Producción: Tomás Lukin

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Igualdades

Por Sandra Guimenez* y Paula Aguilar**

Circula en las redes sociales una suerte de esquema que contrapone la igualdad que estaría configurando el “modelo Nac & Pop” (así titula el folleto), versus una propuesta a ese modelo que emana de quien armó el anónimo bosquejo bajo el título “¿No sería mejor así?”.

¿Qué se contrapone en el folleto? A dos sectores sociales que podríamos encuadrar dentro del universo de pobres y vulnerables: beneficiarios de planes y subsidios por un lado, y a empleados y trabajadores autónomos por el otro. Las viñetas muestran en todos los casos un grupo familiar (matrimonio y un hijo) sobre los que se indican las ventajas y desventajas que enfrentan.

A los primeros se los coloca en el lugar de objetos clientelares de las políticas oficiales, que reciben planes (los varones), vivienda, bolsones de alimentos, netbooks y Asignación Universal por Hijo (las mujeres) a cambio de no pagar impuestos ni servicios y cuyo único trabajo consistiría en asistir a los actos del Gobierno. A los segundos se los coloca en el lugar de trabajadores que cobran el salario mínimo por 12 horas diarias de trabajo, que viven en una casa alquilada y que no reciben ninguna política pública. En el caso de las mujeres “tienen que trabajar porque no alcanza el sueldo de su esposo”.

Los primeros no trabajan, son “mantenidos” del modelo Nac & Pop a cambio de rédito político, y los segundos son trabajadores que no son premiados por ello, sino castigados al recibir malos servicios públicos y no tener netbooks por “no poder pagar la cuota”. Por lo tanto, se indica, no habría igualdad porque dichos grupos quedan desparejos respecto de lo que dan y reciben; incluso, quienes más “pagan” (léase, al Estado) menos recogen. Queda claro, que, para quien armó este bosquejo, los derechos se escinden de su efectivo cumplimiento convirtiéndolos en dádiva, y la “igualdad” puede reclamarse sólo entre quienes menos tienen. Omisión importante en la representación de la sociedad: los que más tienen no figuran.

¿Qué se propone para igualar? Que unos y otros accedan a un trabajo estable, que las mujeres puedan quedarse en sus casas si así lo desean, que saquen crédito hipotecario si lo prefieren, que paguen impuestos y puedan elegir la netbook por sí mismos y que con su salario puedan ahorrar, invertir o irse de vacaciones.

¿Qué no mira esta propuesta? Que la sociedad incluye otros sectores además de los más pobres, es decir, lógicamente incluye a los más ricos. Y por lo tanto, la igualdad o la mayor cercanía a ella debe establecerse como resultado de un arbitrio entre los distintos sectores sociales, requiriendo que quienes más tienen aporten más a la sociedad para emparejar las desigualdades de origen.

¿Qué no dice esta propuesta? El esquema intenta acercar una idea de igualdad que empareja absolutamente a todas las personas frente al mercado y a su decisión de elegir qué hacer con su ingreso y con sus vidas. Esta idea de igualdad esconde o desconoce que desde mediados del siglo XVIII la vida social, política, económica, cultural, se desenvuelve bajo los términos del sistema capitalista, y que este sistema implica per se desigualdades de condiciones de producción y reproducción de la vida. Que la única condición que nos iguala a todos y cada uno de nosotros es que en los términos de este sistema no existe como tal la posibilidad de “elegir”: no elegimos el lugar social donde nacemos, y por lo tanto esa desigualdad de origen acompaña nuestro derrotero a lo largo de la vida. Por ello, la situación más común en el sistema capitalista es que quien nace pobre continúe siéndolo toda su vida, o que a lo sumo logre mejorar un poco sus condiciones de vida, y que quienes nacieron ricos continúen siéndolo y que incluso multipliquen sus riquezas.

Y dada dicha desigualdad de origen, resulta necesario que el Estado actúe como regulador en la disputa social por la distribución del ingreso, inclinando la balanza hacia el lado de quienes menos tienen.

En nuestro país se han llevado a cabo diversas políticas en los últimos años que tienen como objetivo reparar los derechos económico-sociales y político-culturales que fueron vulnerados en los últimos treinta años bajo las políticas neoliberales. La Asignación Universal por Hijo, la política de vivienda (que aún es insuficiente), o la entrega de netbooks no son más que avances en esa reparación que merecen los sujetos que fueron esquilmados y que sufrieron las implicancias y resultados de aquellas políticas, y un pasito al que le faltan muchos más, hacia aquello que una sociedad igualitaria podría ofrecer a todos sus integrantes distribuido de la manera más equilibrada posible.

