Mar 19.02.2002

ECONOMíA  › PROYECTOS EN DIPUTADOS PARA PONER LIMITES A LOS PRECIOS

“No hay libre competencia”

Aunque recién comienza, la disputa del Gobierno con las petroleras amenaza tener alto voltaje. Parte del enfrentamiento se libró ayer en la Cámara de Diputados. El legislador Darío Alessandro reclamó ayer, mediante un proyecto de ley, que “cualquier aumento en los combustibles deberá contar con la autorización del Poder Ejecutivo”. Sostuvo que la medida se justifica por el alto grado de concentración que tiene la actividad. Es precisamente la condición oligopólica, afirma Alessandro, la que obliga a la intervención de la Secretaría de Energía.
En los días previos a la definición de la retención a las exportaciones petroleras, Alessandro participó junto al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, de las reuniones con los empresarios del sector. Ayer en su proyecto de ley señaló que “cuatro empresas controlan el 85 por ciento del mismo, por lo cual es difícil eludir la acción concentrada de aquéllas”. Para el legislador esto inhabilita a los petroleros a utilizar el argumento de “la libre competencia”.
Precisamente para enfrentar las situaciones oligopólicas, el proyecto contempla que el Ejecutivo recurra a las facultades que le otorga la Ley de Emergencia Económica, que en su artículo 13 autoriza a “regular, transitoriamente, los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores de la eventual disposición de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica”.
También el diputado socialista Héctor Polino afirmó que reclamará en las comisiones de Energía y en la de Defensa de los Consumidores, la citación del actual secretario Alieto Guadagni y de los titulares de las empresas de combustibles. “Se trata de que expliquen por qué en los Estados Unidos el galón de nafta, es decir cuatro litros, cuesta 0,99 centavos de dólar y en la Argentina su costo es de un dólar por litro”, reseñó ayer Polino en la presentación de cuatro proyectos de ley realizados por los legisladores socialistas que de acuerdo a sus propias definiciones “intentan revertir la fuerte transferencia de ingresos de la que se están beneficiando los sectores más acaudalados”.

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