La provincia de Buenos Aires no pagará la indemnización cercana a los 200 millones de dólares que le solicitó la empresa Azurix, concesionaria del servicio de agua potable y cloacas, que dejará la concesión el próximo 2 de marzo. En la gobernación revelaron que la provincia “no va a pagar la suma que exige la empresa en concepto de indemnización porque no existe incumplimiento del contrato por parte de la provincia”. Precisaron, además, que en un contrato de servicio público “la empresa no tiene facultades para rescindir unilateralmente el contrato, sino que esta es sólo del Estado”.
Azurix oficializó ayer su rescisión del contrato que la unía con la provincia por 30 años y solicitó 200 millones de dólares en concepto de indemnización. La empresa explicó que la provincia “se hará cargo del servicio, con lo que está garantizada la provisión de agua y cloacas en los distritos que incluía la concesión”. También adelantaron que a partir de ese momento “se abrirá un período de transición para que el gobierno defina si reestatiza los servicios, los privatiza nuevamente o busca otra alternativa”.
Para el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julián Domínguez, “el peor error que se puede cometer es reestatizar el servicio, por lo que doy por descartado de plano que el Estado vuelva a hacerse cargo de ese servicio público”. El Estado provincial tomó hace meses los recaudos necesarios para ejercer la conducción transitoria y garantizar la prestación del servicio. Voceros gubernamentales aseguraron que cuando la empresa se retire “el Estado va a ejercer una conducción transitoria para evaluar en un plazo de 90 a 120 días cuál será la salida para este conflicto”. Manifestaron que durante ese plazo “el Gobierno garantizará la estabilidad de los trabajadores” y descartaron que se llegue a una privatización “como las de la década del 90, porque ya comprobamos que fracasaron”.