* Socióloga, doctora en Ciencias Sociales, UBA.

** Socióloga, UBA / Centro Cultural de la Cooperación.

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Límites del neodesarrollismo

Por Equipo de Economía Política del Cecso *

El proyecto neodesarrollista en la Argentina atravesó dos grandes etapas. En el primer lustro se produjo un proceso de recuperación productiva y distributiva, en que el Estado recuperó su capacidad hegemónica reconstruyendo la legitimidad del proceso social de acumulación de capital. Con contradicciones, las clases dominantes recrearon las expectativas de un desarrollo capitalista “exitoso”. Ese proceso comenzó a encontrar sus límites a partir de 2007: el proceso de recuperación industrial se frena (la participación de la industria en el PBI se estanca), la inflación elevada comienza a estancar el progreso de los ingresos populares y las dificultades del Estado para avanzar en la democratización del acceso a los recursos económicos se hacen manifiestas. A pesar de algunas medidas económicas importantes (reestatización del sistema previsional, Asignación Universal por Hijo), el “modelo” muestra su incapacidad de combinar la acumulación de capital con una inclusión social creciente (límites a la negociación salarial, persistencia de una política tributaria regresiva).

El modelo de crecimiento basado en la extracción de las riquezas naturales (minería, soja, hidrocarburos) y el control del gran capital transnacional impide avanzar en un proceso de industrialización que produzca bienes y servicios de consumo popular y reduzca el número de puestos de trabajo no precarizados. Por un lado, esa política supone concentrar los recursos económicos (y las ganancias) en la producción para la exportación (y ramas vinculadas), negando la posibilidad de dedicar suficientes recursos a la producción para el consumo popular. Por otra parte, la mayoría de las ramas industriales busca mantener su competitividad sobre la base de la precarización del empleo y sosteniendo una política inflacionaria para devaluar los salarios. En una economía excesivamente abierta y ubicada como proveedora de insumos para potencias industriales periféricas (Brasil, China e India), la reindustrialización se bloquea.

Este proyecto de desarrollo es enmarcado en el plano ideológico a través de la construcción discursiva de una nueva alianza nacional-popular que busca defender esas bases estructurales. Ante la ausencia de la arquetípica burguesía nacional, esa alianza tiene como actor privilegiado al gran capital transnacionalizado (GCT) que –junto a un pequeño grupo de capitalistas “nacionales” amigos– son apoyados con subsidios, exenciones impositivas, obras de infraestructura, una política exterior y de integración funcional a sus intereses, etcétera. El pueblo aparece como actor secundario, siendo convocado a apoyar, sin participar en su ejecución ni diseño, un proyecto de desarrollo que subordina la inclusión social a las necesidades de la acumulación.

Las fuerzas políticas dominantes otorgan primacía al GCT como agente dinámico. Esa es la principal traba para desarrollar un programa de inclusión social radical que suponga la participación popular activa en la democratización de la producción y apropiación de la riqueza social.

Ese programa supondría al menos tres reformas –en el contexto actual– revolucionarias. Primero, avanzar en una reforma impositiva que comience por gravar la renta extraordinaria minera, sojera, hidrocarburífera y financiera, en particular aquella apropiada por el gran capital transnacional. Esa política debería ir acompañada de eliminación de los subsidios al gran capital y una reforma en el impuesto a los ingresos (“ganancias”) que desgrave los salarios y aumente la carga global sobre las grandes rentas.

Esa reforma permitiría avanzar en el segundo pilar del programa que supondría concentrar la inversión pública en obras de infraestructura ligadas a los servicios públicos de consumo popular (transporte, energía, hospitales, escuelas) y la reconstrucción del hábitat urbano en los barrios populares. Este cambio en la política fiscal permitiría promover la producción masiva de bienes y servicios de producción nacional destinados a la satisfacción de esas necesidades populares.

En tercer lugar se debe avanzar en un proceso de reformulación de la inserción regional y global del país, privilegiando una integración de base cooperativa, complementaria y equilibrada (tipo ALBA) en lugar de una asociación subordinada al subimperialismo brasileño y chino. El cambio en la política fiscal y la estrategia de integración permitirían avanzar en un proceso de industrialización orientado a la satisfacción de las necesidades populares.

Avanzar en un proyecto de desarrollo incluyente requiere alterar las alianzas sociales hoy dominantes, para ubicar los intereses del pueblo y su participación activa como eje director de un programa de redistribución radical de la producción y apropiación de la riqueza.

* Centro de Estudios para el Cambio Social. Correo electrónico: [email protected]