Todavía no terminó enero, y sin embargo ya se prendieron los semáforos verdes ordenando la largada en la discusión salarial del año. Cada cual empieza a mostrar, antes de llegar a la primera curva, qué es lo que tiene para dar pelea. Desde el plano sindical, se agita el planteo de achicar el período de vigencia de los acuerdos salariales a seis meses en vez de un año, para no perderle pisada a la inflación. Es decir, en vez de pelear contra la inflación que corroe el poder adquisitivo, se propone correr detrás de ella para tratar de alcanzarla, acelerando el proceso. Desde las filas empresarias, se proclama que las mejoras salariales deberían estar atadas a la productividad de cada sector. Sólo cerrando los ojos a la realidad se podría admitir esa rigurosidad del planteo, siendo que el sector más productivo de la economía argentina, el agro, no sólo es el que paga los peores sueldos sino que, además, es el que observa la mayor tasa de trabajo en negro. Desde el Gobierno, en tanto, se lanzan señales de preocupación porque uno de los sectores con mayor tasa de ganancias de la economía, el bancario, otorgue aumentos salariales que claramente están por encima de lo que puede llegar a pagar en promedio la economía nacional, con el insólito resultado de preservar las ganancias empresarias.

Algo indica que la discusión no transita, en estos primeros tramos, por la ruta más adecuada.

Por si fuera poco lo señalado, un abanico de sectores de la dirigencia sindical parece dispuesto a condicionar el inicio de la discusión paritaria a que, previamente, se resuelva la cuestión del alcance del Impuesto a las Ganancias sobre la nómina salarial. En forma resumida, plantea que hasta que no resuelva ese conflicto con el Estado no se sentará a negociar salarios con las patronales. La demanda es simple: subir el mínimo no imponible, fijar en un nivel más alto el salario que no esté alcanzado por el impuesto. Según este criterio, los que estén por arriba del mínimo no imponible reclamado, no importan, aunque ellos terminen pagando un impuesto proporcionalmente más alto al incremento salarial que reciban al subir en la escala de categorías, y por lo tanto en la alícuota que pagan de impuesto. Pero los que estén por debajo de la posibilidad de alcanzar el mínimo no imponible hoy vigente, tampoco importan a ese criterio sindical, porque para ellos no hay beneficio en subir el piso del impuesto, pero sí hay perjuicio, y doloroso, en postergar la discusión sobre la recomposición salarial.

Los dos ejes que asoman en medio de este desordenado inicio de la discusión paritaria, suba de precios e impuesto sobre los ingresos personales, merecerían un tratamiento más profundo y comprometido de parte de los distintos actores en escena.

El riesgo inflacionario hasta ahora sólo tuvo como respuesta de cada uno de los participantes de la discusión –sindicatos, corporaciones empresarias y gobierno nacional– distintas variantes argumentales para esquivar responsabilidades y salir individualmente mejor parado en el reparto de consecuencias. No hubo planteos, hasta acá, de cómo combatir la suba de precios en una estrategia que involucre a todos ellos, en su elaboración pero más aún en su cumplimiento.

El problema del Impuesto a las Ganancias que pesa sobre los ingresos del trabajo sólo recibe, como respuesta, planteos sobre cómo y cuánto correr la línea de los afectados, pero no el reclamo de una revisión integral del tributo, fijando objetivos y, a partir de ellos, una reformulación que evite la reedición de la misma discusión año tras año. No es que falten propuestas en uno y otro sentido, pero no provienen de las voces dominantes ni son las más escuchadas.

Cambio de rumbo

Una variante al mal orientado rumbo que adoptó la discusión paritaria 2013 sería, en vez de reclamar “moderación” de las partes, asumir el desafío de profundizar el debate. “Salir por arriba” de este debate sin destino. Hugo Yasky, de la CTA, buscó diferenciarse de quienes advierten, como Hugo Moyano, que no comenzarán las discusiones paritarias hasta que el Gobierno no resuelva el tema del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios. Para el ex titular de Ctera, “las paritarias no deben estar condicionadas al impuesto”, a su criterio “hay que cambiar la ley, terminar con la política de remiendos que nos lleva a discutir todos los años lo mismo”. Pero no explicitó el contenido de la reforma que propone.

“El proyecto existe, pero el Gobierno se negó hasta ahora a discutirlo”, contó a este diario un allegado directo a Yasky, que sin embargo admite diferencias con algún planteo del titular de la CTA. “Lo que propondríamos es un cambio del concepto del impuesto, convertirlo en un impuesto a los ingresos personales, todo tipo de ingresos, y con tasas mucho más progresivas de tributación. Para los ingresos más altos defenderíamos tasas más altas que el actual tope del 35 por ciento. Hay países en los que se llega a cobrar el 50 por ciento para el último tramo. Acá podría fijarse en el 40 o 45. Sería una forma de compensar que los salarios de menos de 18 mil pesos no paguen o lo hagan con tasas muy bajas”, en vez del 9 por ciento o el 14, que son las alícuotas actuales sobre los escalones más bajos de ingresos gravados. La misma fuente indicó que una reforma fiscal encarada en tal sentido buscaría el fortalecimiento de la tributación de los ingresos más altos, pero disminuyendo a la vez el peso del IVA sobre la recaudación y sobre el bolsillo de los consumidores.

Otro planteo sindical contra corriente, que incluso fue formulado en alguna mesa de discusión con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, es apuntar a la firma de acuerdos paritarios de más largo plazo, bianuales por ejemplo, donde no sólo se contemple la suba salarial sino también los compromisos de inversión empresaria (en ampliación de capacidad productiva mediante incorporación de tecnología y maquinaria) y de inversión estatal en infraestructura aplicada a reducir costos de producción (transporte ferroviario, generación y transmisión eléctrica). “En vez de discutir cómo compensamos la inflación, estaríamos combatiéndola bajando costos y aumentando la oferta. En vez de condicionar los aumentos salariales a la productividad, estaríamos generando las condiciones para aumentar la productividad al mismo tiempo de acordar los aumentos de salarios”, sostienen los que defienden la idea.

Serían acuerdos sectoriales, definiendo en cada uno de ellos hasta donde se pueden perseguir objetivos de inversión y los beneficios que resultarían de la inversión pública en infraestructura. No serían todos los acuerdos iguales, ni tampoco serían idénticos los aumentos salariales que se otorguen. “¿Cuál es el problema de que sectores que han tenido una espectacular acumulación de ganancias, como el bancario o el de la industria aceitera, otorguen aumentos muy por encima de la media para otros sectores?”, se preguntan paritarios de otros sectores que descreen de la unicidad de la discusión salarial e, incluso, de la posibilidad de tener una economía argentina funcionando a una sola velocidad.

Podrían sonar como planteos utópicos. Pero frente a los riesgos de estancamiento en el debate a que pueden llevar algunas propuestas como las expuestas al comienzo, valdría la pena considerarlos.