El Gobierno buscará la semana que viene incorporar al listado de enfermedades laborales contempladas por las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) a las hernias, lumbalgias y várices, un antiguo reclamo del sector sindical. La modificación se daría en el marco de un esquema de reparación del daño por accidentes de trabajo, donde tendrán mayor peso las ART, luego de la sanción de la ley sobre el nuevo régimen que el kirchnerismo lograría obtener hoy en la Cámara de Diputados. Ese esquema aumenta los montos indemnizatorios frente a accidentes de trabajo y obliga al trabajador a optar entre recibir la reparación de parte de las ART o por medio de la Justicia civil. La eliminación del “cúmulo” sin afectar el rol de las ART es la principal crítica al proyecto, de parte de la oposición y también de aliados del Gobierno, como Héctor Recalde y la CTA de Hugo Yasky.

La modificación de la Ley de Riesgos de Trabajo (LRT) responde a una necesidad que plantea principalmente el sector patronal. El esquema vigente es un engendro entre la legislación neoliberal de 1995 y las decenas de tachaduras de inconstitucionalidad que firmó la Corte Suprema. La ley del gobierno menemista estableció que ante un accidente de trabajo el empleado sólo pueda reclamar ante la ART, creadas en ese momento, con indemnizaciones exiguas. La Corte Suprema advirtió en 2004 que esos montos eran violatorios de la Constitución y habilitó a que el trabajador acuda a la vía judicial a través del fuero laboral, permeable a esos reclamos porque supone la desigualdad de fuerzas entre el empleado y la patronal, para reclamar por una “reparación integral”. Las empresas se quejan de que esta situación genera “falta de previsibilidad”.

La ley que sancionaría hoy el Congreso modifica sólo en parte ese sistema. Incrementa los montos indemnizatorios, acelera el plazo de pago al trabajador y establece un mecanismo de actualización automática semestral. Según el Ministerio de Trabajo, la suba promedio de las indemnizaciones es del 43 por ciento. Un trabajador de 45 años con un salario de 4 mil pesos, ante una incapacidad del 66 por ciento pasa de cobrar 406 a 628 mil pesos (alza del 45 por ciento). En otro casos, la mejora es menor. Un trabajador de 35 años con un salario de 6 mil pesos pasa a recibir 248 mil pesos, cuando antes obtenía 206 mil pesos, una suba del 20 por ciento. El proyecto también incluye un pago adicional del 20 por ciento en concepto de “reparación integral del daño”.

Sin embargo, impide que en caso de recibir el pago de la ART el trabajador luego pueda presentar un reclamo ante la Justicia, de modo que introduce una opción excluyente entre cobrar por el sistema de riesgos del trabajo y la acción judicial. Además prevé que sea el fuero civil y no el laboral el que intervenga en casos de juicios. En el Gobierno admiten que tarde o temprano algún planteo sobre este punto será aceptado por un juez y llegará a la Corte Suprema, que deberá entonces expedirse acerca de la razonabilidad de las indemnizaciones propuestas.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el 46 por ciento de las acciones judiciales se inician por enfermedades que no están en la lista que cubre la ART, en particular hernias, lumbalgias y várices. Es uno de los principales reclamos del sector sindical. El Gobierno buscará en la próxima reunión del Comité Consultivo Permanente de la Ley de Riesgos del Trabajo, prevista para el lunes, incorporar “por consenso” esas enfermedades al esquema de ART. Participarán Juan Belén (UOM), Marta Ojeda (Uocra), Héctor Recalde y dirigentes de la CTA, junto a representantes de UIA, Cámara de la Construcción, CAME y las pymes de Cgera. El Comité es presidido por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. También se debatirá en ese encuentro sobre la implementación de las ART–Mutual y la modificación de la tabla Baremo, que especifica los porcentajes de incapacidad ante diferentes accidentes.

El proyecto de ley de modificación del sistema de ART generó fisuras en el propio kirchnerismo. El diputado Héctor Recalde consideró “inadecuado” el pago del 20 por ciento adicional en concepto de reparación plena y el traslado de la instancia judicial al fuero civil en lugar de la Justicia laboral, que recibe estas demandas desde las objeciones que la Corte planteó a la ley de 1995. “La ley habla de reparación de daño, es sólo un paso, no es una Ley de Riesgos del Trabajo. El origen del problema es que la ley de 1995 estableció indemnizaciones miserables, las de ahora son generosas”, señalan en el oficialismo.

Más allá de la discusión alrededor del “cúmulo” y el monto de las indemnizaciones, la nueva ley no ataca uno de los problemas de fondo, que es la propia lógica de las ART, cuya tasa de ganancia decrece a medida que suben las compensaciones a los trabajadores, mientras que esas firmas carecen de incentivos para fiscalizar a las empresas porque pueden perder clientes. El proyecto no hace referencia a la prevención de accidentes.

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