres representantes del sector empresario y tres del espectro gremial. Dos de la CGT (Antonio Caló y Gerardo Martínez) y el titular de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) afín al Gobierno, Hugo Yasky. Un tramo de sus alocuciones estuvo dedicado al ausente, a quien también “atendió” la Presidenta (ver asimismo nota central).

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En sus primeros encuentros, el Consejo añadía al tripartismo –que es su matriz– el encanto de darle espacio a la CTA. El reconocimiento no alcanzaba al justo reclamo de la personería, pero significaba un magno paso adelante respecto del pasado. Así las cosas, el Consejo comprendía a todas las representaciones institucionales del movimiento obrero. Con las divisiones de la CTA primero y de la CGT, aun sin entrar en las discusiones legales, es cabal que hay ausencias sensibles, que restan representatividad.

Para los que formaron ayer el Consejo era crucial conseguir el quórum, cerrar trato, demostrar coherencia. Y para los actores gremiales evitar que el aumento, demasiado cantado en “la previa” y escalonado, fuera el único producto plasmado por consenso. Tal es la funcionalidad esperada del acuerdo sobre una Comisión tripartita que deberá consagrarse a proponer (de modo no vinculante) medidas contra el trabajo informal, el mal llamado “trabajo infantil” y distintas formas de fraude laboral, como tercerizaciones o abusos de las formas cooperativas.

Yasky la definió como “un salto de calidad” porque se trata de procurar en conjunto achicar la desigualdad entre los trabajadores.

La praxis del Consejo desde 2004 demuestra que sus funciones se fueron constriñendo a la fijación del SMVM, en reuniones anuales veloces. Las comisiones permanentes contradijeron su nombre: funcionaron poco y en forma decreciente. El Consejo tiene otras atribuciones importantes determinadas por ley, algunas específicas como la fijación de una Canasta Básica y otras más generales. Poco se construyó sobre esas relevantes temáticas. Solo una vez en nueve años se llevó a los Plenarios, concentrados en los aumentos de salarios, una moción sobre otra cuestión.

“Nos reuníamos un día o dos, después nos bajaban la cortina”, describe con precisión uno de los asistentes de ayer, que ve con más optimismo el futuro. Contra su esperanza, caben consignar los precedentes: hasta ahora el SMVM fue el alfa y el omega del Consejo, su constante avance y sus límites en trazos gruesos.

A favor de la ilusión juegan necesidades de la etapa. La principal es atacar el trabajo informal, cuyos porcentajes pueden discutirse (la Presidenta lo colocó en el 32 por ciento, cuestionando por primera vez a Gerardo Martínez). Porcentual más o menos, son cruelmente altos y han tenido escasa movilidad en los últimos años. Se consagra una feroz injusticia fiscal: quienes no son beneficiarios de aportes usan gran parte de sus ingresos en concepto de IVA. Y se priva a la “Caja” oficial de ingresos genuinos, merced a la conducta delictiva de las patronales. Las del sector agropecuario son las que baten records en la materia, el NOA y el NEA seguramente las regiones con porcentajes más altos de esa defraudación. Las estimaciones, se reitera, son siempre relativas porque de ilegalidad hablamos, no de datos registrados creíbles.

La demanda de los dirigentes gremiales es la realización de tareas conjuntas, la fijación de metas por período. Tomada se comprometió a que esa tarea se realizará de “forma más proactiva” que funcionamientos previos, un reconocimiento tácito y cortés de las limitaciones del Consejo.

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La ausencia de Moyano fue aludida en las presentaciones finales, aunque todos se cuidaron de nombrarlo. La propia liturgia (seis oradores antes de Cristina Kirchner) seguramente quiso trasuntar un consenso amplio y colectivo.

Antonio Caló, el intermitente aspirante a conducir la CGT antimoyanista, criticó dos veces a los “agoreros” que vaticinaban el fracaso del encuentro por falta de quórum o de acuerdos. Gerardo Martínez (que se ganó otro reto de la Presidenta por convertir el valor del SMVM a su propio dólar “blue”) algo dijo, en su retórica barroca y desordenada. Yasky exaltó el “tripartismo” defendido por Lula y por Cristina en el G-20. Y subrayó que la CTA participó en todas las tenidas anteriores del Consejo aunque en la mayoría votó en contra o se abstuvo.

Cristina, evocando sus tiempos de legisladora que pugnaba en minoría en su propia bancada sin dejar de estar presente, predicó que “nunca hay que vaciar las instituciones”. Fueron colacionados para el líder camionero que durante todo el día desacreditó el encuentro y entrada la noche, su producido.

Los traductores de señales presidenciales tienen material para discurrir y entretenerse con la elección que hizo el Gobierno de los oradores, en especial de los sindicalistas: el todavía sobreviviente Caló, un integrante del grupo de ex “jóvenes brillantes” menemistas llamados ahora “independientes” y Yasky. “Hugo” fue el más citado, de modo positivo, por la Presidenta.

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El Consejo tiene, entonces, una saludable continuidad institucional, números record en términos comparativos con experiencias previas nacionales y una trayectoria constante. El saldo de lo firmado ayer debería ser justipreciado, concuerda el cronista con varios integrantes del plenario, cuando se compruebe cómo y cuánto se avanza en la avanzada tripartita contra el fraude laboral en general y el apodado “trabajo en negro” en particular. Si el anuncio queda en veremos, habrá sido un cónclave desangelado. Si hay progresos, hasta se podrá coincidir con la optimista lectura de Yasky.

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Los dos sectores gremiales tuvieron semanas atrás sendas reuniones con Cristina Kirchner. Ambos reclamaron el aumento del mínimo no imponible para el pago del Impuesto a las Ganancias y la suba (o la supresión) del tope salarial para percibir asignaciones familiares. No son “las demandas de Moyano” sino las de todo el arco del movimiento sindical. La Asignación Universal por Hijo (AUH), enlazada a las asignaciones para trabajadores dependientes, está también devaluada por la inflación, a casi un año del aumento anterior.

En torno de la Presidenta comentan que ésta, como es su norma, ha requerido de la AFIP los cálculos de impacto fiscal de las medidas. Y un esquema de tres posibles porcentajes referidos al mínimo no imponible. Con ese material, deberá resolver si reitera lo que fue rutina de los mandatos del kirchnerismo, con la sola interrupción de 2009, año de honda crisis internacional. En su balanza pesarán de un lado el impacto fiscal y los datos de ya ocho meses de enfriamiento de la economía. A favor, el paradigma keynesiano, la equidad que implicarían las medidas. A criterio del cronista son más relevantes las asignaciones familiares y la AUH que el mínimo vital y móvil (que tiene “mejor prensa”).

Si llegaran esas decisiones, serían reactivantes para la economía, un toquecito para el bolsillo de familias trabajadoras. Y, ya que estamos, la posibilidad de alegar que no es imprescindible el concurso de Moyano para que se mejore la ecuación de los laburantes. Habrá que ver, pues.

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