Para el santacruceño Ricardo Jaime, reemplazar el viceministerio de Educación cordobés por la problemática Secretaría de Transporte de la Nación resultó un trago más amargo de lo que puede indicar el sentido común. No se trató sólo de sustituir los reclamos docentes por el lobby de empresarios ávidos de defender negocios sostenidos a fuerza de millonarios subsidios estatales. Su arribo al duodécimo piso del Palacio de Hacienda –uno de los tres que ocupa el Ministerio de Planificación– se hizo en un marco de pleito con su antecesor, que lo habría privado de información clave para tomar decisiones urgentes.
Guillermo López del Punta, secretario de Transporte hasta la asunción de Jaime, anhelaba quedarse en el cargo que ocupó durante la gestión duhaldista y desde el que tejió una compleja red de relaciones con los transportistas privados, con el doble fin de contener las tarifas del sector y diluir los amagues de lock-out patronales.
Gran parte de esos acuerdos dieron lugar a muchas de las resoluciones dictadas durante el último año por el ministerio de la Producción, cuyas funciones hoy fueron divididas entre Economía y Planificación. Otros son pactos de palabra que el funcionario saliente celebró con algunas empresas, incluida Transporte del Oeste, a la que le había prometido regularizar el pago de subsidios y facilitar desde el Estado la constitución de una cooperativa de trabajadores. Pero al dejar el cargo, cayó de hecho ese acuerdo y Jaime tuvo que enfrentar la manifestación de los 800 trabajadores de la empresa en la Plaza de Mayo el mismo día de su asunción.
Néstor Kirchner prefirió ubicar en un área muy sensible a un hombre de su confianza. El desafío del elegido resultó mayor aún porque, al llegar a la secretaría, se encontró con discos rígidos casi vacíos de información, expedientes tan bien guardados que no podían encontrarse, y poca gente a la que consultar sobre los temas más calientes: junto a López del Punta emigró un cuerpo de técnicos que conocían el contenido de varias normas inminentes.
El nuevo equipo entró en pánico y exigió a sus antecesores que le ubicaran con urgencia expedientes clave, bajo la amenaza de que serían demandados por falta de colaboración con el Estado. “Yo sólo saqué de las computadoras los proyectos de resolución ya redactados. Si viene un nuevo secretario, le corresponde a él hacer las propuestas”, se defiende Del Punta, artífice de la actual estructura de millonarias subvenciones que cobran concesionarios de trenes y colectiveros.
Esos subsidios han servido hasta el momento para eludir aumentos tarifarios y demandas legales de las empresas para conseguirlos. Pero la subsistencia de este auxilio estatal, así como sus montos y las exigencias para acceder a ellos, es una de las tantas cuestiones sobre las que tendrá que resolver el ministerio de Julio De Vido, después del análisis de Jaime, ex titular de la secretaría de Vivienda en Río Gallegos y ex titular del Concejo Deliberante de la santacruceña Caleta Olivia.
También tendrá que decidir si finalmente el Estado ejecutará obras por al menos 500 millones de pesos que su antecesor y las concesionarias de trenes acordaron como prioritarias para evitar un colapso del sistema ferroviario. Y si la prevista aerolínea estatal es una realidad inminente o fue sólo un sueño que Kirchner alentó en campaña.