Entre el 18 y el 21 de septiembre, Miguel Galuccio expondrá en Houston, Texas, el mismo prospecto que ayer presentó en Buenos Aires delineando las expectativas de producción y desarrollo de planes de exploración para los próximos cinco años. Pero en esa oportunidad hará eje, en particular, en la necesidad de asociarse con firmas extranjeras que puedan aportar capitales y conocimiento tecnológico a los proyectos en carpeta. Allí se empezará a jugar una instancia clave del plan. Pero lo que está en juego no es si se conseguirán o no los recursos: lo fundamental será que no se consigan a cualquier precio, repitiendo las concesiones que el país le otorgó a Repsol con los resultados conocidos.

Los medios especializados de Estados Unidos ya recogían ayer, con indisimulada expectativa, la noticia de la visita del CEO de YPF y los encuentros ya programados con las autoridades de Exxon y Apache, dos de las firmas entusiasmadas con la potencialidad del gas y el petróleo no convencional en el subsuelo de Neuquén y Mendoza (formación Vaca Muerta). En círculos económicos locales, en tanto, se recordaba ayer que las primeras conversaciones de los responsables de la YPF recuperada con directivos de Exxon Mobil, Chevron y Cnooc (firma china asociada a Bulgheroni en Bridas) chocaron con el reclamo de éstos de obtener facilidades para liquidar utilidades en el exterior y disponer libremente de los hidrocarburos, además de demandar un horizonte de precios para el crudo y el gas extraído más próximo a los valores internacionales.

La posterior reglamentación de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, a fines de julio, volvió a pasar en limpio la intención oficial en la materia de colocar la producción, la comercialización y demás etapas del producto al servicio del interés nacional. Esta definición se contradice con las exigencias de firmas multinacionales de obtener condiciones para la inversión como las que lograron durante los años ’90. No por nada aquel decreto reglamentario, el 1277, desató un bombardeo de críticas despiadadas, amenazas de fuga en manada de inversores y hasta versiones de un presunto portazo de Galuccio tras haberse quebrado el vínculo con Cristina. La fuente de esa andanada es bien conocida: los sectores de opinión que reclaman volver al statu quo de los neoliberales años ’90.

Ni el plan que expuso ayer Galuccio en la torre de YPF en Puerto Madero tiene puntos de contacto con el programa y objetivos que tenía Repsol para la compañía, ni las reglas que se les fijen a las petroleras privadas pueden volver a ser las mismas que en la etapa anterior, si se busca que los resultados sean distintos.

El “plan de acto impacto” expuesto ayer pone el acento sobre la recuperación de las tareas exploratorias, con un aumento del 150 por ciento en la cantidad de pozos perforados (al pasar de 20 para este año en el plan anterior a 50 en el nuevo) y del 100 por ciento en las inversiones para dicho objetivo (saltan de 130 millones de dólares para este año a 265 millones). Dicha proyección incluye el relanzamiento de la búsqueda de yacimientos de gas convencional, que prácticamente había quedado abandonada en la etapa anterior.

Este plan inicial, denominado “de los 100 días”, incluyó también la incorporación a la actividad de más equipos de perforación en yacimientos (eran menos de 25 en el primer trimestre del año, serán más de 40 en el último) para abrir más pozos de producción sobre áreas ya conocidas (menos de 130 en el primer trimestre, más de 200 en el último). Lógicamente, el objetivo inmediato es empezar a revertir la declinación de la producción verificada en los últimos años. Pero también es una señal clara y expresa de la intención prioritaria de expandir la tarea que YPF desarrolla en el “upstream”, es decir en yacimiento: la de exploración y producción.

“Quiero enviar un mensaje para todo el país pero también para el mundo: la estabilidad financiera de YPF está asegurada”, expresó Galuccio promediando su exposición, respondiendo a comentarios que habían puesto en duda justamente ese aspecto. Y no de una manera inocente, sino buscando establecer condiciones previas a la futura negociación del staff de YPF con las empresas potencialmente inversoras: cuanto más necesitada la primera, mayores concesiones a las segundas.

Galuccio, sin embargo, explicó que la petrolera argentina mantuvo y extendió las líneas de crédito locales, anticipó el lanzamiento inminente de obligaciones negociables (primera prueba de fuego de la nueva YPF en el mercado de capitales) y analiza ampliar el programa de emisión, local e internacionalmente. El CEO anticipó un road-show para comunicar el plan estratégico a la comunidad financiera mundial, mientras estudia propuestas de financiamiento recibidas de bancos internacionales. La única señal de desconfianza fue la exigencia de “aceleración del repago de la deuda” planteado por Repsol, por un monto de 125 millones de dólares “ya cancelado”. “Todos los otros acreedores enviaron waivers (“perdón” o concesión de la extensión del vencimiento de la deuda), cartas de no-aceleración o continúan trabajando con la compañía como siempre”, apuntó.

El plan de negocios de la compañía para los próximos cinco años contempla inversiones por 37.200 millones de dólares, un salto ambicioso no sólo para aumentar la producción de hidrocarburos y combustibles, sino para darle un cambio total de perfil a la petrolera exhausta que dejó Repsol. Vale recordar que hace ya casi una década que la controlante española había anticipado su intención de “desinvertir” en la filial argentina, optando por volcar sus negocios hacia otras zonas donde confiaba en obtener mejores resultados. Es la diferencia esperable entre la lógica de una empresa global y una empresa nacional. La primera mide las utilidades sin reparar en las fronteras. La última puede plantearse objetivos de “interés público” y encarar megaproyectos sin priorizar el resultado económico sino el objetivo físico: en este caso, el abastecimiento, también entendido como “seguridad energética”.

De aquellos 37.200 millones, Galuccio asegura que 32.600 millones necesarios para el plan de inversiones surgirán de “recursos propios” de la compañía. El resto, unos 4600 millones de dólares, sería el aporte que se espera obtener de socios e inversores. El equilibrio que deberá lograr el CEO es presentar un proyecto atractivo para el capital privado, sin resignar “el interés público”. El decreto 1277, y la ley que le da origen, fijan los límites. Galuccio enfrenta el desafío de combinar esos componentes frente a empresas petroleras mal acostumbradas, beneficiarias de las condiciones que posibilitaron el saqueo.