El ex vicepresidente del Banco Central Alejandro Reynal podrá ser investigado por delitos de lesa humanidad vinculados a la liquidación del Banco Latinoamericano, propiedad de Eduardo Saiegh. La Cámara Federal porteña ordenó reabrir la causa que investiga el secuestro del banquero en octubre de 1980 e instó a que se disponga con celeridad la producción de pruebas para determinar un posible levantamiento del sobreseimiento que pesa sobre Reynal. De esta manera, el tribunal hizo lugar a un recurso del damnificado, quien responsabilizó al ex funcionario por su detención.

“Hay suficiente sustento fáctico y normativo para ordenar el desarchivo de este expediente y su acumulación (con una causa más reciente), para que en el marco de ese proceso –con intervención de los tribunales que allí actúan– se investigue si los hechos denunciados por Eduardo Saiegh constituyeron crímenes de lesa humanidad y, concretamente con relación a Reynal, si él (como otros, entre ellos Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Rafael Videla) pudo estar involucrado en aquellos (hechos)”, dice el fallo de la Sala 2, firmado por Eduardo Farah y Eduardo Freiler.

Eduardo Saiegh fue secuestrado el 31 de octubre de 1980 y torturado durante una semana en la División Bancos de la Policía Federal. Según su testimonio, la Junta Militar quería hacerse de la empresa Austral, cuyo principal acreedor era el Banco Latinoamericano. Esta entidad le había otorgado préstamos por siete millones de dólares, y como garantía, los accionistas privados, entre ellos William Reynal, primo del vicepresidente del BCRA, Alejandro Reynal, entregaron en caución los títulos de la empresa. Saiegh fue liberado el 6 de noviembre, mientras que la liquidación del banco se terminó de concretar en enero de 1981.

El nuevo fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal citó un dictamen del fiscal federal Eduardo Taiano, quien había afirmado que, luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, surgían nuevos elementos que permitían sostener que el caso en cuestión “se trata de delitos de lesa humanidad”. Como Oyarbide rechazó este dictamen, la querella apeló ante la Cámara Federal. El fiscal de esta instancia, Germán Moldes, mantuvo el recurso presentado por el fiscal Taiano, proceso que concluyó ahora con la reapertura de la causa. “La Cámara encontró elemento para reabrir la causa y dijo que se puede levantar el sobreseimiento que pesa sobre Reynal si se acumulan las pruebas suficientes. Es clave la reapertura de la causa para que Oyarbide disponga de todas las medidas que hasta el momento venía retrasando, como pedirle a la División Bancos de la Federal los documentos de aquella época, para determinar el secuestro de Saiegh”, explicó a Página/12 Alejandro Rua, abogado querellante.

El Estado está investigando 604 liquidaciones de compañías donde se aplicó una misma metodología: sus dueños fueron obligados a vender por presión, bajo tortura. El caso Saiegh se inscribe dentro de este entramado. El grupo de tareas que se encargaba de presionar a los bancos y empresas funcionaba en la División Bancos de la Policía Federal, que tenía su sede central en el Banco Nación. Angel Iannibelli y su segundo, Héctor Edgardo Cereda, eran los responsables.

La Comisión Nacional de Valores está investigando el accionar de esa entidad durante la dictadura militar. Dentro de los expedientes encontrados, se pudo comprobar la connivencia entre la CNV y el Banco Central en la comisión de delitos de lesa humanidad. La reapertura de esta causa apunta a enjuiciar a los responsables civiles de la última dictadura.