El secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, se refirió ayer a la propuesta que le realizó Argentina a la Corte de Apelaciones de Nueva York para tratar de destrabar el conflicto con los fondos buitre. “Lo que se ha planteado no es un nuevo canje sino el procedimiento que debería seguir la Argentina si la Cámara falla bajo el principio de equidad”, sostuvo el funcionario. “Si la Cámara sostiene que se debe pagar igual que a los bonistas, bajo esa hipótesis, el Ejecutivo enviaría una ley al Congreso”, agregó en declaraciones a la agencia estatal Télam.

A fines de 2001 Argentina declaró el “default” de títulos soberanos por poco más de 100.000 millones de dólares y realizó luego las reestructuraciones de 2005 y 2010, en las que logró una quita del 66 por ciento sobre el capital inicial en mora, con una adhesión del 92,4 por ciento de los acreedores. Según un informe de la consultora privada Econométrica, la deuda que no ingresó al canje suma 6600 millones de dólares de capital, que crece a 11.200 millones con los intereses devengados no pagados desde 2002. Unos 1330 millones de dólares de esa deuda están en manos de los fondos que litigan en Nueva York contra Argentina.

El juez neoyorquino Thomas Griesa determinó el mes pasado que Argentina debe pagar a esos fondos de inversión el ciento por ciento de la deuda reclamada, pero esa decisión fue apelada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Argentina solicitó el viernes a la Cámara de Apelaciones de Nueva York que “no rompa el principio de equidad” (pari passu) en relación con los acreedores que sí ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 y por eso se ha mostrado dispuesta a pagarles la deuda a los fondos litigantes bajo las mismas condiciones con las que les paga a los acreedores que adhirieron a las reestructuraciones pasadas.

En caso de que tome en consideración esa propuesta, lo que haría Argentina es ofrecerles a los bonistas que siguen litigando una nueva oportunidad para ingresar al canje de 2010. Este punto es clave porque descarta cualquier posibilidad de negociación con esos bonistas. La intención de la cartera económica comandada por Hernán Lorenzino no es salir a seducir a los que no canjearon con una nueva oferta sino simplemente garantizarles las mismas condiciones que tuvieron quienes ya canjearon, algo que actualmente está vedado por la “ley Cerrojo” que aprobó el Congreso Nacional en febrero del 2005 y reabrió en 2009 por un año cuando se realizó el segundo canje.

Argentina busca con esta propuesta alejar el fantasma del default técnico que se podría producir si la Justicia estadounidense confisca los fondos con los que habitualmente se les paga a los bonistas y los utiliza para cancelar la deuda que el país tiene con los buitres. Para conseguir su objetivo, será fundamental que la Cámara tome la propuesta y la convierta en una sentencia. Es decir, que sea la cámara la que ordene pagarles a los litigantes lo mismo que se le pagó al resto. En ese caso, no habría negociación con los buitres, pues éstos deberían aceptar lo que decidió la Justicia.

Este último punto es central para que el conflicto se solucione, porque los litigantes ya dejaron en claro en dos ocasiones que no están dispuestos a entrar al canje voluntariamente. Algunos analistas venían pidiendo la reapertura del canje, pero lo que hace el gobierno argentino ahora es diferente. Reabrir el canje unilateralmente supondría retomar las negociaciones con un núcleo duro de bonistas que ya dejó en claro en varias ocasiones que no quiere aceptar voluntariamente ninguna oferta menor al ciento por ciento del capital más intereses. Por eso, lo que se hace es poner esa opción como una alternativa de pago a disposición del Tribunal para que sean los propios jueces estadounidenses los que obliguen a los buitres a aceptar el canje a través de su sentencia.

Antes de que la Cámara resuelva, todavía falta que se complete el cronograma de audiencias. El 4 de enero se presentarán las partes no interesadas, como el Fondo Gramercy (que participó del canje 2010 y ahora respalda la posición argentina) y el Banco de Nueva York (agente de pagos de la deuda), entre otros. Recién el 25 de enero será el turno de los demandantes, los fondos buitre encabezados por NML Capital de Paul Singer. Finalmente, el 27 de febrero todas las partes se encontrarán para una audiencia oral y a partir de esa fecha la cámara ya estará habilitada para emitir su fallo.