A través de su cuenta de Twitter, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó ayer la inhabilitación de las agencias como Standard & Poor’s para seguir actuando como calificadoras de riesgo, después de la demanda en Estados Unidos contra aquélla bajo la imputación de “haber engañando conscientemente a inversores” ortorgándoles altas calificaciones a productos financieros de altísimo riesgo. “Algo parecido a los bonos argentinos a punto de ser defaulteados en el 2001; y bancos, entre otros italianos, engañando a jubilados”, comparó la jefa de Estado, para concluir más adelante (varios tweets después): “La inhabilitación a las calificadoras impide que sigan estafando y engañando al mundo”.

La denuncia formulada a última hora del lunes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que S&P “defraudó” a los inversores que confiaron en sus altas calificaciones para los bonos hipotecarios. La presentación sostiene que dichas notas fueron “deliberadamente infladas” por la agencia calificadora con el afán de obtener un mayor lucro. Las colocaciones de títulos a los que se refiere la demanda fueron realizados entre 2004 y 2007, es decir, en los años previos a la crisis en la que colapsaron los bonos vinculados con cédulas hipotecarias. “Esta conducta es indignante y está en el centro de la crisis financiera”, afirmó el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, al presentar la demanda.

“En cada ataque a la moneda de un país, se llevaron ganancias para pocos en perjuicio de ciudadanos de a pie”, agregó ayer en las redes sociales Cristina. “La inhabilitación para actuar como calificadoras debería ser la verdadera y más efectiva sanción, porque siguen actuando, calificando deuda de países soberanos, Bolsas y mercados”, agregó. Standard & Poor’s, junto a sus colegas Moody’s y Fitch, son las agencias a las que se les “confía” la calificación de los bonos de deuda soberana y, por lo tanto, son las que definen a diario el “riesgo país” de esos deudores.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos le reclamará, al menos, 5000 millones de dólares a S&P como resarcimiento por el perjuicio causado. A partir de esa cifra, la presidenta de la Nación comentó en su Twitter que “parece una suma importante, y lo es, pero comparada con los cientos de miles de millones con que los tesoros de Estados Unidos y Europa fondearon bancos, resulta casi irrisorio”.

Sugiere de inmediato pensar “en los millones de ciudadanos de USA y Europa que han perdido sus casas, sus empleos o, peor aún, ambos a la vez. No tiene precio, es la tragedia de las sociedades contemporáneas”. Se pregunta luego, y responde: “¿Qué más entonces? La inhabilitación para actuar como calificadoras debería ser la verdadera y más efectiva sanción”.

La denuncia oficial contra una de las calificadoras emblemáticas por las maniobras con los títulos de deuda pone en primer plano el debate sobre el origen de la crisis financiera, que luego devino económica y hoy, en territorio europeo, política. Por otro lado, deja a la luz el manejo que se les daba a los derivados financieros y cómo determinadas instituciones del sistema –en este caso, las calificadoras– eran funcionales al enriquecimiento por vía de la especulación, quitándole recursos (financiación) a la actividad productiva.

Los CDO, derivados financieros que S&P promovía otorgándoles altas calificaciones de confiabilidad, se constituían a partir de las hipotecas que se hacían sobre la venta de propiedades a crédito (por el ciento por ciento del valor) que adquirían, a veces, compradores sin capacidad de pago de las cuotas comprometidas; otras, ahorristas que especulaban con la valorización de la casa, suponiendo que la suba del valor de las propiedades de comienzos de la década pasada continuaría para siempre. Así, podían llegar a comprar varias casas a crédito, que se suponía que se pagarían a sí mismas por su revalorización, dejando una buena diferencia a su favor.

En el medio, entidades financieras informales se ocupaban de captar la mayor cantidad posible de ventas hipotecadas, porque ése era su negocio. Juntaban las hipotecas y las entregaban a bancos vinculados, que se las compraban (dándole el dinero con el que financiaban las compras de propiedades) para constituir con “ese paquete” fondos de inversión o CDO, que S&P y otras calificaban como inversiones confiables, para venderlas en el mercado a mejor precio. Así, todos los intermediarios lograban hacer buena diferencia y, si el primero en la cadena fallaba (el comprador de vivienda insolvente o especulador), el problema era del último eslabón (el incauto ahorrista comprador del CDO). Y un día sucedió. No con uno, sino con todos a la vez. Es lo que se conoce como el estallido de la burbuja hipotecaria.

La demanda contra S&P en Estados Unidos señala que esta agencia –como otras, vale agregar– “concibió y ejecutó un sistema de calificación de riesgo para engañar a los inversores”. Quienes les pagaban a las calificadoras para poner la nota eran las mismas instituciones que la emitían, por lo tanto pagaban para que la nota fuera alta. Las calificadoras disputaban, a su vez, entre sí para captar a los principales clientes, ofreciendo mejores notas que su rival. Claramente, había un conflicto de intereses, pero nadie reparó en eso y las calificaciones de riesgo de las tres grandes siguieron siendo palabra santa para el mercado.

Argentina sufrió los perjuicios de las malas calificaciones de estas agencias, que fueron responsables principales de la crisis, pero no las únicas. En su último tweet sobre el tema, Cristina se preguntó ayer, “¿Y el FMI dónde está?”.