La petrolera Chevron comunicó ayer que todavía no fue notificada de la decisión de la Justicia argentina ratificando el embargo contra sus activos, que dictó en función de la demanda que la empresa estadounidense afronta en Ecuador. La firma adelantó que una vez que estén al tanto de los detalles de la última decisión judicial, “ejercerá todos los recursos legales a su alcance”. Chevron puede pedirle a la Corte Suprema que revea el embargo, aunque deberá antes solicitar autorización a la propia Cámara de Apelaciones para presentar ese recurso. Fuentes de la compañía adelantaron que, a más tardar el lunes, habría novedades.

A partir de la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, a cargo en período de feria, de las juezas Patricia Castro, Patricia Barbieri y Beatriz Cortelezzi, fue ratificado el embargo dictado por Adrián Elcuj Miranda, titular del Juzgado Nacional Civil Nº 61, sobre los dividendos y el 40 por ciento de los depósitos bancarios futuros que recibiera la empresa.

El valor total afectado puede llegar a los 19 mil millones de dólares. Ese monto fue establecido como resarcimiento total por la Justicia de Ecuador, donde tramita la causa judicial que dio lugar a la intervención de los juzgados argentinos. El caso se remonta a la operatoria de Texaco entre 1960 y 1990, que como socio minoritario de Petro-Ecuador, aunque controlante de la operatoria de los pozos, provocó en ese país un desastre ambiental. Chevron compró Texaco en 2001, así que cuando el proceso judicial por esos daños se reabrió en 2003, recaló sobre esa compañía.

Chevron es el cuarto mayor productor de petróleo de la Argentina y sostiene que la condena en Ecuador “es resultado de sobornos, fraude y es ilegítima y no es ejecutable en ninguna Corte que respete el estado de derecho”. La firma concretó recientemente un acuerdo de inversiones para explotar el yacimiento de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. Además de la Justicia de Ecuador, los tribunales de Estados Unidos también fallaron en contra de Chevron.

“Doy gracias a la Justicia argentina. Recibo esta notificación con mucho orgullo y euforia”, dijo desde Quito Máximo Gonzaga, habitante de la provincia amazónica de Sucumbíos, donde se produjo el daño ambiental. “Estamos contentos porque nuestros sueños se están haciendo realidad, se está haciendo justicia”, agregó otro poblador de la zona, Anselmo García. Otros pedidos de embargo fueron presentados en Brasil y Canadá y próximamente se hará uno en Colombia.