El Poder Ejecutivo se dispone a recuperar la potestad para autorizar aumentos de tarifas, con el ánimo de poder hacerlo en forma selectiva, segmentación que algunos marcos regulatorios no permiten. El propósito político no es habilitar de inmediato una suba generalizada en el precio de todos los servicios públicos, algo que el propio presidente Néstor Kir- chner descartó de cuajo tanto públicamente como en la intimidad. La intención es avanzar lo antes posible con algunos ajustes selectivos en luz y gas, prestaciones que el Gobierno considera en riesgo de colapso. Roberto Lavagna tuvo un papel protagónico en la definición de esa estrategia, plasmada en un proyecto de ley que está a punto de ser girado al Parlamento.
Con esta iniciativa, la administración de Kirchner intentará conseguir lo que no pudo la duhaldista: autorizar algunas subas consideradas de emergencia, al margen de la renegociación de los contratos. Los intentos que hizo Roberto Lavagna hasta ahora fueron bloqueados por la Justicia, con el argumento de que la Ley de Emergencia Económica sujetó cualquier modificación tarifaria a que se termine la revisión contractual. Esta, a su vez, no puede concretarse sin el aval de los usuarios.
Esas dos condiciones –retocar precios sólo en el marco de un nuevo acuerdo privatizador y someter éste al juicio de los consumidores–, de hecho terminaron abortando cualquier incremento. Por esta razón, el proyecto legislativo en ciernes prevé atajos para salvar esos escollos:
- Se ratificará la potestad del PE nacional para fijar las tarifas sin necesidad de que el Congreso avale esta decisión.
- Entre las atribuciones del Ejecutivo figurará la de “segmentar” las tarifas, es decir, la de autorizar subas diferentes según la categoría de usuarios. La intención es que, por ejemplo, un gran usuario de energía eléctrica o de gas, que en algunos casos tienen ingresos en dólares por exportar, soporten un aumento del que será eximido el consumidor más modesto. Algún funcionario del Ejecutivo –presuntamente Lavagna o De Vido– administraría discrecionalmente un esquema de subsidios cruzados.
Esto es totalmente compatible con la tarifa social, que estaría exenta de cualquier suba y hasta podría beneficiarse con alguna rebaja. Pero, al mismo tiempo, está emparentado con lo que han propuesto las propias empresas proveedoras de electricidad y gas.
- El proyecto contempla la participación de los usuarios en la modificación de los cuadros tarifarios, pero dejando a criterio del Ejecutivo definir a través de qué mecanismo harán oír su voz. Así, en lugar de convocar a una engorrosa audiencia pública, se podría optar por la más discreta fórmula de la consulta on line, en la que todos opinan en la red y la autoridad de aplicación luego decide lo que le place.
- Las renegociaciones de los contratos quedarán ad referendum del Congreso, pero, tal como aclaró ayer el ministro de Economía, con una restricción: los legisladores podrán aprobar o reprobar el acuerdo que se celebre con las empresas, pero no desmenuzarlo y discutir punto por punto. Para renegociar los contratos el Gobierno cuenta con plazo hasta el 10 de diciembre, fecha prorrogable por el tiempo que considera necesario. “Se van a revisar con tranquilidad”, prometió ayer el Presidente. “Evaluaremos contrato por contrato, en atención al interés de los usuarios”, sostuvo el ministro de Planificación Julio De Vido a poco de asumir.
La administración de Kirchner insinúa que aplicará un sistema de premios y castigos que habilite aumentos para aquellas empresas con buen comportamiento en sus planes de inversiones y aceptable calidad del servicio. Pero parte de esta evaluación, en realidad, ya está hecha y por ello hay consenso interno de permitir a generadoras, productoras y distribuidoras de gas y luz aplicar ajustes en sus tarifas.