El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió ayer una declaración de censura contra la Argentina en rechazo a las estadísticas oficiales y otorgó un plazo de ocho meses para que el Gobierno aplique medidas para alinear la metodología del Indec a los requerimientos del organismo internacional. El foco de conflicto es el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y el cálculo del PBI. El Gobierno salió a criticar fuertemente al organismo. “Este es el mismo Fondo que se muestra complaciente con declaraciones inexactas de datos y con fallidas políticas que condujeron a la crisis global. La lógica es evidente: el desendeudamiento de la Argentina ha sido y es un ‘mal ejemplo’ para el sistema financiero y tiene que ser corregido”, indicó el Ministerio de Economía a través de un comunicado. Anticipó que impugnará la decisión del Fondo. La estrategia oficial contempla además avanzar con el IPC-Nacional, que reemplazaría al IPC-GBA y podría servir para evitar los cuestionamientos.

El FMI “encontró que el progreso de la Argentina para implementar las medidas de remediación, desde la reunión del 17 de septiembre de 2012, no ha sido suficiente”, indicó ayer el organismo. “Como resultado, el Fondo emitió una declaración de censura contra la Argentina. El Directorio solicita al país adoptar medidas para abordar la falta de exactitud de los datos del IPC-GBA y el PBI sin más demora y, bajo cualquier circunstancia, no después del 29 de septiembre de 2013. Las medidas aplicables tienden a alinear estos indicadores con los acuerdos internacionales de estadísticas y pautas que aseguren una medición precisa”, agregó el Fondo.

La declaración de censura surge de la recomendación de la titular del organismo, Christine Lagarde. Esa sanción era la esperada por el Gobierno, aunque el plazo que el Fondo otorgó para aplicar las correcciones podría haber sido de seis meses y no de ocho, como fue en este caso. Lagarde deberá informar al Directorio el 13 de noviembre sobre el modo en que Argentina implementó las medidas que considera pertinentes sobre el IPC y el PBI. “En ese momento, el Directorio reverá este asunto y la respuesta argentina en línea con los procedimientos del FMI”, cierra el organismo.

El Gobierno consideró que la decisión del FMI tiene un carácter “ejemplificador” y que se presenta como un “dogma de fe que no responde a mínimos parámetros en su construcción y argumentación científica”. “Constituye no sólo un nuevo error del FMI sino también un claro ejemplo de trato desigual y de doble estándar. Un FMI que incluso siendo consciente de que sus recetas no funcionan, no se arrepiente”, enfatizó.

La cartera económica aseguró que el FMI “nunca cita antecedentes o referencias a trabajos internacionales similares. ¿Acaso ignora que muchos países modificaron, por ejemplo, la medición del desempleo y que otros han cambiado los productos de su IPC varias veces, e incluso las metodologías de sus mediciones, de forma tal que si se utilizasen las anteriores sus índices serían tres veces superiores a los actuales?”, cuestiona. “Se basan sólo en lo que dicen las consultoras y algunos índices provinciales. pero el rigor de esas mediciones es infinitamente menor que el del Indec”, agrega.

La normativa del Fondo establece sanciones si no se cumplen las advertencias luego de la declaración de censura. En el caso argentino, a fines de 2013, el FMI podría recomendar que el país deje de poder solicitar préstamos. En la práctica, eso no representa cambio alguno respecto de la situación actual, puesto que Argentina desde la cancelación total de su deuda en 2006 dejó de tener un vínculo financiero con el Fondo. Si en el curso de los seis meses posteriores al corte del envío de créditos, que para el caso argentino sería después de mediados de 2014, el país no adoptó las correcciones solicitadas, el Fondo puede suspender el derecho a voto del país. Un semestre después, a principios de 2015, si Argentina no aplicó las medidas, “el director ejecutivo puede iniciar los procedimientos para la expulsión del FMI”, indica el organismo.

Más allá de las cuestionadas estadísticas del Indec, cuyo IPC guarda escasa relación con el ritmo de aumento de otras variables como los salarios o la recaudación, la Argentina mantiene una relación conflictiva con el Fondo por haber aplicado en estos últimos años medidas que van a contramano de las recetas del organismo. “Curiosamente, Argentina es el mismo país que durante los ’90 el FMI presentaba como el mejor ejemplo de modelo económico, ese que terminó con la más grave crisis en la historia del país. La política de endeudamiento que propone el FMI termina en un círculo vicioso de exclusión social, empresas quebradas y desocupación como la que hoy se ve en varios países de Europa”, fustigó el Gobierno.

A partir de 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner canceló la deuda, Argentina dejó de aceptar la revisión anual de la economía prevista por el artículo IV, el único caso de este tipo dentro del G-20. La última “auditoría” en el país, en 2005, pedía elevar el superávit fiscal hasta el 4,5 por ciento del PBI, revaluar la moneda, recortar subsidios, acordar con las privatizadas y eliminar las retenciones a las exportaciones. Terminaba advirtiendo que de no cumplirse tales medidas, el crecimiento se detendría y Argentina volvería a caer en default. Así como destacaba en 2001 la fortaleza de la convertibilidad y elogiaba a los bancos antes de la caída de Lehman Brothers, las previsiones del Fondo no se cumplieron.