La misma sala de feria que ayer rechazó los planteos del gobierno nacional es la que, a principios de este mismo mes, decidió suspender los efectos del decreto 2552/12, que disponía la nulidad de la cesión irregular del predio de 12 hectáreas a la Sociedad Rural, con argumentos que precisamente repetían la irregularidad con la que se concretó aquella cesión en 1991. Según advirtiera el abogado Pedro Kesselman en esa oportunidad, la Cámara Civil y Comercial adujo que el terreno en cuestión había “pasado a formar parte del dominio privado del Estado” cuando le fue expropiado a Juan Manuel de Rosas. La realidad es que ese terreno siempre fue parte del parque Tres de Febrero, y como tal perteneciente al dominio público, lo cual inhabilita su cesión en la forma que fue hecha en 1991. Pero el argumento de que no se trata de un bien público, sino de “un dominio privado del Estado”, había sido usado por Carlos Menem, Domingo Cavallo y Eduardo de Zavalía (este último, presidente de la Rural) en 1991 “para justificar el negociado”, según lo recordó Kesselman. En su fallo cautelar, la sala de feria lo hizo suyo. No es la única irregularidad en este proceso, apenas la última.

El 25 de junio de 1874 se crea el parque Tres de Febrero, que incluye el predio de 12 hectáreas que luego se convertiría en centro de exposiciones. El 4 de noviembre de 1875, la Sociedad Rural recibe por primera vez el predio “a título gratuito y por el término de veinte años”, señalado como perteneciente al citado parque. La misma pertenencia es reiterada en cada nueva concesión temporal, desde entonces hasta 1991, cuando el gobierno encabezado por Menem decide ignorarlo para poder perpetrar su enajenación.

El precio “vil” al que se concretó la transferencia, según lo define en sus fallos el juez Sergio Torres, es una cuestión complementaria. El Poder Ejecutivo, con la rúbrica de Menem y Cavallo, le fijó un valor de 30 millones de dólares, 10 en efectivo y el resto a pagar en diez cuotas anuales de dos millones. Según la valuación encargada por la Sigen al Tribunal de Tasaciones de la Nación en el año 2010, el valor del inmueble “al contado y desocupado” ascendía a 63,6 millones de dólares de 1991, el doble. Pero la tasación hecha por un perito de la Corte Suprema dentro de la causa que sigue el magistrado Sergio Torres lo fijó recientemente en 132 millones de dólares, el cuádruple.

Este último valor incluiría el de las instalaciones y edificios utilizados para las muestras que allí se realizan, que son también propiedad del Estado y que existían al momento de la cesión de Menem a De Zavalía. Pero hay una cuarta evaluación, que es la que incluye la alternativa de concretar en el mismo predio un megaemprendimiento inmobiliario y comercial, como el que encaró la Sociedad Rural a partir de 1991, no bien lograda la cesión de propiedad, con Raúl Moneta (ex Banco República, ex CEI), luego con Ogden Rural (ex Aeropuertos Argentina 2000 y explotador de casinos y hoteles en la Triple Frontera y en Miami) y más tarde con Francisco de Narváez. De haberse evaluado, al momento de la transferencia, que ese proyecto era el fin, su valor patrimonial (por lucro potencial) tendría que haberse calculado largamente por encima de los 300 millones de dólares, según estiman las asociaciones de vecinos de Palermo que resistieron el cambio de destino del predio.

Que dicho propósito estaba en la intención de los ejecutores de la cesión perpetrada en 1991 quedó expuesto en varios actos posteriores. Inmediatamente de lograda la cesión del predio, la Sociedad Rural, que lo recibió en su carácter de asociación sin fines de lucro, constituyó una sociedad comercial denominada La Rural de Palermo, precisamente para lucrar con la explotación del predio. Las negociaciones con los sucesivos intendentes de la ciudad para el cambio de codificación del predio –que habilitara el proyecto– tuvo idas y vueltas, pero se mantuvieron siempre activas. Incluso durante la actual gestión de Mauricio Macri.

Según el Código de Planeamiento de la Ciudad, el predio palermitano es una zona de Urbanización Parque, lo cual lo inhabilita para construir edificios comerciales El boleto de compraventa de 1991, en cambio, lo menciona como “inmueble de dominio privado del Estado”, por ello transferible, y le deja a la Sociedad Rural el trámite de lograr su rezonificación. Hasta ahora no pudo. La sala de feria compuesta por los jueces De las Carreras, Medina y Guarinoni está haciendo lo posible para que el sueño no se pierda.